El PP aprueba en solitario las modificaciones de plantilla en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Oropesa del Mar celebrado este jueves 11 de septiembre aprobaba por unanimidad de los presentes el nombramiento de la joven María Rodrígo Gascón como Reina de las Fiestas, así como de Claudia Simarro Gimeno como Dama primera y Clara Humanes Ofrecio como Dama segunda.

A continuación se sometió a consideración de la corporación local el reconocimiento extrajudicial de una factura por importe de 11.604 euros en concepto de honorarios de un procurador correspondiente al año 2013, motivo por el que desde la Intervención municipal se emitió una Advertencia de legalidad por haber sido emitida en un ejercicio anterior. Todos los grupos municipales respaldaron el punto a excepción de BLOC-Compromís que se abstuvo.

Los votos a favor de PP, GIO y BLOC Compromís dieron luz verde a la ordenanza fiscal reguladora de la gestión, liquidación y recaudación tributarias y demás ingresos de derecho público. Se trataba, en palabras del alcalde, Rafael Albert, de establecer criterios de aplicación de la ordenanza ya existente, adaptándola al funcionamiento y necesidades del Ayuntamiento de Oropesa del Mar. Según destacaba el primer edil, se trata de un trabajo puramente técnico, en el que no participan los políticos y que sencillamente persigue como objetivo facilitar el trabajo en el día a día de la gestión de estos ingresos, que hasta ahora dependía del criterio particular de cada técnico a la hora de aplicar la ordenanza, algo que se subsana con este nuevo texto.

Por su parte, el concejal No Adscrito, Pascual Navarro, votó en contra por considerar que esta extensa ordenanza otorga a la alcaldía funciones respecto a los aplazamientos, así como las autorizaciones a acceder al interior de fincas, negocios y domicilios para realizar las inspecciones necesarias, que a su criterio deberían recaer sobre el pleno del ayuntamiento.

El portavoz del PSOE, Fernando Rodríguez, mostró su disconformidad con el procedimiento seguido para la redacción de esta nueva ordenanza, al considerar que no se le ha dado participación a la oposición en su elaboración, ya que a su juicio al PP aplica su mayoría absoluta para imponer sus criterios, motivo por el cual los socialistas se abstuvieron en la votación.

Fernando Juárez, portavoz del GIO, justificó su voto favorable señalando que la ordenanza es necesaria, fundamental “y estamos convencidos de que es beneficiosa para este ayuntamiento”.

Una segunda ordenanza, esta vez referida al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se debatió y aprobó con los votos de PP, GIO y BLOC Compromís. Las modificaciones en esta ordenanza obedecen a una adaptación del texto a la legislación vigente.

Pascual Navarro, concejal No Adscrito, se opuso a la ordenanza, solicitando al ejecutivo local sensibilidad con los vecinos que atraviesan dificultades económicas para que se otorguen bonificaciones en las tasas municipales para no agravar su situación.

Por su parte, los socialistas, que se abstuvieron en la votación, volvieron a denunciar a través de su portavoz, Fernando Rodríguez, la falta de participación en estas cuestiones, por lo que reclamó que se les debía haber facilitado un borrador de la ordenanza para mantener reuniones de trabajo y aportar sus puntos de vista, y no limitar su participación a las comisiones informativas, donde denunció que el alcalde, Rafael Albert, había cortado toda posibilidad de preguntar las dudas, delegando esta responsabilidad en los técnicos municipales.

El portavoz de BLOC Compromís, Josep Lluis Romero, como hiciera en el punto anterior, reclamó al equipo de gobierno el cumplimiento del Reglamento de Orden y Funcionamiento, para que el concejal que lleva a pleno la propuesta realice una breve exposición como ponente al inicio del debate, para poner en situación e informar sobre el contenido de la propuesta que se someterá a votación.

Precisamente Romero defendía a continuación una moción presentada por el Grupo Municipal de BLOC Compromís, para solicitar a la Dirección General de Catastro de Castellón que informe al Ayuntamiento de Oropesa del Mar sobre las repercusiones de la sentencia del Tribunal Supremo 2159/2014, referida al cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los suelos pendientes de desarrollo urbanístico. El portavoz nacionalista consideró que la misma causística que se da en la ciudad de Badajoz, lugar al que afecta esta sentencia, se puede encontrar en Oropesa del Mar, ya que existen en la actualidad proyectos no desarrollados en los que se paga un IBI muy alto, al considerarse suelo urbano, pese a no estar urbanizado, defendiendo en todo momento que “es una propuesta en positivo que no va contra nadie”.

Pascual Navarro veía “razonable” la propuesta de Romero, para no tener que pagar por unos terrenos que no se pueden desarrollar y en los que la empresa que debería desarrollar el PAI se encuentra en Concurso de Acreedores.

Fernando Juárez, (GIO), consideró que se trata de una propuesta a tener en cuenta para que estos propietarios no se vean obligados a pagar por un suelo que todavía no se ha desarrollado.

El alcalde, Rafael Albert, concluyó mostrándose a favor de que los propietarios no paguen cantidades tan altas, señalando que ya se han realizado gestiones a nivel extraoficial para conocer el alcance de esta sentencia del Tribunal Supremo, teniendo como primeras informaciones que inicialmente la sentencia es de aplicación en Badajoz, pero que de extrapolarse la misma a otros municipios, solo sería de aplicación en suelo urbanizable sin un plan parcial aprobado. En el mismo sentido la FVMP informará a sus miembros mediante una circular, para que sepan de las posibles repercusiones de esta sentencia judicial.

Modificaciones de plantilla
El apartado más polémico de la sesión plenaria, que se prolongó por espacio de más de dos horas, fue el de los temas referidos a la plantilla de personal municipal. La modificación de plantilla nº 4/2014 estaba referida a la Policía Local, donde se crea una plaza de Intendente Principal, y una plaza de Inspector, para que la Plana Mayor de la Policía Local quede formada por un Intendente Principal, un Intendente y dos Inspectores. Rafael Albert defendió su gestión señalando que en primer lugar es potestad del alcalde la organización del Ayuntamiento. Seguidamente señaló que la estructura de la Plana Mayor de la Policía Local debe tener esta composición en su escalafón en cumplimiento de la ley en los municipios de más de 20.000 habitantes o en las plantillas que superen los 50 funcionarios.

Según Albert, en la plantilla de funcionarios publicada en el Boletín Oficial de la Provincia aparecen 53 funcionarios en el cuerpo de Policía Local, por lo que hace necesaria la creación de estas plazas, aunque finalmente el primer edil manifestaba que si no se tienen en cuenta los 12 agentes de Policía de Playa, que prestan sus servicios en la temporada estival, la organización de la plantilla sigue siendo potestad del gobierno municipal.

Pascual Navarro se mostró contrario a esta modificación de la plantilla municipal, cuestionándose el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria “el remanente equilibrará el presupuesto”, afirmaba. Por ese motivo señaló su desacuerdo con esta y con todas las modificaciones que se llevaban a aprobación, por considerar que este no es el momento económico para que se realizaran, en el caso de que sean necesarias.

Por su parte, el portavoz socialista, Fernando Rodríguez, reprochó al ejecutivo local que se debería haber aprobado una Relación de Puestos de Trabajo “que se pudiera aprobar y poner en práctica”, además de considerar que no es el momento adecuado y que esta medida va en contra del principio de estabilidad presupuestaria, estimando además que esta medida es discriminatoria “no podemos estar de acuerdo en que se privilegie a unos trabajadores sobre otros”, por lo que solicitaba que las mejoras se aplicaran de manera lineal a todos los trabajadores por igual, en la medida de las posibilidades del consistorio.

El portavoz de BLOC Compromís, Josep Lluis Romero, fue el más incisivo e insistente en sus argumentos, al inquirir al alcalde sobre el informe redactado por el Intendente Jefe de la Policía Local y con el que se abre el expediente, en lugar de la tradicional providencia de alcaldía que inicia todos los expedientes municipales habitualmente. Romero preguntaba a Albert con insistencia ¿Pueden otros funcionarios hacer lo mismo y solicitar el inicio de un expediente para crear una plaza que repercute en mejoras laborales y económicas? Para los nacionalistas esto representa claramente un “conflicto de intereses” al crear una plaza que representa un aumento de sueldo, por lo que insistía en cuestionar al primer edil ¿Es normal que una persona haga un informe sobre una plaza a la que se va a tener acceso?

Romero también criticó que ante un informe negativo de la Interventora municipal se solicitara un tercer informe –ya que se contaba con uno favorable del Secretario Municipal- a una asesoría externa. Por ese motivo el portavoz nacionalista preguntaba si no podría haberse encargado a la Subdelegación del Gobierno o a la Generalitat Valenciana, para resolver los informes contradictorios.

El punto salió adelante con los votos a favor del PP, votando en contra BLOC Compromís y PSOE, absteniéndose Pascual Navarro y GIO.

Los grupos reiteraron sus posturas en la modificación de la plantilla para la creación de una plaza de Técnico de Administración General para el área de Personal, para el que puede optar un Técnico de nivel A1, así como para la plaza de Técnico Medio para Secretaría de nivel A2, así como en el cambio de un Técnico de Gestión Tributaria que pasa de Recaudación a Gestión Tributaria. Aprobada con los votos favorables del PP, también salió adelante la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo nº 2/2014, referida a la Policía Local, mientras que la nº 3/2014 contó también con el voto favorable de BLOC Compromís.

Posteriormente, en la rueda de prensa posterior a la sesión plenaria, Rafael Albert explicaba que la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo se inició con siete funcionarios, “con la intención de ir a más”, ya que se contaba con los limitantes que marca la ley sobre la imposibilidad de incrementar el Gasto Corriente en el presupuesto. Para subsanar esta cuestión, el alcalde explicaba que a final de año se podrían amortizar plazas que no se encuentran ocupadas, con las que se daría cobertura a las que se les aplica la RTP. Después de esos siete funcionarios iniciales, se amplió el número con la Tesorera y con la Recaudadora.

Respecto a las plazas aprobadas en la sesión de este jueves 11 de septiembre, Albert aclaraba que no se incrementa la plantilla, ya que todas las plazas se cubrirán mediante promoción interna mediante concurso oposición.

Unánimemente se respaldó la propuesta del Grupo Municipal de BLOC Compromís para la recuperación de las partidas de pilota valenciana en la localidad, en la categoría de “llargues”. Romero explicó que un vecino de la localidad se puso en contacto con él para pedirle que propusiera la recuperación del deporte autóctono en el municipio, como tradicionalmente se realizaba y del cual queda memoria de los lugares en los que se ubicaba el “dau” o desde donde se realizaba el resto.

También por unanimidad se aprobaron las mociones del Partido Popular para manifestar el apoyo de la corporación a “nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras fiestas y los símbolos de la Comunitat Valenciana”, además de solicitar la declaración como Bien de Interés Cultural del Bou al Carrer, y una segunda moción para declarar las ferias y fiestas y los espectáculos o festejos taurinos que se celebran en Oropesa del Mar, como parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad, así como solicitar la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO a la tauromaquia.

Rechazadas las mociones de Pascual Navarro
En el apartado de Despachos Extraordinarios, el concejal No Adscrito, Pascual Navarro, presentó tres mociones, cuya inclusión en el orden del día fue sistemáticamente rechazada por el PP.

La primera de ellas solicitaba que el alcalde de Oropesa del Mar renunciara a las dos pagas extraordinarias incluidas en su sueldo, “ya que la dedicación exclusiva afecta a 12 meses, no a 14”. Según Navarro, “la reforma de la administración local publicada en el BOE 312 de 30 de diciembre de 2013 contempla que los alcaldes de localidades cuya población esté entre 5.000 y 10.000 habitantes cobren 45.000 euros anuales como máximo”.

La segunda moción se solicitaba la protección a los colectivos más desfavorecidos en la actual situación de crisis, como los parados de larga duración, los que han agotado las prestaciones de desempleo, así como los que tienen prestaciones no contributivas. Por ello solicitaba bonificaciones en las tasas e impuestos municipales y la devolución a estos vecinos de los impuestos que pagan.

Finalmente Pascual Navarro llamaba la atención sobre la problemática de los vecinos del Camino Carretera Vieja y el Cami L’Atall, a los que se les reclama el pago del tratamiento de residuos sólidos urbanos por parte de la Diputación de Castellón, sin que se les esté prestando dicho servicio “ya que resulta paradójico que se les haga pagar un reciclaje de una basura que no se recoge”.