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el7set
Jueves, 13 de Julio de 2017
Pleno ordinario julio

Oropesa del Mar aprueba su Cuenta General de 2016 en un debate desviado hacia los reparos de legalidad

Rafael Albert (PP) consideró que Compromís y Ciudadanos no se ciñeron al orden del día, mientras que estos partidos piden mayor voluntad por parte del ejecutivo local y “propósito de enmienda”

[Img #57774]El pleno ordinario del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, correspondiente al mes de julio, aprobó la Cuenta General del ejercicio 2016, que ha sido respaldada por los votos de PP, Ciudadanos y Compromís, el voto en contra del PSOE y la abstención de Si se puede Oropesa.

 

Este punto del orden del día ha sido aprovechado por Ciudadanos y Compromís para hablar sobre los informes de la Intervención municipal en los que se observan reparos a distintas acciones del ejecutivo local que preside Rafael Albert.

 

La portavoz de Cs, Araceli de Moya, señaló que el problemas de los reparos de legalidad en el pago de determinados gastos representan una cuestión pendiente de solución por parte del PP. En ese sentido, la concejala se mostró comprensiva con determinados gastos “inevitables” o “por competencias impropias”, aunque consideró que otros no debieron realizarse o se tuvieron que contemplar en los presupuestos, en el caso de que el reparo fuese por falta de consignación, para lo que el ejecutivo local “cuenta con un año por delante para solucionarlo”.

 

Josep Lluís Romero, concejal de Compromís, destacó “la gravedad de algunos informes de reparo”, por lo que invitó al alcalde a reflexionar sobre esta manera de proceder, “cuando te faltan argumentos políticos, la justificación son los informes técnicos”, aunque acusó al primer edil de hacer caso a dichos informes de manera discrecional, en base a la conveniencia del momento.

 

Romero criticó el pago de Productividades “que las decides desde tu magnanimidad” y adelantó que Compromís presentará una propuesta que brinda una solución legal a esta situación. También criticó el pago de horas extra, ya que no pueden excederse las 80, “con un informe del secretario, que te está diciendo que es ilegal lo que haces”.

 

También cuestionó el gasto en dulces y cátering, la contratación de una empresa para organizar la presentación de fiestas, o la organización de espectáculos, el alquiler de sillas, la iluminación de fiestas, entre otras.

 

El edil de Compromís aseguró no poner en duda la legalidad de las Ayudas Sociales para el pago de viviendas, pero si criticó que se pongan reparos por no constar en el expediente la factura del pago y un informe técnico sobre la urgencia del gasto. Así mismo mostró su sorpresa por el pago de una multa de tráfico, por aparcamiento, así como por el ascensor junto a Consum, el cual, según Romero, “hemos preguntado y el gobierno dice que es del ayuntamiento”.

 

Por todo ello, Romero lidió al PP hacer propósito de enmienda y comenzar a cumplir con la legalidad, ajustándose a los procedimientos.

 

El portavoz del PSOE, Fernando Domínguez, manifestó su intención de votar en contra de la Cuenta General del ejercicio 2016, “no por el documento en sí, que lo redactan funcionarios, sino por la parte de la gestión que han hecho, con la que no estamos de acuerdo, así como por lo que no se ha hecho y entendemos que se debería hacer”.

 

Las explicaciones del equipo de gobierno

El alcalde, Rafael Albert, criticó a Ciudadanos y Compromís por el uso que hicieron de sus intervenciones sobre una cuestión, los reparos de Intervención Municipal, que no entraban en el punto del orden del día a debate. El alcalde achacó estas argumentaciones de Romero y de Moya  a una intención de “lucirse ante el público y las cámaras”, además de “dar caña” al equipo de gobierno.

 

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Arantxa Martínez, quiso explicar el reparo de la ayuda para vivienda, argumentando que se trataba de una familia a la que se le iba a desahuciar en un plazo de tan solo dos días, por lo que de manera urgente se tuvo que parar el desahucio haciendo frente a ese pago.

 

En la rueda de prensa que se celebra al finalizar los plenos, Rafael Albert explicó que la Cuenta General es un documento puramente técnico que redacta la Interventora Municipal y la técnica de presupuestos, que es aprobado provisionalmente por la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Hacienda y Contratación, después pasa a exposición pública y finalmente se aprueba definitivamente por el pleno.

 

Albert, explicó que existen reparos en el ejercicio 2016 por competencias impropias, como es el pago de apartamentos para las dotaciones del Servicio SAMU para que tengan base en Oropesa del Mar, así como viviendas para los médicos que atienden en los Consultorios auxiliares, que tratándose de competencias de la Generalitat Valenciana, las asume el consistorio para que se pueda prestar el servicio.

 

No obstante, respecto a ese punto, este año se han hecho gestiones ante el gobierno autonómico para que se autorice la sostenibilidad del gasto, solicitando que el Ayuntamiento de Oropesa del Mar asuma esas competencias, para que el gasto deje de ser por competencias impropias y deje de tener reparos de Intervención.

 

Sobre la posibilidad de comprar las sillas para fiestas, el alcalde señaló que “hablar de lo que cuesta de 2003 a 2017 hace que parezca muchísimo dinero”, el gasto en dulces y catering que una panadería tenga una cantidad mucho mayor a las otras dos obedece, explicó el alcalde, al hecho de que una de ellas sirve coquetes de Sant Antoni y catering, mientras que las otras dos solo tienen servicio de las mencionadas coquetes, aclaró que la multa que se ha pagado corresponde a un funcionario municipal, el cual fue sancionado en un vehículo municipal cuando realizaba una gestión encargada por el ayuntamiento.

 

Además el primer edil insistió en la voluntad por su parte de ir reduciendo la cantidad de reparos, ya que de los más de 700 del año 2015, en la Cuenta General de 2016 ha habido 177 menos. Al mismo tiempo, justificó que sean cantidades que en principio puedan parecer tan altas por el hecho de que son cuestiones, como los alquileres para la SAMU, que se repiten mensualmente, pero ahora en lugar de pagar las horas extras, ese tiempo se les compensa con días libres a los trabajadores.

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