El Fracking, la nueva Ley de Minas y los nuevos Tratados de Libre Comercio
La Plataforma Antifracking de Castelló quiere denunciar la última acción del gobierno central y las negociaciones opacas que la Comisión Europea está llevando a cabo para la firma de nuevos tratados de libre comercio con EEUU y Canadá. Ambos casos suponen acciones encaminadas a facilitar la práctica del fracking incluso en contra de la voluntad de los habitantes de las regiones afectadas y de los informes técnicos que puedan desaconsejar la práctica de esta técnica extractiva.
La semana pasada nos enterábamos que “el Ministerio de Industria ha puesto en marcha por la vía de urgencia una nueva ley de minas, cuya aprobación quiere hacer coincidir con la modificación de la ley de hidrocarburos antes de fin de año... Las prisas, a juicio de algunos sectores industriales, derivan de que facilita la preeminencia de actividades emergentes, como el fracking, sobre otras ya existentes en caso de incompatibilidad en un mismo terreno”.
A pesar de los numerosos informes técnicos independientes que nos avisan de las amenazas de irreparables daños medioambientales, de salud pública e incluso de riesgos sísmicos que supone la fractura hidraúlica, nuestros políticos parecen seguir empeñados en poner en práctica esta técnica en las comarcas más bellas y de mayor valor cultural de nuestra provincia. No se sabe muy bien por qué, la Conselleria de Industria sigue resistiéndose a denegar unos permisos de exploración que además de los riesgos mencionados, han sido redactados con muy poco rigor técnico, siendo considerados “muy poco serios” por destacados técnicos especialistas de diferentes instituciones (UJI, Universidad de Zaragoza, Instituto Geológico y Minero).
Aunque no queramos, al final tenemos que acabar pensando mal, más después de haber acertado una y otra vez en los numerosos casos del fenómeno conocido como “puertas giratorias”. Todos los miembros de la PAF tenemos la sensación de que nuestros políticos tanto aquí como en Europa están gobernando para favorecer los intereses de las grandes multinacionales del gas y el petróleo y no para el bien común de los ciudadanos que les votamos.
Los nuevos Tratados Transatlánticos de Libre Comercio (TTIP y CETA) que están negociando la Unión Europea, EEUU y Canadá, y el modo en que se están negociando corrobora todavía más esta desconfianza.
Efectivamente, dos aspectos hacen especialmente sospechosas estas alianzas comerciales: la opacidad y el secretismo con que se están llevando a cabo las negociaciones, y el mecanismo de protección de inversiones (ISDS por sus siglas en inglés).
En cuanto a la opacidad y secretismo, la opinión pública debe saber que todos los documentos relativos a las negociaciones se encuentran custodiados en una habitación donde solo tienen acceso siete eurodiputados y no se permite ni tomar notas ni hacer fotografías. Casi todo lo que se sabe de las negociaciones es a través de filtraciones anónimas. Jochen Müller, analista político de la Comisión ha respondido a estas acusaciones: "¿Por qué no se publica todo?. Si usted quiere comprar una casa no dice abiertamente cuanto quiere pagar, se negocia". Se olvida que teóricamente están negociando en nuestro nombre y que tenemos todo el derecho a saber cuánto vamos a pagar y que no vuelva a suceder como en el proyecto Castor (vamos a tener que pagar entre 1350 millones oficiales y 4750 según la OCU).
Por lo que respecta al mecanismo de protección de inversiones (ISDS), éste permitirá a las multinacionales demandar a los estados ante paneles arbitrales internacionales, y no ante los tribunales nacionales, de considerar perjudicadas sus inversiones por las decisiones de los gobiernos de estos estados. Un estudio del Transnational Institute alertaba en 2013 de que el lucrativo sector del arbitraje internacional está en manos de unas pocas empresas de EEUU, Canadá y la UE. Estas pocas empresas concentran la mayoría de los casos en todo el mundo, y sus abogados cobran hasta 800 euros por hora de trabajo, en procesos que se prolongan durante años.
Un ejemplo es el conflicto entre el gobierno de Quebec y Lone Pine Resources, compañía canadiense que se dedica a la explotación de recursos petroleros y de gas. Quebec decidió imponer una moratoria sobre el fracking en junio de 2011 por los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas y en superficie en el valle del río St. Lawrence. Lone Pine en lugar de presentar demanda en Canadá, recurrió esta moratoria en EEUU al amparo del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) y pide 250 millones más intereses en concepto de indemnización. El bufete Bernett Jones que representa a Lone Pine esgrime que la decisión del gobierno de Quebec es “una acción administrativa caprichosa que se tomó por motivos meramente políticos, que es exactamente lo contrario que se supone protegen los derechos del TLCAN a los inversores”. O sea, que según el TLCN, el derecho de Lone Pine a obtener ganancias es más importante que el derecho a parar proyectos destructivos que puedan perjudicar el bien común de los ciudadanos.
Este mecanismo de arbitraje internacional es especialmente grave porque supone que en los conflictos Multinacionales/Estados el arbitraje lo realizan grandes empresas privadas. Es decir, el zorro cuidando las gallinas. Se compra literalmente al árbitro.
Podemos concluir que con los nuevos tratados de libre comercio que pretenden imponernos, se confirma aquello de que la banca y las multinacionales siempre ganan en este casino global en que pretenden se convierta el mundo... Y también que no es un problema de manzanas pudridas sino que es el cesto el que hay que cambiar.
La Plataforma Antifracking de Castelló quiere denunciar la última acción del gobierno central y las negociaciones opacas que la Comisión Europea está llevando a cabo para la firma de nuevos tratados de libre comercio con EEUU y Canadá. Ambos casos suponen acciones encaminadas a facilitar la práctica del fracking incluso en contra de la voluntad de los habitantes de las regiones afectadas y de los informes técnicos que puedan desaconsejar la práctica de esta técnica extractiva.
La semana pasada nos enterábamos que “el Ministerio de Industria ha puesto en marcha por la vía de urgencia una nueva ley de minas, cuya aprobación quiere hacer coincidir con la modificación de la ley de hidrocarburos antes de fin de año... Las prisas, a juicio de algunos sectores industriales, derivan de que facilita la preeminencia de actividades emergentes, como el fracking, sobre otras ya existentes en caso de incompatibilidad en un mismo terreno”.
A pesar de los numerosos informes técnicos independientes que nos avisan de las amenazas de irreparables daños medioambientales, de salud pública e incluso de riesgos sísmicos que supone la fractura hidraúlica, nuestros políticos parecen seguir empeñados en poner en práctica esta técnica en las comarcas más bellas y de mayor valor cultural de nuestra provincia. No se sabe muy bien por qué, la Conselleria de Industria sigue resistiéndose a denegar unos permisos de exploración que además de los riesgos mencionados, han sido redactados con muy poco rigor técnico, siendo considerados “muy poco serios” por destacados técnicos especialistas de diferentes instituciones (UJI, Universidad de Zaragoza, Instituto Geológico y Minero).
Aunque no queramos, al final tenemos que acabar pensando mal, más después de haber acertado una y otra vez en los numerosos casos del fenómeno conocido como “puertas giratorias”. Todos los miembros de la PAF tenemos la sensación de que nuestros políticos tanto aquí como en Europa están gobernando para favorecer los intereses de las grandes multinacionales del gas y el petróleo y no para el bien común de los ciudadanos que les votamos.
Los nuevos Tratados Transatlánticos de Libre Comercio (TTIP y CETA) que están negociando la Unión Europea, EEUU y Canadá, y el modo en que se están negociando corrobora todavía más esta desconfianza.
Efectivamente, dos aspectos hacen especialmente sospechosas estas alianzas comerciales: la opacidad y el secretismo con que se están llevando a cabo las negociaciones, y el mecanismo de protección de inversiones (ISDS por sus siglas en inglés).
En cuanto a la opacidad y secretismo, la opinión pública debe saber que todos los documentos relativos a las negociaciones se encuentran custodiados en una habitación donde solo tienen acceso siete eurodiputados y no se permite ni tomar notas ni hacer fotografías. Casi todo lo que se sabe de las negociaciones es a través de filtraciones anónimas. Jochen Müller, analista político de la Comisión ha respondido a estas acusaciones: "¿Por qué no se publica todo?. Si usted quiere comprar una casa no dice abiertamente cuanto quiere pagar, se negocia". Se olvida que teóricamente están negociando en nuestro nombre y que tenemos todo el derecho a saber cuánto vamos a pagar y que no vuelva a suceder como en el proyecto Castor (vamos a tener que pagar entre 1350 millones oficiales y 4750 según la OCU).
Por lo que respecta al mecanismo de protección de inversiones (ISDS), éste permitirá a las multinacionales demandar a los estados ante paneles arbitrales internacionales, y no ante los tribunales nacionales, de considerar perjudicadas sus inversiones por las decisiones de los gobiernos de estos estados. Un estudio del Transnational Institute alertaba en 2013 de que el lucrativo sector del arbitraje internacional está en manos de unas pocas empresas de EEUU, Canadá y la UE. Estas pocas empresas concentran la mayoría de los casos en todo el mundo, y sus abogados cobran hasta 800 euros por hora de trabajo, en procesos que se prolongan durante años.
Un ejemplo es el conflicto entre el gobierno de Quebec y Lone Pine Resources, compañía canadiense que se dedica a la explotación de recursos petroleros y de gas. Quebec decidió imponer una moratoria sobre el fracking en junio de 2011 por los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas y en superficie en el valle del río St. Lawrence. Lone Pine en lugar de presentar demanda en Canadá, recurrió esta moratoria en EEUU al amparo del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) y pide 250 millones más intereses en concepto de indemnización. El bufete Bernett Jones que representa a Lone Pine esgrime que la decisión del gobierno de Quebec es “una acción administrativa caprichosa que se tomó por motivos meramente políticos, que es exactamente lo contrario que se supone protegen los derechos del TLCAN a los inversores”. O sea, que según el TLCN, el derecho de Lone Pine a obtener ganancias es más importante que el derecho a parar proyectos destructivos que puedan perjudicar el bien común de los ciudadanos.
Este mecanismo de arbitraje internacional es especialmente grave porque supone que en los conflictos Multinacionales/Estados el arbitraje lo realizan grandes empresas privadas. Es decir, el zorro cuidando las gallinas. Se compra literalmente al árbitro.
Podemos concluir que con los nuevos tratados de libre comercio que pretenden imponernos, se confirma aquello de que la banca y las multinacionales siempre ganan en este casino global en que pretenden se convierta el mundo... Y también que no es un problema de manzanas pudridas sino que es el cesto el que hay que cambiar.
