Sentencia
El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert pierde un juicio interpuesto por un funcionario
Durante el pasado pleno ordinario del 27 de enero, desde las filas socialistas se anunció que el ayuntamiento había perdido una sentencia judicial en primera instancia interpuesta por un oficial de policía.
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El portavoz socialista, Joan Ronchera, afirmó que “esta sentencia avala todas las afirmaciones que desde el PSOE hemos manifestado sobre el modus operandi del señor alcalde en materia de personal”. Ronchera recordó que durante estos meses de legislatura, reiteradamente habían dicho que las modificaciones que el PP aprobaba en la relación de puestos de trabajo y las amortizaciones de plazas de funcionarios que había efectuado, no estaban suficientemente motivadas. También recordó que ya habían protestado en relación a que desde el equipo de gobierno siempre se seguía el procedimiento marcado por la ley, pero que “se pervertía y acababa siendo arbitrario”. El concejal socialista añadió que el PP es “injusto en las maniobras que hace para recolocar a ciertos funcionarios” y que “no es admisible que utilice los medios de la administración para saldar conflictos personales contra determinados funcionarios”. El edil también recordó la queja de su grupo respecto a la falta de actitud conciliadora del PP en las mesas de negociación, donde “simplemente se nos informa de las medidas que aplicarán al personal, sin voluntad de negociar”.
El concejal socialista, sentencia en mano, se congratuló de que todos los argumentos manifestados por el PSOE y tachados de demagógicos por el señor alcalde, venían reflejados en una sentencia judicial. Ronchera explicó que “en esta resolución judicial se declaran ilegales todos los decretos firmados por el alcalde, ante el rechazo de la petición de un funcionario de pasar a hacer tareas administrativas en el retén de la policía al cumplir la edad pertinente, obligándole a ejercer una función que no les corresponde”. La magistrada tilda las resoluciones del alcalde de “discriminatorias, arbitrarias y poco motivadas, justo lo que venimos diciendo desde el Grupo Socialista”.
Finalmente, se rogó al señor alcalde que cambie de actitud y que deje de utilizar los recursos municipales para “abrir guerras contra funcionarios”. Se rogó que se abra al diálogo con los demás grupos políticos y los sindicatos. Y que “pague de su bolsillo todos los gastos judiciales provocados por su obcecación”.
El portavoz socialista, Joan Ronchera, afirmó que “esta sentencia avala todas las afirmaciones que desde el PSOE hemos manifestado sobre el modus operandi del señor alcalde en materia de personal”. Ronchera recordó que durante estos meses de legislatura, reiteradamente habían dicho que las modificaciones que el PP aprobaba en la relación de puestos de trabajo y las amortizaciones de plazas de funcionarios que había efectuado, no estaban suficientemente motivadas. También recordó que ya habían protestado en relación a que desde el equipo de gobierno siempre se seguía el procedimiento marcado por la ley, pero que “se pervertía y acababa siendo arbitrario”. El concejal socialista añadió que el PP es “injusto en las maniobras que hace para recolocar a ciertos funcionarios” y que “no es admisible que utilice los medios de la administración para saldar conflictos personales contra determinados funcionarios”. El edil también recordó la queja de su grupo respecto a la falta de actitud conciliadora del PP en las mesas de negociación, donde “simplemente se nos informa de las medidas que aplicarán al personal, sin voluntad de negociar”.
El concejal socialista, sentencia en mano, se congratuló de que todos los argumentos manifestados por el PSOE y tachados de demagógicos por el señor alcalde, venían reflejados en una sentencia judicial. Ronchera explicó que “en esta resolución judicial se declaran ilegales todos los decretos firmados por el alcalde, ante el rechazo de la petición de un funcionario de pasar a hacer tareas administrativas en el retén de la policía al cumplir la edad pertinente, obligándole a ejercer una función que no les corresponde”. La magistrada tilda las resoluciones del alcalde de “discriminatorias, arbitrarias y poco motivadas, justo lo que venimos diciendo desde el Grupo Socialista”.
Finalmente, se rogó al señor alcalde que cambie de actitud y que deje de utilizar los recursos municipales para “abrir guerras contra funcionarios”. Se rogó que se abra al diálogo con los demás grupos políticos y los sindicatos. Y que “pague de su bolsillo todos los gastos judiciales provocados por su obcecación”.
