Pleno extraordinario
PP, PSOE y Si se puede Oropesa desestiman los recursos de la anterior jefa de urbanismo contra la modificación de la plantilla
PP y Ciudadanos aprueban la modificación puntual del PGOU para legalizar el edificio Bernat
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El Ayuntamiento de Oropesa del Mar arranca 2018 con una intensa agenda de plenos, con la celebración de un pleno extraordinario urgente el martes 16 de enero, tan solo un día después de la celebración del pleno ordinario. En esta convocatoria, se debatían dos puntos de gran calado, por las repercusiones que puedan tener ambos en el ámbito jurídico y económico para el consistorio.
En primer lugar se debatió la desestimación del Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por la anterior jefa del departamento municipal de urbanismo contra el acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2017 de aprobación definitiva de la Modificación de la RPT número 1 y de la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, solicitado por la funcionaria, del mismo acuerdo plenario.
Sobre este asunto PP, PSOE y Si se puede Oropesa votaron a favor, mientras que Compromís y Ciudadanos votaron en contra.
El otro punto del orden del día era la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa del Mar en el sector noroeste para legalizar el edificio Bernat, que se encuentra sujeto a un proceso judicial por haberse construido de manera irregular. El punto salió adelante con los votos de PP y Ciudadanos, absteniéndose PSOE y Si se puede Oropesa, mientras que Compromís votó en contra de la propuesta.
Un asunto camino a los tribunales
La aprobación de esta propuesta ponía fin a la vía administrativa, por lo que a la funcionaria solo le quedará el recurso de los tribunales de justicia para presentar un contencioso administrativo contra esta decisión. El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, explicaba la postura del ejecutivo local, reiterando en cada interpelación que los informes son claros, que cuentan con la potestad de organizar los recursos humanos y materiales con los que cuenta el ayuntamiento, que la división del área de urbanismo puede ser más eficaz y “el tiempo nos dirá si esto será acertado o no acertado”. Aunque el portavoz del PP quiso reconducir el debate hacia la desestimación de los recursos, las intervenciones de la oposición tuvieron otro cariz.
En rueda de prensa, el edil insistió en que el gobierno municipal apoya la medida para mayor eficacia y eficiencia de los recursos, manifestando que tras esta decisión existe únicamente una buena voluntad de que sea una medida efectiva “cuando se nombra jefa se hace porque se espera un mejor funcionamiento y ahora se hace lo mismo”.
La portavoz de Si se puede Oropesa, Arantxa Martínez, solo manifestó que se mantenía en la misma postura que hasta la fecha sobre esta cuestión, siguiendo el camino marcado por PP y PSOE.
Desde Ciudadanos, su portavoz, Araceli de Moya, criticó que se someta a la consideración del pleno los cambios en la relación de puestos de trabajo de la plantilla municipal, pero no se les consultó en su día a la hora de elaborar esa misma plantilla.
La portavoz de Cs señaló que no se ha abierto ningún expediente disciplinario contra esta funcionaria “para que se pueda defender”, aludiendo el ejecutivo local en la argumentación esgrimida a la hora de cambiarla de puesto “a un mal funcionamiento en abstracto, sin concretar en que funciona mal”, por lo que no se mostró de acuerdo con este procedimiento que, a su entender, causa indefensión, algo que también ha argumentado la funcionaria en sus alegaciones.
De Moya mostró su malestar por el hecho de que se les diera solo unas horas para estudiar esta propuesta de acuerdo y de que solo se les diera la opción de apoyarlo o abstenerse. También llamó la atención sobre el argumento de que la funcionaria se atribuyó unilateralmente las atribuciones de jefa de urbanismo, por lo que preguntó al equipo de gobierno “¿cómo lo permitieron?”, señalando además de que la propuesta no cuenta con ningún informe ni favorable ni desfavorable para poder tomar una decisión y que esta debe estar debidamente motivada. Además, la concejala de Ciudadanos señaló que, en el último año y medio, esta persona no estaba al frente del departamento de urbanismo, que seguía presentando deficiencias significativas en su gestión, por lo que instó a cambiar más cosas.
El portavoz adjunto de Compromís, Josep Lluís Romero señalaba en su intervención que “las cosas no se están haciendo bien” y consideraba que “no se justifica en ningún momento cuales son los argumentos para retirar a esta persona de la jefatura de Urbanismo”, ya que se resume en una providencia de alcaldía y un informe del secretario municipal “de cuatro líneas”. Romero criticó que “se nos está diciendo a los concejales lo que tenemos que votar”. El concejal de Compromís explicó que a la funcionaria se le ha retirado la firma digital, se le ha desalojado de su despacho y esto ella lo considera como una actuación irregular, “y contestan que es inverosímil”, por lo que preguntó si no se habían dado cuenta de que tenía un cartel en su despacho que ponía que era Jefa de Urbanismo, o que enviaba correos electrónicos con firma digital, o que ha sido desalojada de su despacho.
Romero argumentó que “durante 7 u 8 años ha estado firmando como jefa de área, sus informes han venido a pleno conformados por el secretario” avalados por la firma del funcionario municipal, algo que, a juicio del edil, “sin la aquiescencia de alguien del PP, resulta poco creíble que sucediera”. Por ese motivo, el Grupo Municipal de Compromís justificó su voto afirmando que “no nos gusta como se está llevando este expediente y no queremos participar, no se necesita unanimidad para eso”. El edil cuestionó al ejecutivo local sobre la responsabilidad derivada del año y medio que esta funcionaria no ha sido jefa de urbanismo, preguntando quien era el responsable de que no haya ido bien este tiempo el área y qué medidas se van a tomar con este funcionario.
No obstante, Romero vaticinó el camino que tomará esta cuestión afirmando que “la realidad se abrirá paso, esto terminará en los juzgados, porque la verdad no se tiene por mayoría o por hacer informes”.
El Grupo Socialista se mantuvo en su apoyo al PP y Si se puede, aunque reconoció que se trata de “un episodio mal gestionado por el equipo de gobierno”. Coincidió en la necesidad de organizar mejor el área de urbanismo y confió en el criterio de “la jerarquía administrativa” para dar un voto de confianza al ejecutivo local en esta decisión, a la espera de que redunde en una mejor atención al ciudadano y una mejor tramitación de los expedientes. Aunque se mostró comprensivo con la postura de la funcionaria, el portavoz Fernando Domínguez, reiteró su apoyo, invocando el mejor funcionamiento del Ayuntamiento.
De nuevo el edificio Bernat
La del edificio Bernat de Oropesa del Mar es una larga (más de 30 años) y tortuosa historia urbanística que llegó a los tribunales y que ahora, después de una sentencia de derribo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tiene un último cartucho que quemar antes de una millonaria indemnización por ese derribo, que no es otra que la aceptación de un acuerdo entre las partes para entregar una indemnización a los afectados de 1,5 millones de euros en varios pagos. Para materializar este acuerdo, que aún debe ser aceptado por la Sala para que esta considere el acuerdo como ejecución de sentencia, el requisito imprescindible era la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa del Mar para legalizar esta edificación, punto que fue llevado a pleno este martes 16 de enero y que recibió el respaldo de PP y Ciudadanos, mientras que PSOE y Si se puede Oropesa se abstenían y Compromís, votaba en contra de la propuesta.
Antes de debatir el punto, Compromís presentó una enmienda de adición, para garantizar que se incoe un expediente al arquitecto municipal y los concejales que respaldaron la aprobación de este edificio, que fue rechazada por el voto de calidad del alcalde, Rafael Albert, al votar a favor de la enmienda Compromís, Cs y PSOE, mientras que la socia de gobierno de Si se puede Oropesa, Arantxa Martínez, se abstuvo, dándose un empate resuelto en segunda votación por el primer edil.
Arantxa Martínez consideró la solución como la menos mala, absteniéndose por falta de información sobre un tema que se inició cuando ella tenía 3 años de edad.
Araceli de Moya, desde Ciudadanos, también destacó el tiempo transcurrido, coincidiendo en dar una solución lo más rápida posible a este problema, fruto de las irregularidades que se dieron en este edificio, que llevó al ayuntamiento a ser condenado. Criticó no haber llegado antes a un acuerdo con las partes, pero reconoció que la modificación puntual del PGOU “será un paso previo para la homologación de la sentencia”.
Sobre la petición de responsabilidades, De Moya aseguró que la ley contempla de oficio la delimitación de las responsabilidades, que se deberán pedir a técnicos y concejales.
Josep Lluís Romero (Compromís), defendió la legitimidad de su enmienda, al considerar que en anteriores ocasiones ya ha habido sentencias condenatorias para el ayuntamiento y no se han depurado las responsabilidades, poniendo como ejemplo el Edificio Paris, el Edificio Torre Paquita y Portomar, expediente este en el que se aceptó una enmienda de Compromís para que se incoara un expediente que determinara las responsabilidades, “es la misma enmienda, y entonces se aceptó y ahora no”.
Romero explicó que nada tenía que decir sobre el fondo del punto, la modificación, pero si sobre la falta de depuración de responsabilidades. “No discuto que lo contemple la ley, pero este ayuntamiento no lo hace”, concluyó.
Fernando Domínguez (PSOE), señaló que después de tantos años el pueblo tendrá que pagar por los errores de otros, dudando además de que no se hubiera podido llegar a un acuerdo antes. Al no ser tenida en cuenta su opinión sobre el PGOU en su nueva redacción, el portavoz socialista manifestó que su grupo se abstendría en la modificación puntual, “si no viniera unida a esta situación, votaríamos que no”.
El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, puso de manifiesto que la modificación puntual del PGOU regulariza la situación del edificio, minimizando el coste para las arcas municipales, “esto no nos garantiza al 100% la homologación de la sentencia. Esperemos que la Sala lo acepte y dé la sentencia por cumplida”, aclarando que el acuerdo ha sido difícil por lo enconado de las posiciones de ambas partes y que “este no es el momento de pedir responsabilidades”.
El alcalde, Rafael Albert, concluía el debate criticando las contradicciones en las que había entrado la portavoz de Ciudadanos y que la enmienda de Compromís se presentó en base a una ley derogada y con fecha del mes de febrero próximo, un desliz que calificó como de “copia y pega”.
En la rueda de prensa posterior al pleno los representantes del ejecutivo local no quisieron entrar a especificar cuantos expedientes sancionadores hay abiertos para delimitar responsabilidades derivadas de sentencias judiciales ni a que sentencias corresponden, indicando que “cuando estén cerrados se darán a conocer, no antes”.
Rafael Albert explicó que cuando se construyó el edificio Bernat (años 1984-86), el alcalde pertenecía al GIO, y en el consistorio estaban representados PP y PSOE. La problemática surgió a raíz de una concesión de licencia, con informes favorables, que precisaba de un informe del Consejo de Ministros (entonces no existían los órganos autonómicos de urbanismo), el cual no fue solicitado por el secretario, que ya ha fallecido.
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar arranca 2018 con una intensa agenda de plenos, con la celebración de un pleno extraordinario urgente el martes 16 de enero, tan solo un día después de la celebración del pleno ordinario. En esta convocatoria, se debatían dos puntos de gran calado, por las repercusiones que puedan tener ambos en el ámbito jurídico y económico para el consistorio.
En primer lugar se debatió la desestimación del Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por la anterior jefa del departamento municipal de urbanismo contra el acuerdo de fecha 15 de noviembre de 2017 de aprobación definitiva de la Modificación de la RPT número 1 y de la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, solicitado por la funcionaria, del mismo acuerdo plenario.
Sobre este asunto PP, PSOE y Si se puede Oropesa votaron a favor, mientras que Compromís y Ciudadanos votaron en contra.
El otro punto del orden del día era la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa del Mar en el sector noroeste para legalizar el edificio Bernat, que se encuentra sujeto a un proceso judicial por haberse construido de manera irregular. El punto salió adelante con los votos de PP y Ciudadanos, absteniéndose PSOE y Si se puede Oropesa, mientras que Compromís votó en contra de la propuesta.
Un asunto camino a los tribunales
La aprobación de esta propuesta ponía fin a la vía administrativa, por lo que a la funcionaria solo le quedará el recurso de los tribunales de justicia para presentar un contencioso administrativo contra esta decisión. El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, explicaba la postura del ejecutivo local, reiterando en cada interpelación que los informes son claros, que cuentan con la potestad de organizar los recursos humanos y materiales con los que cuenta el ayuntamiento, que la división del área de urbanismo puede ser más eficaz y “el tiempo nos dirá si esto será acertado o no acertado”. Aunque el portavoz del PP quiso reconducir el debate hacia la desestimación de los recursos, las intervenciones de la oposición tuvieron otro cariz.
En rueda de prensa, el edil insistió en que el gobierno municipal apoya la medida para mayor eficacia y eficiencia de los recursos, manifestando que tras esta decisión existe únicamente una buena voluntad de que sea una medida efectiva “cuando se nombra jefa se hace porque se espera un mejor funcionamiento y ahora se hace lo mismo”.
La portavoz de Si se puede Oropesa, Arantxa Martínez, solo manifestó que se mantenía en la misma postura que hasta la fecha sobre esta cuestión, siguiendo el camino marcado por PP y PSOE.
Desde Ciudadanos, su portavoz, Araceli de Moya, criticó que se someta a la consideración del pleno los cambios en la relación de puestos de trabajo de la plantilla municipal, pero no se les consultó en su día a la hora de elaborar esa misma plantilla.
La portavoz de Cs señaló que no se ha abierto ningún expediente disciplinario contra esta funcionaria “para que se pueda defender”, aludiendo el ejecutivo local en la argumentación esgrimida a la hora de cambiarla de puesto “a un mal funcionamiento en abstracto, sin concretar en que funciona mal”, por lo que no se mostró de acuerdo con este procedimiento que, a su entender, causa indefensión, algo que también ha argumentado la funcionaria en sus alegaciones.
De Moya mostró su malestar por el hecho de que se les diera solo unas horas para estudiar esta propuesta de acuerdo y de que solo se les diera la opción de apoyarlo o abstenerse. También llamó la atención sobre el argumento de que la funcionaria se atribuyó unilateralmente las atribuciones de jefa de urbanismo, por lo que preguntó al equipo de gobierno “¿cómo lo permitieron?”, señalando además de que la propuesta no cuenta con ningún informe ni favorable ni desfavorable para poder tomar una decisión y que esta debe estar debidamente motivada. Además, la concejala de Ciudadanos señaló que, en el último año y medio, esta persona no estaba al frente del departamento de urbanismo, que seguía presentando deficiencias significativas en su gestión, por lo que instó a cambiar más cosas.
El portavoz adjunto de Compromís, Josep Lluís Romero señalaba en su intervención que “las cosas no se están haciendo bien” y consideraba que “no se justifica en ningún momento cuales son los argumentos para retirar a esta persona de la jefatura de Urbanismo”, ya que se resume en una providencia de alcaldía y un informe del secretario municipal “de cuatro líneas”. Romero criticó que “se nos está diciendo a los concejales lo que tenemos que votar”. El concejal de Compromís explicó que a la funcionaria se le ha retirado la firma digital, se le ha desalojado de su despacho y esto ella lo considera como una actuación irregular, “y contestan que es inverosímil”, por lo que preguntó si no se habían dado cuenta de que tenía un cartel en su despacho que ponía que era Jefa de Urbanismo, o que enviaba correos electrónicos con firma digital, o que ha sido desalojada de su despacho.
Romero argumentó que “durante 7 u 8 años ha estado firmando como jefa de área, sus informes han venido a pleno conformados por el secretario” avalados por la firma del funcionario municipal, algo que, a juicio del edil, “sin la aquiescencia de alguien del PP, resulta poco creíble que sucediera”. Por ese motivo, el Grupo Municipal de Compromís justificó su voto afirmando que “no nos gusta como se está llevando este expediente y no queremos participar, no se necesita unanimidad para eso”. El edil cuestionó al ejecutivo local sobre la responsabilidad derivada del año y medio que esta funcionaria no ha sido jefa de urbanismo, preguntando quien era el responsable de que no haya ido bien este tiempo el área y qué medidas se van a tomar con este funcionario.
No obstante, Romero vaticinó el camino que tomará esta cuestión afirmando que “la realidad se abrirá paso, esto terminará en los juzgados, porque la verdad no se tiene por mayoría o por hacer informes”.
El Grupo Socialista se mantuvo en su apoyo al PP y Si se puede, aunque reconoció que se trata de “un episodio mal gestionado por el equipo de gobierno”. Coincidió en la necesidad de organizar mejor el área de urbanismo y confió en el criterio de “la jerarquía administrativa” para dar un voto de confianza al ejecutivo local en esta decisión, a la espera de que redunde en una mejor atención al ciudadano y una mejor tramitación de los expedientes. Aunque se mostró comprensivo con la postura de la funcionaria, el portavoz Fernando Domínguez, reiteró su apoyo, invocando el mejor funcionamiento del Ayuntamiento.
De nuevo el edificio Bernat
La del edificio Bernat de Oropesa del Mar es una larga (más de 30 años) y tortuosa historia urbanística que llegó a los tribunales y que ahora, después de una sentencia de derribo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tiene un último cartucho que quemar antes de una millonaria indemnización por ese derribo, que no es otra que la aceptación de un acuerdo entre las partes para entregar una indemnización a los afectados de 1,5 millones de euros en varios pagos. Para materializar este acuerdo, que aún debe ser aceptado por la Sala para que esta considere el acuerdo como ejecución de sentencia, el requisito imprescindible era la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Oropesa del Mar para legalizar esta edificación, punto que fue llevado a pleno este martes 16 de enero y que recibió el respaldo de PP y Ciudadanos, mientras que PSOE y Si se puede Oropesa se abstenían y Compromís, votaba en contra de la propuesta.
Antes de debatir el punto, Compromís presentó una enmienda de adición, para garantizar que se incoe un expediente al arquitecto municipal y los concejales que respaldaron la aprobación de este edificio, que fue rechazada por el voto de calidad del alcalde, Rafael Albert, al votar a favor de la enmienda Compromís, Cs y PSOE, mientras que la socia de gobierno de Si se puede Oropesa, Arantxa Martínez, se abstuvo, dándose un empate resuelto en segunda votación por el primer edil.
Arantxa Martínez consideró la solución como la menos mala, absteniéndose por falta de información sobre un tema que se inició cuando ella tenía 3 años de edad.
Araceli de Moya, desde Ciudadanos, también destacó el tiempo transcurrido, coincidiendo en dar una solución lo más rápida posible a este problema, fruto de las irregularidades que se dieron en este edificio, que llevó al ayuntamiento a ser condenado. Criticó no haber llegado antes a un acuerdo con las partes, pero reconoció que la modificación puntual del PGOU “será un paso previo para la homologación de la sentencia”.
Sobre la petición de responsabilidades, De Moya aseguró que la ley contempla de oficio la delimitación de las responsabilidades, que se deberán pedir a técnicos y concejales.
Josep Lluís Romero (Compromís), defendió la legitimidad de su enmienda, al considerar que en anteriores ocasiones ya ha habido sentencias condenatorias para el ayuntamiento y no se han depurado las responsabilidades, poniendo como ejemplo el Edificio Paris, el Edificio Torre Paquita y Portomar, expediente este en el que se aceptó una enmienda de Compromís para que se incoara un expediente que determinara las responsabilidades, “es la misma enmienda, y entonces se aceptó y ahora no”.
Romero explicó que nada tenía que decir sobre el fondo del punto, la modificación, pero si sobre la falta de depuración de responsabilidades. “No discuto que lo contemple la ley, pero este ayuntamiento no lo hace”, concluyó.
Fernando Domínguez (PSOE), señaló que después de tantos años el pueblo tendrá que pagar por los errores de otros, dudando además de que no se hubiera podido llegar a un acuerdo antes. Al no ser tenida en cuenta su opinión sobre el PGOU en su nueva redacción, el portavoz socialista manifestó que su grupo se abstendría en la modificación puntual, “si no viniera unida a esta situación, votaríamos que no”.
El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, puso de manifiesto que la modificación puntual del PGOU regulariza la situación del edificio, minimizando el coste para las arcas municipales, “esto no nos garantiza al 100% la homologación de la sentencia. Esperemos que la Sala lo acepte y dé la sentencia por cumplida”, aclarando que el acuerdo ha sido difícil por lo enconado de las posiciones de ambas partes y que “este no es el momento de pedir responsabilidades”.
El alcalde, Rafael Albert, concluía el debate criticando las contradicciones en las que había entrado la portavoz de Ciudadanos y que la enmienda de Compromís se presentó en base a una ley derogada y con fecha del mes de febrero próximo, un desliz que calificó como de “copia y pega”.
En la rueda de prensa posterior al pleno los representantes del ejecutivo local no quisieron entrar a especificar cuantos expedientes sancionadores hay abiertos para delimitar responsabilidades derivadas de sentencias judiciales ni a que sentencias corresponden, indicando que “cuando estén cerrados se darán a conocer, no antes”.
Rafael Albert explicó que cuando se construyó el edificio Bernat (años 1984-86), el alcalde pertenecía al GIO, y en el consistorio estaban representados PP y PSOE. La problemática surgió a raíz de una concesión de licencia, con informes favorables, que precisaba de un informe del Consejo de Ministros (entonces no existían los órganos autonómicos de urbanismo), el cual no fue solicitado por el secretario, que ya ha fallecido.
