Pleno extraordinario
El PP aprueba en solitario levantar la suspensión de obras del Sector R5B de Oropesa del Mar
Se desestiman las alegaciones de la empresa y se solicita la sustitución de los avales, al considerarse los actuales inejecutables
El Partido Popular sacó adelante en solitario la propuesta de acuerdo de levantar la suspensión de obras del Sector R-5B, solicitar la sustitución de avales para el programa urbanístico y la desestimación de las alegaciones de la empresa que cuenta con la condición de agente urbanizador, perteneciente al grupo Marina d’Or. En la votación de este acuerdo, que tuvo lugar en el pleno extraordinario celebrado el viernes 25 de mayo, tanto la concejala de Si se puede Oropesa –actualmente socia de gobierno de los populares-, como Compromís, Ciudadanos y PSOE se abstuvieron en la votación.
Todos los grupos políticos con representación en el consistorio oropesino, a excepción de Si se puede Oropesa que no intervino en el debate, coincidieron en que nos encontramos ante un tema complejo y con difícil solución.
Este programa urbanístico inició en 2006 con su aprobación definitiva, pero se vio frustrado en su desarrollo –como tantos otros en todo el país- por el infame estallido de la burbuja inmobiliaria, la fallida del sistema económico y en definitiva, la crisis galopante. El Sector R-5B cuenta con todos los ingredientes para el desastre, un programa dividido internamente en unidades de ejecución en las que ya se ha edificado en algunos solares, la crisis económica, la presencia de campings en la zona que para que se urbanicen los terrenos que ocupan se debería indemnizar por el lucro cesante, una empresa inmersa en un proceso de concurso de acreedores y un desacuerdo entre los criterios de la empresa y los de los técnicos municipales.
Según el concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, el ayuntamiento desestima las reclamaciones de la empresa y a partir de este momento, se debería continuar con la ejecución del planeamiento urbanístico aprobado, previa sustitución de los avales depositados inicialmente por el urbanizador, al considerarse en estos momentos –con la empresa en proceso concursal-, que dichos avales son inejecutables. Ante las distintas interpretaciones que hacen de la situación la empresa y los servicios jurídicos municipales, como reconocía el edil de Urbanismo, “el contencioso está servido”.
Durante el debate plenario, la portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya, describió el tema como “otro punto enquistado que lleva muchos años sobre la mesa” y mostró su disconformidad con la propuesta del equipo de gobierno, al considerar que “quieren que se haga la obra y que no las pague nadie”, en alusión a los cánones que debería pagar algunos propietarios, el cual consideró que no cuenta con cobertura jurídica. Del mismo modo, en el caso de que se requieran los gastos de urbanización a propietarios de viviendas en este sector, la concejala de Ciudadanos consideró que estos irán contra el ayuntamiento “alguien les va a tener que pagar ¿Quién lo hará?”.
Por su parte, el concejal de Compromís, Josep Lluis Romero, recordó que en su día, ante la aprobación de este programa urbanístico, su partido fue el único que votó en contra. También evidenció las problemáticas existentes con los campings de la zona y las indemnizaciones que debería percibir sus propietarios en el momento en que se quisiera ejecutar la totalidad de las unidades de actuación en las que se dividió en su momento, una cuestión que a su entender, podría acabar en los juzgados.
Romero consideró que la respuesta del ayuntamiento a la empresa ha sido ambigua, ya que al hablar de avales “debe ser más claro y contestar exactamente lo que nos están pidiendo”, además de recordar que en la ejecución de las obras se encuentran serios problemas con las cotas, que dejan a los campings un metro y medio por debajo del nivel de las calles. “Estamos ante este problema porque no se hicieron las cosas bien”.
El portavoz del PSOE, Fernando Domínguez, afirmó que el expediente “es casi kafkiano” y que la gestión realizada en este sector “ha sido realmente lamentable”, al considerar que no se deberían haber dado licencias de obra ni cédulas de habitabilidad si se tenían evidencias de que no se podría terminar todo el sector, “es un empastre, de avales inejecutables, de chiste”, señaló Domínguez. El concejal socialista señaló que la solución al problema es “pésima” y mostró su esperanza en que desde el equipo de gobierno “tengan un acuerdo bueno y positivo con la empresa”.
El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, recordó que este programa urbanístico se aprobó con los votos a favor de PP, pero también de PSOE y GIO (el grupo independiente del que Ciudadanos es heredero político no reconocido). Fabregat aseguró que “si se hubiera tenido la bola de cristal para saber que pasaría lo de la crisis”, programas como este no se hubieran iniciado. Sobre el punto objeto de debate, el concejal explicó que se plantea la responsabilidad patrimonial de la empresa y que “el acuerdo es un desacuerdo”, que con seguridad terminará en los tribunales.
En ese sentido, Josep Lluís Romero, recordó que los concejales que aprobaron este programa terminaron imputados ante un tribunal, aunque después del alcalde, Rafael Albert, matizó que a todos los denunciados se les absolvió en su momento.
El alcalde de Oropesa del Mar, a la vista de los informes técnicos favorables que avalan la decisión, reflexionó sobre la actitud de la oposición, que pese al desacuerdo con el proceso se abstuvo en lugar de votar en contra “porque, visto desde fuera, votar en contra de un informe favorable tiene un nombre, nosotros contábamos con informes técnicos favorables y todos se han abstenido”.
El Partido Popular sacó adelante en solitario la propuesta de acuerdo de levantar la suspensión de obras del Sector R-5B, solicitar la sustitución de avales para el programa urbanístico y la desestimación de las alegaciones de la empresa que cuenta con la condición de agente urbanizador, perteneciente al grupo Marina d’Or. En la votación de este acuerdo, que tuvo lugar en el pleno extraordinario celebrado el viernes 25 de mayo, tanto la concejala de Si se puede Oropesa –actualmente socia de gobierno de los populares-, como Compromís, Ciudadanos y PSOE se abstuvieron en la votación.
Todos los grupos políticos con representación en el consistorio oropesino, a excepción de Si se puede Oropesa que no intervino en el debate, coincidieron en que nos encontramos ante un tema complejo y con difícil solución.
Este programa urbanístico inició en 2006 con su aprobación definitiva, pero se vio frustrado en su desarrollo –como tantos otros en todo el país- por el infame estallido de la burbuja inmobiliaria, la fallida del sistema económico y en definitiva, la crisis galopante. El Sector R-5B cuenta con todos los ingredientes para el desastre, un programa dividido internamente en unidades de ejecución en las que ya se ha edificado en algunos solares, la crisis económica, la presencia de campings en la zona que para que se urbanicen los terrenos que ocupan se debería indemnizar por el lucro cesante, una empresa inmersa en un proceso de concurso de acreedores y un desacuerdo entre los criterios de la empresa y los de los técnicos municipales.
Según el concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, el ayuntamiento desestima las reclamaciones de la empresa y a partir de este momento, se debería continuar con la ejecución del planeamiento urbanístico aprobado, previa sustitución de los avales depositados inicialmente por el urbanizador, al considerarse en estos momentos –con la empresa en proceso concursal-, que dichos avales son inejecutables. Ante las distintas interpretaciones que hacen de la situación la empresa y los servicios jurídicos municipales, como reconocía el edil de Urbanismo, “el contencioso está servido”.
Durante el debate plenario, la portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya, describió el tema como “otro punto enquistado que lleva muchos años sobre la mesa” y mostró su disconformidad con la propuesta del equipo de gobierno, al considerar que “quieren que se haga la obra y que no las pague nadie”, en alusión a los cánones que debería pagar algunos propietarios, el cual consideró que no cuenta con cobertura jurídica. Del mismo modo, en el caso de que se requieran los gastos de urbanización a propietarios de viviendas en este sector, la concejala de Ciudadanos consideró que estos irán contra el ayuntamiento “alguien les va a tener que pagar ¿Quién lo hará?”.
Por su parte, el concejal de Compromís, Josep Lluis Romero, recordó que en su día, ante la aprobación de este programa urbanístico, su partido fue el único que votó en contra. También evidenció las problemáticas existentes con los campings de la zona y las indemnizaciones que debería percibir sus propietarios en el momento en que se quisiera ejecutar la totalidad de las unidades de actuación en las que se dividió en su momento, una cuestión que a su entender, podría acabar en los juzgados.
Romero consideró que la respuesta del ayuntamiento a la empresa ha sido ambigua, ya que al hablar de avales “debe ser más claro y contestar exactamente lo que nos están pidiendo”, además de recordar que en la ejecución de las obras se encuentran serios problemas con las cotas, que dejan a los campings un metro y medio por debajo del nivel de las calles. “Estamos ante este problema porque no se hicieron las cosas bien”.
El portavoz del PSOE, Fernando Domínguez, afirmó que el expediente “es casi kafkiano” y que la gestión realizada en este sector “ha sido realmente lamentable”, al considerar que no se deberían haber dado licencias de obra ni cédulas de habitabilidad si se tenían evidencias de que no se podría terminar todo el sector, “es un empastre, de avales inejecutables, de chiste”, señaló Domínguez. El concejal socialista señaló que la solución al problema es “pésima” y mostró su esperanza en que desde el equipo de gobierno “tengan un acuerdo bueno y positivo con la empresa”.
El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, recordó que este programa urbanístico se aprobó con los votos a favor de PP, pero también de PSOE y GIO (el grupo independiente del que Ciudadanos es heredero político no reconocido). Fabregat aseguró que “si se hubiera tenido la bola de cristal para saber que pasaría lo de la crisis”, programas como este no se hubieran iniciado. Sobre el punto objeto de debate, el concejal explicó que se plantea la responsabilidad patrimonial de la empresa y que “el acuerdo es un desacuerdo”, que con seguridad terminará en los tribunales.
En ese sentido, Josep Lluís Romero, recordó que los concejales que aprobaron este programa terminaron imputados ante un tribunal, aunque después del alcalde, Rafael Albert, matizó que a todos los denunciados se les absolvió en su momento.
El alcalde de Oropesa del Mar, a la vista de los informes técnicos favorables que avalan la decisión, reflexionó sobre la actitud de la oposición, que pese al desacuerdo con el proceso se abstuvo en lugar de votar en contra “porque, visto desde fuera, votar en contra de un informe favorable tiene un nombre, nosotros contábamos con informes técnicos favorables y todos se han abstenido”.
