Oropesa del Mar plantea una solución urbanística para la apertura al uso público de la calle Torrepaquita

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado la propuesta de acuerdo para la gestión directa del Programa urbanístico para el desarrollo de la Actuación integrada calle Torrepaquita, a través de la cual el Equipo de Gobierno que preside Rafael Albert persigue la resolución del problema que desde los años noventa existe en esta zona del municipio, ubicada en primera línea de playa accediendo desde el Paseo Marítimo de La Concha. Así lo han respaldado los votos de PP y GIO, mientras que el PSOE ha votado en contra, absteniéndose BLOC-Compromís y el concejal No Adscrito.

Se trata de un vial que en el momento de desarrollarse la Urbanización Portomar en este sector del Plan General de Ordenación Urbana vigente no se cedió, pese a la concesión de cédulas de habitabilidad, lo que con el paso del tiempo se convirtió en un problema, al considerarse un vial privado por los residentes, motivo por el que fue cerrado al tránsito de vehículos y peatones mediante una puerta. Eso ha sido motivo de fricción con los residentes de la urbanización Mar de Oropesa, que no pueden acceder a través de este vial a sus viviendas. Esto ha llevado al consistorio a la búsqueda de una solución, al existir una sentencia judicial que da la razón a Portomar en su postura de considerar privado el vial, al no existir cesión al ayuntamiento.

Ahora, el Equipo de Gobierno plantea la urbanización de esta calle, con un coste de 321.000 euros que será repercutido a los propietarios en base a cuotas de urbanización, de los cuales el consistorio adelantará 115.000 euros en concepto de gastos de honorarios de técnicos externos para la redacción del proyecto, la previsión de un 10% de impagos en las cuotas futuras y el 50% del coste de inscripción en el registro.

Se da el hecho de que todos los partidos que actualmente cuentan con representación municipal –excepción hecha de BLOC-Compromís-, han tenido responsabilidad de gobierno desde que se iniciara en 1991 este problema, que se ha prolongado a lo largo de 23 años sin solución.

Para el concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, la propuesta del ejecutivo local tiene un objetivo claro, hacer lo posible para recuperar la titularidad pública del vial para que pueda ser usado por todos los vecinos, para lo que aseguró haber tendido puentes de diálogo con la comunidad de propietarios, manteniendo reuniones y enviando 200 cartas personales explicando la posición del consistorio. Fabregat reconoció que después de que en 2009 se retirase la valla que impedía el paso a personas ajenas a la urbanización, una sentencia judicial obligó a reponerla en 2013, aunque considera que el ayuntamiento no puede quedarse quieto, ya que los vecinos de Mar de Oropesa tienen derecho a utilizar ese vial. Por ello se plantea una urbanización del vial, “para cumplir la normativa actual”, realizando esta actuación para dar legalidad a la cesión del uso a través de un acuerdo de mínimos. Ante todo, Fabregat defiende que la decisión se adopta con informes técnicos favorables.

Para ejecutar este proyecto por Gestión Directa el consistorio ha habilitado una partida de 115.000 euros a través de una modificación de créditos con cargo al remanente de tesorería, que fue aprobada con los votos de PP y GIO, absteniéndose BLOC-Compromís y votando en contra el PSOE y el concejal No Adscrito, Pascual Navarro.

Sobre el tema de fondo, la actuación urbanística en la calle Torrepaquita, Pascual Navarro coincidió en el beneficio que supone la apertura al uso público de un vial que ahora es privado, pero observó problemas en la propuesta, la cual criticó que no se le hubiera dado más tiempo para poder estudiar a fondo y obtener información complementaria dado el carácter de urgencia de la convocatoria de pleno.

Navarro planteó que se trata de un problema vecinal, en el que unos vecinos quieren usar el vial o otros lo consideran propio, existiendo una sentencia favorable sobre esta cuestión que obligó al consistorio a reponer la puerta que retiró. Del mismo modo, el edil aventuró que esta cuestión volverá a acabar en los tribunales, por lo que no le pareció razonable utilizar la imposición para solucionar el problema.

Pos su parte, el portavoz del PSOE, Fernando Domínguez, señaló que se trata de un error concatenado en el que la postura municipal es equivocada desde el principio, ya que se debería haber obligado a abrir el vial desde la concesión de la primera licencia de construcción, siendo que por el contrario, ha existido un uso privado con el consentimiento municipal. Por ello invitó a reconsiderar la estrategia a seguir “porque ser alcalde o concejal de urbanismo no te da la razón”, de modo que instó al diálogo en la búsqueda de una salida al problema “escuchando más a los vecinos”.

Domínguez calificó de “curioso” el instrumento urbanístico elegido para solucionar este problema, planteando serias dudas sobre lo receptivos que serán los propietarios a ceder el vial pagando además las cuotas de urbanización, siendo que no realizaron esa cesión cuando no les costaba dinero. El portavoz socialista señaló que para solucionar un error “incurriremos en otro”, afirmando que finalmente “lo pagaremos entre todos los vecinos de Oropesa”.

En su intervención, Josep Lluis Romero (BLOC-Compromís), criticó que se hablase en la documentación de un vial que no está abierto al público, “pero no se habla del porqué”. Explicó que en el PGOU de Oropesa del Mar el vial es para el tránsito, pero que en los antecedentes no se explica que existe una sentencia ganada por los vecinos, “parece que solo se quiera abrir un vial” siendo el problema de fondo mucho más complejo “aunque advertí de que pasaría esto”.

Romero afirmó que “esto terminará otra vez en el juzgado, pero esta vez no solo con un contencioso”, por lo que criticó que “cuando no os favorece la ley la cambiáis”, considerando que los vecinos “se lo tomarán como una provocación”. Para el edil nacionalista, “este lío se ve venir” apelando a un mayor diálogo para alcanzar una solución, para evitar que los afectados se radicalicen en sus posturas. No obstante, Romero aplazó establecer una postura por parte de su grupo municipal, a la espera de la aprobación definitiva, después de que se exponga durante 45 días el inicio del expediente. Romero considera que el Equipo de Gobierno está forzando demasiado la máquina en un tema tan complicado, explicando que aunque en el PGOU el vial es público “que lo es”, pero era peatonal en la planificación prevista. Por lo que avanzó que “en cuanto se publique lo llevarán ante el juez para que vean el cumplimiento que hacéis de una sentencia judicial”.

Desde el GIO, su portavoz Fernando Juárez, manifestó que este vial no está abierto al uso público pese a tener licencias, reconociendo errores a la hora de hacer cumplir los deberes urbanísticos. No obstante, consideró que existen “miles de posibilidades” para la solución de este problema y que se permita el acceso a los vecinos de complejos residenciales colindantes. Pese a considerar que el excesivo coste del proyecto se debe a que no se pueden utilizar las infraestructuras existentes por no ajustarse a las actuales normas urbanísticas, a juicio de Juárez “no es necesario gastar 321.000 euros”.