El Ayuntamiento de Torreblanca aprobó en 2017 una rebaja en el IBI que no entró en vigor al no publicarse “en tiempo y forma”

El Ayuntamiento de Torreblanca aprobó el año pasado una reducción del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles propuesta por el equipo de gobierno que forman PSPV, exCiudadanos y Compromís, pero esta rebaja no llegó a aplicarse a los contribuyentes, ya que no se publicó definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia, motivo por el cual no entró en vigor.

Este fue el corolario del anuncio de una nueva bajada del tipo de gravamen de este impuesto, que pasará del 0,536% al 0,4915%, realizada durante el pleno ordinario del 31 de octubre y con la que el ejecutivo local pretendía continuar con las bajadas de impuestos durante su legislatura, ensombrecida por el fiasco del pasado año.

La primera teniente de alcalde, Rosana Villanueva, explicó la intención del gobierno del que forma parte de reducir la presión fiscal a los vecinos, aunque reconoció que la bajada del año pasado no pudo hacerse efectiva “por causas ajenas al equipo de gobierno”, al no haberse publicado “en tiempo y forma”, por lo que prometió que en esta ocasión “estaremos pendientes”, para que el acuerdo se certifique y publique “en tiempo y forma”, añadiendo que esas tareas “no son cosa de los políticos”.

La portavoz del PP, María Ferrando, quiso hacer sangre con el patinazo y recriminó el hecho de que no se aplicase la rebaja aprobada, instando al ejecutivo local a gestionar que ahora se lleve a cabo la tramitación, “ahora los contribuyentes van a pagar más por su ineficiencia” y negó que se trate de un error del que no tienen responsabilidad los políticos, “causas ajenas no, sube el recibo del IBI por una mala gestión”.

El debate derivó hacia la revisión catastral realizada durante el gobierno del PP y la revisión solicitada por el actual ejecutivo para equiparar la ponencia de valores a la realidad inmobiliaria post crisis.

Para ahondar más si cabe en el pleito casado que mantiene el equipo de gobierno con el secretario municipal, las alusiones hacia el funcionario –entre las que se incluyó la posibilidad de depurar responsabilidades- hicieron que este pidiera la palabra durante el pleno, algo que se está convirtiendo en costumbre, para defenderse de las acusaciones dirigidas contra él. El máximo garante de la legalidad en el consistorio aseguró que todos los procedimientos se realizan con la máxima celeridad, pero incidió en que se mire la fecha en la que se tomó el acuerdo plenario, lo que según su criterio, imposibilitaba la tramitación a tiempo del expediente, “no creo que hubiera tiempo de hacer la certificación”. La fecha a la que se refería el secretario municipal era el 27 de diciembre, víspera de los Santos Inocentes, para más guasa.

Al no realizarse la certificación y publicación definitiva del acuerdo, la rebaja aprobada no entró en vigor al año siguiente. Este no es el primer enfrentamiento público entre gobierno y Secretario, ya que el funcionario redactó un contundente informe sobre el PAI del Golf en el que consideraba que el expediente había caducado y se debía reiniciar para llevar a cabo una nueva adjudicación.

Reducción de la dedicación

El pleno también aprobó por unanimidad la reducción de la dedicación parcial del concejal del PSPV, Amadeo Fabregat, solicitada por motivos profesionales y personales, por lo que ahora pasarán a ser 8  las horas semanales que dedique a sus labores como concejal delegado.

Desde el PP, la portavoz María Ferrando consideró coherente la decisión de Fabregat, solicitando a la alcaldesa, Josefa Tena, la revisión de las retribuciones que reciben otros miembros del equipo de gobierno “hay otros miembros que cobran una dedicación que no se ganan desde el primer día”.

La alcaldesa respondió a las peticiones del PP afirmando que se están estudiando otros casos, que serán resueltos “más adelante”.