Los vecinos de Torreblanca se oponen de forma multitudinaria a la extracción de turba en el Prat

El Ayuntamiento de Torreblanca se pondrá del lado de los vecinos y de sus intereses ante el expediente que la empresa concesionaria de la extracción de turba en el ámbito del Parque Natural del Prat pretende iniciar ante la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para legalizar su actividad.
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torreblanca se quedó pequeño para acoger a los afectados por la extracción de turba en el Prat, al acudir de forma multitudinaria a la convocatoria del equipo de gobierno para una reunión informativa.
Aproximadamente 400 personas asistieron para conocer más detalles sobre la cuestión, quedando muchos vecinos fuera del salón entre una gran expectación.
En el encuentro con los vecinos afectados participaron el alcalde, Juan Manuel Peraire, el concejal de Hacienda, José Antonio López, la concejala de Urbanismo, Rosana Fabregat, y el edil de Agricultura, Francisco Nayen.

Abrió las intervenciones el alcalde de Torreblanca, quien manifestó ante la gran afluencia de público que si es necesario se convocaría una nueva reunión para informar debidamente a todos los afectados, “ante la alarma social que se ha creado”. En total se consideran afectados a 800 propietarios, a los que se le han enviado las correspondientes notificaciones para que pasen a estudiar el proyecto y a presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Historia de las concesiones
El primer edil expuso un histórico de las diferentes concesiones mineras con las que cuenta la mercantil Herederos de Enrique Climent Mingol y la situación actual de las mismas. La empresa cuenta con varias dos concesiones y una ampliación. La primera fue la concesión minera Santa Ofelia 1901, obtenida en 1958 por un plazo de 90 años. La segunda concesión es la conocida como San Enrique, obtenida en 1964 también por un plazo de 90 años y una ampliación de la concesión minera de Santa Ofelia 2063, otorgada en 1977, con un plazo de 30 años, el cual ya caducado en la actualidad.
No obstante, la Disposición primera de la Ley Transitoria 2/2006 establece en uno de sus apartados que aquellas instalaciones existentes en las cuales se desarrolla alguna actividad de industria extractiva o minera deberá contar con Autorización Ambiental Integrada en el plazo de tres años. Por ello, la empresa concesionaria presentó ante la Consellería en 2009, dentro del plazo legal, la solicitud para legalizar la actividad que hasta ahora había desarrollado, la extracción de turba.
Desde ese momento la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente está tramitando dos expedientes administrativos correspondientes a las concesiones de San Enrique 1989 y Santa Ofelia 1901, con el fin de legalizar la extracción de turba. La ampliación de Santa Ofelia ya había sido archivada al haber caducado el plazo para su legalización.
Esta tramitación comprende dos expedientes, una Declaración de Interés Comunitario y una Autorización Ambiental Integrada, que se tramitan al mismo tiempo porque la DIC es más rápida y corta en su tramitación.
En este caso la DIC no se ha admitido a trámite y se encuentra paralizada, porque los técnicos de la Dirección General de Parque Naturales de la Generalitat Valenciana “no tienen claro” que se pueda emitir un informe favorable y sin ese informe favorable no se puede tramitar la Declaración de Interés Comunitario, preceptiva y obligatoria para la tramitación a su vez de la Autorización Ambiental Integrada, al ser la primera un tipo de “licencia de actividad”, requisito indispensable para realizar la extracción.

Escenarios a futuro
En el caso de que se desestime la concesión de la Declaración de Interés Comunitario, la empresa concesionaria deberá cesar inmediatamente la actividad extractiva, al encontrarse la misma en una situación irregular.
El siguiente de los escenarios posibles, aunque poco probables para el ejecutivo local, es que en el supuesto de que se admita a trámite la DIC, el Ayuntamiento de Torreblanca deberá emitir un informe sobre la actividad “y la Consellería no declarará de interés comunitario ninguna actividad que no tenga informe favorable del municipio”, señaló el alcalde, Juan Manuel Peraire.
El primer edil destacó que, de tener que redactarse, ese informe del Ayuntamiento “tendría en cuenta los intereses de los vecinos, las alegaciones de todos los afectados y las propias alegaciones que el Ayuntamiento, como propietario de terrenos, presentará”.

Momento actual
El momento actual de la tramitación, recordando que la Consellería no ha admitido a trámite la Declaración de Interés Comunitario, la administración autonómica ha solicitado al Ayuntamiento de Torreblanca que notifique a todos los propietarios afectados, alrededor de 800 entre afectados directos por la zona de explotación y los propietarios en la zona de afección, para que conozcan el proyecto y presenten las alegaciones.

El Ayuntamiento del lado de los vecinos afectados
Por su parte, el concejal José Antonio López, animó a los propietarios a presentar masivamente alegaciones, para lo que tienen 30 días desde la fecha en que fueron notificados. Además, López instó a los afectados a que se informaran directamente en el Ayuntamiento, donde los atendería el propio edil o los servicios técnicos municipales.
El portavoz municipal hizo hincapié en que el Ayuntamiento no es quien concede estas licencias, sino la Consellería, para desmentir “comentarios intencionados” que han llegado a sus oídos.
Para defender los intereses de los vecinos de Torreblanca, López acudió el pasado viernes 30 de marzo a la Dirección Territorial para conocer los detalles de la tramitación, pudiendo saber de boca de los propios responsables de la Generalitat que esta aún no ha sido ni tan siquiera admitida a trámite.
El concejal insistió repetidamente que la posición del Ayuntamiento será “para velar por los intereses generales de los vecinos”, por lo que si la mayoría del pueblo está en contra de la actividad “el Ayuntamiento estará en contra de esa actividad”.
También quiso desmentir posibles intereses económicos del Ayuntamiento para mantener la explotación minera en funcionamiento, ya que “la actividad no paga ningún canon al Ayuntamiento”.
José Antonio López que recientemente desde la Consellería se pidió la opinión del Ayuntamiento para una posible revisión del Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural del Prat, a lo que se contestó desde el consistorio sobre la posibilidad de estudiar la eliminación de la actividad minera en el Parque Natural, por considerar que esta es incompatible con la protección de este espacio natural.