Pleno ordinario
Oropesa del Mar permitirá construir apartamentos en los terrenos del antiguo Hotel Playa
Una modificación puntual del PGOU cambia el uso de la parcela, que se intercambia con otras dos ubicadas en la Avenida de Valencia
![[Img #37887]](upload/img/periodico/img_37887.jpg)
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar celebraba el jueves 13 de noviembre una sesión plenaria de carácter ordinario, en la que las principales cuestiones a tratar giraron en torno a los aspectos de gestión económica y un tema destacado sobre urbanismo, uno de los que mayor discusión y oposición ha recibido durante su debate.
El consistorio ha aprobado, con los votos favorables de PP y GIO, el voto negativo de PSOE y el Concejal No Adscrito, así como la abstención de Compromís, el reconocimiento extrajudicial de 10 facturas, 8 de ellas con reparo de Intervención municipal, por importe de 48.065,48 euros.
El concejal No Adscrito, Pascual Navarro, manifestaba su disconformidad con la falta de procedimiento en la tramitación de las facturas que ha provocado el reparo de legalidad, por lo que instaba al ejecutivo local a ser más escrupulosos con la gestión del dinero público. A pesar de manifestarse de acuerdo con los conceptos de las facturas, no lo estaba con los procedimientos, lo que motivó su voto contrario.
El portavoz del PSOE, Fernando Domínguez, solicitó la tramitación del correspondiente expediente y la redacción de un contrato para regularizar la contratación de asistencia jurídica para el municipio en las diferentes causas abiertas, de manera que “no solo sean correctas, sino también legales”.
Según explicó en rueda de prensa el alcalde, Rafael Albert, el reconocimiento extrajudicial de facturas ha recibido reparos de intervención por tratarse de facturas que no contaban con consignación presupuestaria para ser abonadas, entre las que se incluían conceptos como el mantenimiento del ascensor de la Avenida La Plana, mobiliario para el Centro de Día para enfermos de alzheimer, una barandilla en la Plaza de Toros y honorarios de representación legal.
Modificación de crédito
Con cargo al remanente se aprobó la modificación de créditos 20/2014, por importe de 453.300 euros, un punto que para Rafael Albert, “a excepción del BLOC y quizá GIO, los demás concejales no parecen entender como funciona un presupuesto”. Esta modificación, con la que en palabras del primer edil “se ajusta el presupuesto con el remanente”, servirá para llevar a cabo correctamente la gestión municipal contemplando las necesidades hasta fin de año, con lo que con esta se terminaría el mencionado ajuste del presupuesto. La complementación o creación de partidas se destinan a conceptos como el convenio firmado con la Federación de Pesca para la realización de un torneo en Oropesa del Mar, gastos de mantenimiento de alumbrado público o el coste del aire acondicionado para el local de atención a enfermos de alzheimer.
Para Pascual Navarro la modificación evidencia deficiencias en la elaboración del presupuesto, el cual no aprobó “y se me acusó de no trabajar por los intereses del pueblo”, asegurando que “20 modificaciones nos dan la razón”, al tiempo que criticaba que ya se hubieran realizado modificaciones del presupuesto por valor de 12 millones de euros. Del mismo modo manifestó sus dudas sobre la liquidez real de las arcas municipales y señaló que la intervención municipal prevé un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla del Gasto de continuar en la actual tendencia.
El portavoz socialista, Fernando Domínguez, calificaba el presupuesto de poco social y criticó lo que a su juicio son errores de planificación financiera “que parece estar hecha para obstaculizar la fiscalización por parte de los ciudadanos”, señalando que la modificación aprobada “no aporta nada a lo social”.
Desde Compromís, Josep Lluis Romero señalaba que pese a que la modificación contiene aspectos positivos, esta cuenta con un informe en contra de la intervención municipal, criticando la diferencia de raseros “porque cuando una propuesta del BLOC tiene un informe contrario nos lo restriegas por la cara”, por lo que solicitó que para su aprobación “como mínimo tengan un informe favorable”.
El alcalde, Rafael Albert, matizó que el informe de intervención no es desfavorable, “dice que no es conveniente”, asegurando además que de realizarse todo el gasto previsto se incumpliría la Regla del Gasto, pero que no se van a poder realizar todos esos gastos en el tiempo que queda de ejercicio, por lo que este incumplimiento no se dará.
Modificación del PGOU
El punto más polémico giraría en torno a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa del Mar, a través de la cual el propietario de tres parcelas, dos de ellas situadas en la Avenida de Valencia y otra en Morro de Gos, solicitaba trasladar la edificabilidad de las dos primeras para acumularla en la propiedad ubicada en la playa Morro de Gos, una parcela de 3.623 metros donde actualmente se encuentra el Hotel Playa. La petición incluye el cambio de uso de los respectivos suelos, ya que mientras en las dos parcelas de la Avenida de Valencia se cambia el uso residencial por un uso compatible con comercial y hotelero, la parcela que ahora ocupa el viejo Hotel Playa dejaría de ser hotelera para pasar a ser residencial. Para ello, también se ha modificado la ordenanza municipal.
Tal como explicó el concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, la calificación de estas parcelas viene del PGOU de 1982, en el que en palabras del edil, los conceptos de la ordenanza daban pie a interpretaciones diferentes, por lo que el propietario bien podría iniciar la construcción de un edificio de apartamentos “con 12.000 metros y una distancia a vecinos de tan solo 6 metros, por lo que había la posibilidad de construir un verdadero mamotreto”. Según el edil de Urbanismo, la modificación permite ordenar la volumetría de tres parcelas con el menor impacto. Se da el hecho de que en las dos parcelas de la Avenida de Valencia, que forman parte del Peri 4, la acumulación de volumetría que se había llevado a cabo en ellas como parte del convenio firmado entre el Ayuntamiento y el propietario para la obtención de los terrenos para el colegio La Mediterrania convertía estos terrenos en un problema, puesto que rompía los estándares de volumetría de la zona. La Modificación del PGOU establece ahora la distancia respecto a las parcelas vecinas de 15 metros a partir de la primera planta, frente a los seis metros de la anterior redacción, que se retranqueaban en cada planta hasta un máximo de 13 metros en la planta 12, que es la máxima altura permitida.
Para Fernando Domínguez (PSOE), la propuesta tenía “cosas que no encajan y otras incorrectas”. Consideró inapropiado que los servicios técnicos municipales realicen trabajos a propuesta de un promotor particular, por lo que consideró que debía pagar por estos conceptos y no se debía realizar por parte de funcionarios públicos. El portavoz socialista manifestó su desacuerdo con la medida propuesta, por ir en contra de los criterios de creación de plazas hoteleras para la desestacionalización del turismo en el municipio, considerando que además se incurre en un agravio comparativo respecto a otros vecinos.
El portavoz nacionalista, Josep Lluis Romero, señaló que la proposición parte del empresario Manuel Moliner Bernat “que es al único al que interesa y a quien el pueblo de Oropesa le debe agradecer que tengamos que pagar un millón y medio de euros por la sentencia del Edificio Bernat”. Criticó que los técnicos municipales redacten un informe señalando el interés social de la modificación. Por ello, Romero concluyó resumiendo que esta modificación surge de la cesión en su día de terrenos para el colegio La Mediterránea “que no aprobamos”, explicando que el objetivo es que “vamos a edificar casi el doble de la actual volumetría, algo que no tiene ningún interés público, porque el único es el interés particular de pegar un pelotazo”. Además añadió que el empresario que propone la modificación era concejal de Urbanismo en 1982 cuando se aprobó el PGOU “y entonces lo puso como hotelero”. Por ese motivo Romero señaló que “no podemos estar de acuerdo con vuestra forma de entender el urbanismo, por lo que sugerimos que se retire la propuesta, porque lo que este pueblo necesita para el turismo son precisamente plazas hoteleras”.
En contra se manifestó también el portavoz del GIO, Fernando Juárez, quien señaló que la política de su grupo ha sido siempre apoyar el uso hotelero “aunque recibiéramos críticas por su ubicación”, insistiendo en que se debe mantener el suelo con calificación de hotelera “en los pocos que quedan en sitios privilegiados”.
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar celebraba el jueves 13 de noviembre una sesión plenaria de carácter ordinario, en la que las principales cuestiones a tratar giraron en torno a los aspectos de gestión económica y un tema destacado sobre urbanismo, uno de los que mayor discusión y oposición ha recibido durante su debate.
El consistorio ha aprobado, con los votos favorables de PP y GIO, el voto negativo de PSOE y el Concejal No Adscrito, así como la abstención de Compromís, el reconocimiento extrajudicial de 10 facturas, 8 de ellas con reparo de Intervención municipal, por importe de 48.065,48 euros.
El concejal No Adscrito, Pascual Navarro, manifestaba su disconformidad con la falta de procedimiento en la tramitación de las facturas que ha provocado el reparo de legalidad, por lo que instaba al ejecutivo local a ser más escrupulosos con la gestión del dinero público. A pesar de manifestarse de acuerdo con los conceptos de las facturas, no lo estaba con los procedimientos, lo que motivó su voto contrario.
El portavoz del PSOE, Fernando Domínguez, solicitó la tramitación del correspondiente expediente y la redacción de un contrato para regularizar la contratación de asistencia jurídica para el municipio en las diferentes causas abiertas, de manera que “no solo sean correctas, sino también legales”.
Según explicó en rueda de prensa el alcalde, Rafael Albert, el reconocimiento extrajudicial de facturas ha recibido reparos de intervención por tratarse de facturas que no contaban con consignación presupuestaria para ser abonadas, entre las que se incluían conceptos como el mantenimiento del ascensor de la Avenida La Plana, mobiliario para el Centro de Día para enfermos de alzheimer, una barandilla en la Plaza de Toros y honorarios de representación legal.
Modificación de crédito
Con cargo al remanente se aprobó la modificación de créditos 20/2014, por importe de 453.300 euros, un punto que para Rafael Albert, “a excepción del BLOC y quizá GIO, los demás concejales no parecen entender como funciona un presupuesto”. Esta modificación, con la que en palabras del primer edil “se ajusta el presupuesto con el remanente”, servirá para llevar a cabo correctamente la gestión municipal contemplando las necesidades hasta fin de año, con lo que con esta se terminaría el mencionado ajuste del presupuesto. La complementación o creación de partidas se destinan a conceptos como el convenio firmado con la Federación de Pesca para la realización de un torneo en Oropesa del Mar, gastos de mantenimiento de alumbrado público o el coste del aire acondicionado para el local de atención a enfermos de alzheimer.
Para Pascual Navarro la modificación evidencia deficiencias en la elaboración del presupuesto, el cual no aprobó “y se me acusó de no trabajar por los intereses del pueblo”, asegurando que “20 modificaciones nos dan la razón”, al tiempo que criticaba que ya se hubieran realizado modificaciones del presupuesto por valor de 12 millones de euros. Del mismo modo manifestó sus dudas sobre la liquidez real de las arcas municipales y señaló que la intervención municipal prevé un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla del Gasto de continuar en la actual tendencia.
El portavoz socialista, Fernando Domínguez, calificaba el presupuesto de poco social y criticó lo que a su juicio son errores de planificación financiera “que parece estar hecha para obstaculizar la fiscalización por parte de los ciudadanos”, señalando que la modificación aprobada “no aporta nada a lo social”.
Desde Compromís, Josep Lluis Romero señalaba que pese a que la modificación contiene aspectos positivos, esta cuenta con un informe en contra de la intervención municipal, criticando la diferencia de raseros “porque cuando una propuesta del BLOC tiene un informe contrario nos lo restriegas por la cara”, por lo que solicitó que para su aprobación “como mínimo tengan un informe favorable”.
El alcalde, Rafael Albert, matizó que el informe de intervención no es desfavorable, “dice que no es conveniente”, asegurando además que de realizarse todo el gasto previsto se incumpliría la Regla del Gasto, pero que no se van a poder realizar todos esos gastos en el tiempo que queda de ejercicio, por lo que este incumplimiento no se dará.
Modificación del PGOU
El punto más polémico giraría en torno a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa del Mar, a través de la cual el propietario de tres parcelas, dos de ellas situadas en la Avenida de Valencia y otra en Morro de Gos, solicitaba trasladar la edificabilidad de las dos primeras para acumularla en la propiedad ubicada en la playa Morro de Gos, una parcela de 3.623 metros donde actualmente se encuentra el Hotel Playa. La petición incluye el cambio de uso de los respectivos suelos, ya que mientras en las dos parcelas de la Avenida de Valencia se cambia el uso residencial por un uso compatible con comercial y hotelero, la parcela que ahora ocupa el viejo Hotel Playa dejaría de ser hotelera para pasar a ser residencial. Para ello, también se ha modificado la ordenanza municipal.
Tal como explicó el concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, la calificación de estas parcelas viene del PGOU de 1982, en el que en palabras del edil, los conceptos de la ordenanza daban pie a interpretaciones diferentes, por lo que el propietario bien podría iniciar la construcción de un edificio de apartamentos “con 12.000 metros y una distancia a vecinos de tan solo 6 metros, por lo que había la posibilidad de construir un verdadero mamotreto”. Según el edil de Urbanismo, la modificación permite ordenar la volumetría de tres parcelas con el menor impacto. Se da el hecho de que en las dos parcelas de la Avenida de Valencia, que forman parte del Peri 4, la acumulación de volumetría que se había llevado a cabo en ellas como parte del convenio firmado entre el Ayuntamiento y el propietario para la obtención de los terrenos para el colegio La Mediterrania convertía estos terrenos en un problema, puesto que rompía los estándares de volumetría de la zona. La Modificación del PGOU establece ahora la distancia respecto a las parcelas vecinas de 15 metros a partir de la primera planta, frente a los seis metros de la anterior redacción, que se retranqueaban en cada planta hasta un máximo de 13 metros en la planta 12, que es la máxima altura permitida.
Para Fernando Domínguez (PSOE), la propuesta tenía “cosas que no encajan y otras incorrectas”. Consideró inapropiado que los servicios técnicos municipales realicen trabajos a propuesta de un promotor particular, por lo que consideró que debía pagar por estos conceptos y no se debía realizar por parte de funcionarios públicos. El portavoz socialista manifestó su desacuerdo con la medida propuesta, por ir en contra de los criterios de creación de plazas hoteleras para la desestacionalización del turismo en el municipio, considerando que además se incurre en un agravio comparativo respecto a otros vecinos.
El portavoz nacionalista, Josep Lluis Romero, señaló que la proposición parte del empresario Manuel Moliner Bernat “que es al único al que interesa y a quien el pueblo de Oropesa le debe agradecer que tengamos que pagar un millón y medio de euros por la sentencia del Edificio Bernat”. Criticó que los técnicos municipales redacten un informe señalando el interés social de la modificación. Por ello, Romero concluyó resumiendo que esta modificación surge de la cesión en su día de terrenos para el colegio La Mediterránea “que no aprobamos”, explicando que el objetivo es que “vamos a edificar casi el doble de la actual volumetría, algo que no tiene ningún interés público, porque el único es el interés particular de pegar un pelotazo”. Además añadió que el empresario que propone la modificación era concejal de Urbanismo en 1982 cuando se aprobó el PGOU “y entonces lo puso como hotelero”. Por ese motivo Romero señaló que “no podemos estar de acuerdo con vuestra forma de entender el urbanismo, por lo que sugerimos que se retire la propuesta, porque lo que este pueblo necesita para el turismo son precisamente plazas hoteleras”.
En contra se manifestó también el portavoz del GIO, Fernando Juárez, quien señaló que la política de su grupo ha sido siempre apoyar el uso hotelero “aunque recibiéramos críticas por su ubicación”, insistiendo en que se debe mantener el suelo con calificación de hotelera “en los pocos que quedan en sitios privilegiados”.
