Pleno extraordinario
Compromis arroja sombras sobre la concesión de agua potable en Orpesa al contener un estudio redactado por una empresa investigada en la trama Púnica
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado someter a información pública el anteproyecto de explotación para la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en las zonas I y II del municipio, un trámite obligatorio por llevar aparejado el contrato la realización de obras. Este contrato implica a 16.340 viviendas, de las cerca de 30.000 que existen en el término municipal.
El contrato, según explicó el portavoz del PP, Tomás Fabregat, incluye100.000 euros anuales en obras de mejora de la red de agua potable, para alcanzar en el plazo de cinco años –máximo legal para una concesión de este tipo- el nivel óptimo de la red, pasando del actual 60% de eficiencia a un 75%. Tanto el Partido Popular como PSOE, Ciudadanos y Si se puede Oropesa coincidieron en señalar que se trataba de un mero trámite administrativo, al que nada vieron que objetar.
Sin embargo, desde Compromís, el concejal Josep Lluís Romero sí que tuvo algo que objetar, no tanto sobre el trámite propiamente dicho, sino respecto a la consultora que realiza el estudio económico que se incluye en el expediente. Romero explicó en su intervención que la consultora Coordinadora de Gestión de Ingresos, redactora de este informe, y su administrador único, Francesc Xavier Termens Girona, consta como investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la tristemente célebre trama “Púnica”, además de otros procesos judiciales abiertos en Catalunya, en consistorios como el de Torredembarra o la Seu d’Urgell.
El concejal preguntó al ejecutivo local que preside Rafael Albert, “¿Quién ha sido el genio que ha escogido una empresa con estos antecedentes?”, además de inquirir sobre el coste de este informe a las arcas municipales. Para Romero, esta contratación genera numerosas dudas, reiterando la solicitud de explicaciones sobre “la persona que ha traído a esta empresa y cuanto ha costado”, además de sus dudas se basan en “los antecedentes que tiene esta empresa, solo hay que hacer una búsqueda en Google”.
En la posterior rueda de prensa, a preguntas de este medio, Rafael Albert señaló que se trata de una empresa investigada, pero no condenada, asegurando la total legalidad de los informes por la supervisión de los técnicos del ayuntamiento “todos los trabajos externos son confirmados por los técnicos municipales”.
Tomas Fabregat añadió que “lo que importa es el contenido”, mediante el que se pueden plantear las necesarias medidas de mejora de la red, el plan de ejecución del anteproyecto y las obras necesarias “el informe dice el estado en el que se encuentra la red”.
Terció de nuevo el alcalde para añadir que, a falta de otras cuestiones que debatir, Compromís había optado por apuntar a la empresa redactora del estudio, asegurando que “ningún político ha elegido a esta empresa”, añadiendo que el documento está avalado por los técnicos de la casa. Al contar con informes técnicos favorables, Albert fue más allá, en un giro retórico, señalando que “Romero ha dicho públicamente que votar en contra de un informe técnico tiene un nombre. Votamos a favor solo cuando hay informes favorables (que lo avalen). Romero vota el 80% de las veces en contra de los informes de los técnicos, y eso tiene un nombre”.
Al insistir en preguntar sobre quien encargó a esta empresa el informe, la respuesta fue tan lacónica como amplia “un funcionario”.
Modificación de la tasa de ayuda a domicilio
En la sesión plenaria se introdujo una modificación de la ordenanza reguladora de las tasas para el servicio de ayuda a domicilio, que según la concejala Arantxa Martínez, amplía la ratio de potenciales beneficiarios, al ampliar el máximo de ingresos, pasando de los 4.500 euros anuales a los actuales 7.500 euros anuales, lo que amplía en un 605 el número de personas que pueden acogerse a estas ayudas, por lo que muchos de ellos pagarán el mínimo del 10% del coste del servicio. La propuesta contó con un respaldo unánime.
Plan Local de Prevención de Incendios Forestales
El consistorio aprobó también por unanimidad someter a información pública el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, explicó que desde noviembre de 2016 se aprobó provisionalmente este documento, remitiéndose a la Consellería para su estudio. A raíz de esta remisión, el ente autonómico ha introducido algunas modificaciones (cartografía, viales, red de hidrantes), que el consistorio ha incorporado al nuevo texto, que ahora se expone al público. Una vez transcurra el periodo de información pública, el documento se volverá a trasladar a la Consellería competente para su aprobación definitiva.
Renuncia a la dedicación exclusiva del alcalde por jubilación
Salvo Compromís, que se abstuvo, todos los grupos con representación municipal aprobaron la renuncia del alcalde, Rafael Albert, a su dedicación exclusiva a partir del próximo 1 de octubre. El motivo es que el primer edil alcanzó la edad de jubilación, por lo que pasará a percibir su correspondiente pensión, de modo que a partir de octubre solo cobrará por asistencia a órganos colegiados (plenos y comisiones).
Rafael Albert consideró que la abstención de Compromís era “curiosa”, recordándole a este grupo municipal que cuando se modificó el cobro por asistencias, para eliminar el límite de un pleno y una comisión mensuales “ese día dijo Marta (portavoz de Compromís) que era ‘una vergüenza’ lo que se estaba aprobando y el PSOE dijo que era ‘escandaloso’, pero deja de serlo cuando entra el euro en el bolsillo”.
El alcalde de Oropesa del Mar pasará de recibir un sueldo de 3.000 euros brutos (2.215 euros netos) a cobrar alrededor de 1.100 euros mensuales netos.
Fondo Social de Vivienda
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar creará un Fondo Social de Vivienda para paliar las necesidades de aquellos vecinos con bajos recursos económicos que lo precisen. La concejala de Servicios Sociales, Arantxa Martínez, señaló en su intervención en el pleno que se trata de una iniciativa dirigida a aquellas familias que están a punto de perder su vivienda por falta de recursos económicos, de modo que se garantice el derecho a la vivienda digna consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española.
El proyecto pretende mediar entre arrendatario y arrendador para crear una bolsa de vivienda a precios accesibles. Para hacer atractiva la propuesta para los propietarios de viviendas en alquiler, el ayuntamiento bonificará en un 90% el IBI de estos inmuebles.
La concejala de Servicios Sociales señaló que en Oropesa del Mar, en un mercado especulativo por naturaleza, no existe oferta de viviendas asequibles para personas con bajos ingresos, por lo que se hace necesario este programa.
No obstante, los posibles beneficiarios deberán justificar unos ingresos por unidad familiar de 1.120 euros como mínimo, para garantizar su capacidad económica para hacer frente al pago.
Ante la complejidad del asunto, las múltiples dudas y aportaciones que se quisieron introducir en el documento, el alcalde Rafael Albert, convocó una reunión de los grupos municipales para consensuar las aportaciones, que se realizarían durante el periodo de exposición pública.
Todos los grupos respaldaron la propuesta, excepto el PSOE, que se abstuvo.
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado someter a información pública el anteproyecto de explotación para la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable en las zonas I y II del municipio, un trámite obligatorio por llevar aparejado el contrato la realización de obras. Este contrato implica a 16.340 viviendas, de las cerca de 30.000 que existen en el término municipal.
El contrato, según explicó el portavoz del PP, Tomás Fabregat, incluye100.000 euros anuales en obras de mejora de la red de agua potable, para alcanzar en el plazo de cinco años –máximo legal para una concesión de este tipo- el nivel óptimo de la red, pasando del actual 60% de eficiencia a un 75%. Tanto el Partido Popular como PSOE, Ciudadanos y Si se puede Oropesa coincidieron en señalar que se trataba de un mero trámite administrativo, al que nada vieron que objetar.
Sin embargo, desde Compromís, el concejal Josep Lluís Romero sí que tuvo algo que objetar, no tanto sobre el trámite propiamente dicho, sino respecto a la consultora que realiza el estudio económico que se incluye en el expediente. Romero explicó en su intervención que la consultora Coordinadora de Gestión de Ingresos, redactora de este informe, y su administrador único, Francesc Xavier Termens Girona, consta como investigada por la Fiscalía Anticorrupción por el caso de la tristemente célebre trama “Púnica”, además de otros procesos judiciales abiertos en Catalunya, en consistorios como el de Torredembarra o la Seu d’Urgell.
El concejal preguntó al ejecutivo local que preside Rafael Albert, “¿Quién ha sido el genio que ha escogido una empresa con estos antecedentes?”, además de inquirir sobre el coste de este informe a las arcas municipales. Para Romero, esta contratación genera numerosas dudas, reiterando la solicitud de explicaciones sobre “la persona que ha traído a esta empresa y cuanto ha costado”, además de sus dudas se basan en “los antecedentes que tiene esta empresa, solo hay que hacer una búsqueda en Google”.
En la posterior rueda de prensa, a preguntas de este medio, Rafael Albert señaló que se trata de una empresa investigada, pero no condenada, asegurando la total legalidad de los informes por la supervisión de los técnicos del ayuntamiento “todos los trabajos externos son confirmados por los técnicos municipales”.
Tomas Fabregat añadió que “lo que importa es el contenido”, mediante el que se pueden plantear las necesarias medidas de mejora de la red, el plan de ejecución del anteproyecto y las obras necesarias “el informe dice el estado en el que se encuentra la red”.
Terció de nuevo el alcalde para añadir que, a falta de otras cuestiones que debatir, Compromís había optado por apuntar a la empresa redactora del estudio, asegurando que “ningún político ha elegido a esta empresa”, añadiendo que el documento está avalado por los técnicos de la casa. Al contar con informes técnicos favorables, Albert fue más allá, en un giro retórico, señalando que “Romero ha dicho públicamente que votar en contra de un informe técnico tiene un nombre. Votamos a favor solo cuando hay informes favorables (que lo avalen). Romero vota el 80% de las veces en contra de los informes de los técnicos, y eso tiene un nombre”.
Al insistir en preguntar sobre quien encargó a esta empresa el informe, la respuesta fue tan lacónica como amplia “un funcionario”.
Modificación de la tasa de ayuda a domicilio
En la sesión plenaria se introdujo una modificación de la ordenanza reguladora de las tasas para el servicio de ayuda a domicilio, que según la concejala Arantxa Martínez, amplía la ratio de potenciales beneficiarios, al ampliar el máximo de ingresos, pasando de los 4.500 euros anuales a los actuales 7.500 euros anuales, lo que amplía en un 605 el número de personas que pueden acogerse a estas ayudas, por lo que muchos de ellos pagarán el mínimo del 10% del coste del servicio. La propuesta contó con un respaldo unánime.
Plan Local de Prevención de Incendios Forestales
El consistorio aprobó también por unanimidad someter a información pública el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, explicó que desde noviembre de 2016 se aprobó provisionalmente este documento, remitiéndose a la Consellería para su estudio. A raíz de esta remisión, el ente autonómico ha introducido algunas modificaciones (cartografía, viales, red de hidrantes), que el consistorio ha incorporado al nuevo texto, que ahora se expone al público. Una vez transcurra el periodo de información pública, el documento se volverá a trasladar a la Consellería competente para su aprobación definitiva.
Renuncia a la dedicación exclusiva del alcalde por jubilación
Salvo Compromís, que se abstuvo, todos los grupos con representación municipal aprobaron la renuncia del alcalde, Rafael Albert, a su dedicación exclusiva a partir del próximo 1 de octubre. El motivo es que el primer edil alcanzó la edad de jubilación, por lo que pasará a percibir su correspondiente pensión, de modo que a partir de octubre solo cobrará por asistencia a órganos colegiados (plenos y comisiones).
Rafael Albert consideró que la abstención de Compromís era “curiosa”, recordándole a este grupo municipal que cuando se modificó el cobro por asistencias, para eliminar el límite de un pleno y una comisión mensuales “ese día dijo Marta (portavoz de Compromís) que era ‘una vergüenza’ lo que se estaba aprobando y el PSOE dijo que era ‘escandaloso’, pero deja de serlo cuando entra el euro en el bolsillo”.
El alcalde de Oropesa del Mar pasará de recibir un sueldo de 3.000 euros brutos (2.215 euros netos) a cobrar alrededor de 1.100 euros mensuales netos.
Fondo Social de Vivienda
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar creará un Fondo Social de Vivienda para paliar las necesidades de aquellos vecinos con bajos recursos económicos que lo precisen. La concejala de Servicios Sociales, Arantxa Martínez, señaló en su intervención en el pleno que se trata de una iniciativa dirigida a aquellas familias que están a punto de perder su vivienda por falta de recursos económicos, de modo que se garantice el derecho a la vivienda digna consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española.
El proyecto pretende mediar entre arrendatario y arrendador para crear una bolsa de vivienda a precios accesibles. Para hacer atractiva la propuesta para los propietarios de viviendas en alquiler, el ayuntamiento bonificará en un 90% el IBI de estos inmuebles.
La concejala de Servicios Sociales señaló que en Oropesa del Mar, en un mercado especulativo por naturaleza, no existe oferta de viviendas asequibles para personas con bajos ingresos, por lo que se hace necesario este programa.
No obstante, los posibles beneficiarios deberán justificar unos ingresos por unidad familiar de 1.120 euros como mínimo, para garantizar su capacidad económica para hacer frente al pago.
Ante la complejidad del asunto, las múltiples dudas y aportaciones que se quisieron introducir en el documento, el alcalde Rafael Albert, convocó una reunión de los grupos municipales para consensuar las aportaciones, que se realizarían durante el periodo de exposición pública.
Todos los grupos respaldaron la propuesta, excepto el PSOE, que se abstuvo.
