Gecen denunciará los incumplimientos de la Directiva Marco del Agua
No faltaba agua, sobraban proyectos urbanísticos
La burbuja infraestructural hídrica ha estallado a la par que la burbuja inmobiliaria, dejándonos la herencia millonaria de dos desaladoras sin uso conocido y que únicamente han servido y sirven de herramienta de dilapidación de dinero público.
Como hemos denunciado desde que se planteó el trasvase del Ebro, sin trasvase y sin desaladoras la provincia carece de problemas de suministro de agua para la agricultura que no puedan ser abordados y subsanados con políticas hídricas sostenibles de lo más convencional.
Plantear ahora de nuevo el trasvase es como plantear de nuevo la construcción de un aeropuerto en Castellón, ejemplo de burbuja infraestructural insostenible a la cual hemos de aportar religiosamente una parte significativa del escaso caudal de dinero público para no se sabe qué.
Una infraestructura, el trasvase, insostenible medioambientalmente y que no es para los agricultores como se ha demostrado sino para campos de golf y PAIs cuya defensa política aún parece que aporta rendimiento electoral. Si la agricultura castellonense está en situación de ruina sistémica no lo es por la falta de agua.
La Directiva Marco del Agua señala que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal.
Prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales, lograr que estén en buen estado químico y ecológico a más tardar a finales de 2015, y reducir la contaminación debida a los vertidos y emisiones de sustancias peligrosas; proteger, mejorar y restaurar la situación de las aguas subterráneas, prevenir su contaminación y deterioro y garantizar un equilibrio entre su captación y su renovación; preservar las zonas protegidas y los ecosistemas y hábitats dependientes del agua, etc. son obligaciones legales de los países miembros en aplicación de la Directiva.
Las afecciones medioambientales severas que contempla el trasvase del Ebro no respetan la normativa y es la antítesis de lo que hay que hacer.
La promoción de los usos sostenibles del agua es una asignatura pendiente que dista mucho de ser una realidad y más cuando observamos la cantidad de hectómetros cúbicos de los humedales que se bombean al mar o el agua de las depuradoras, cuando las hay, que tienen ese mismo destino.
La burbuja infraestructural hídrica ha estallado a la par que la burbuja inmobiliaria, dejándonos la herencia millonaria de dos desaladoras sin uso conocido y que únicamente han servido y sirven de herramienta de dilapidación de dinero público.
Como hemos denunciado desde que se planteó el trasvase del Ebro, sin trasvase y sin desaladoras la provincia carece de problemas de suministro de agua para la agricultura que no puedan ser abordados y subsanados con políticas hídricas sostenibles de lo más convencional.
Plantear ahora de nuevo el trasvase es como plantear de nuevo la construcción de un aeropuerto en Castellón, ejemplo de burbuja infraestructural insostenible a la cual hemos de aportar religiosamente una parte significativa del escaso caudal de dinero público para no se sabe qué.
Una infraestructura, el trasvase, insostenible medioambientalmente y que no es para los agricultores como se ha demostrado sino para campos de golf y PAIs cuya defensa política aún parece que aporta rendimiento electoral. Si la agricultura castellonense está en situación de ruina sistémica no lo es por la falta de agua.
La Directiva Marco del Agua señala que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal.
Prevenir el deterioro, mejorar y restaurar el estado de las masas de agua superficiales, lograr que estén en buen estado químico y ecológico a más tardar a finales de 2015, y reducir la contaminación debida a los vertidos y emisiones de sustancias peligrosas; proteger, mejorar y restaurar la situación de las aguas subterráneas, prevenir su contaminación y deterioro y garantizar un equilibrio entre su captación y su renovación; preservar las zonas protegidas y los ecosistemas y hábitats dependientes del agua, etc. son obligaciones legales de los países miembros en aplicación de la Directiva.
Las afecciones medioambientales severas que contempla el trasvase del Ebro no respetan la normativa y es la antítesis de lo que hay que hacer.
La promoción de los usos sostenibles del agua es una asignatura pendiente que dista mucho de ser una realidad y más cuando observamos la cantidad de hectómetros cúbicos de los humedales que se bombean al mar o el agua de las depuradoras, cuando las hay, que tienen ese mismo destino.
