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el7set
Miércoles, 08 de Mayo de 2019
Tribunales
El Juzgado abre diligencias previas contra la alcaldesa de Torreblanca por presunta prevaricación administrativa
El Grupo Popular denunció el pago sistemático por parte de Josefa Tena de facturas con reparos del Interventor municipal, que en 2017 ascendieron a 1.892.023,70 euros
![[Img #72287]](http://el7set.es/upload/images/05_2019/6742_josefatena2.jpg)
El Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Castellón ha abierto procedimiento de diligencias previas contra la alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena Martínez (PSPV-PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Municipal Popular en el ayuntamiento de la localidad.
Los concejales del Grupo Popular pusieron en conocimiento del Juzgado de Guardia los pagos autorizados mediante Resolución de la Alcaldía por parte de la alcaldesa “con informe desfavorable del Interventor del Ayuntamiento de Torreblanca” ascendiendo estos en 2017 a un total de 1.892.023,70 euros, tal como señalan en el escrito de denuncia los ediles del PP, a lo que añaden que “el pago de dinero público contraviniendo los informes del Interventor supera el 42% del presupuesto”.
Como parte de esas diligencias previas declararán el 5 de junio los concejales del PP denunciantes, María Ferrando, José Antonio López, Inmaculada Segura, Rosana Fabregat y Francisco Nayen, el 6 de junio lo hará el que en el momento de la denuncia era el Interventor municipal, y posteriormente lo hará una de las empresas cuyos pagos se realizaron a pesar de los reparos de la Intervención Municipal.
Aunque inicialmente el Juzgado ha citado a declarar a solo a la empresa que mayor número de facturas con reparo y por mayor importe total se le han pagado, dedicada a mantenimiento de instalaciones eléctricas, la denuncia del Grupo Popular incluye otros conceptos como servicio de grúa, catering, gestoría, fontanería, materiales de fontanería y ferretería, carburantes, alquiler de bicicletas para el gimnasio municipal, mantenimiento de vehículos municipales, agua para consumo en dependencias municipales, plataforma electrónica GESTIONA o el mantenimiento de ascensores, al considerar el Interventor municipal que deberían ser objeto de licitación para no vulnerar la ley de contratos, en cuanto a fraccionamiento de contratos mediante la fórmula de contratos menores en servicios.
Los denunciantes sostienen que, ante los continuos reparos del Interventor al pago de diversos gastos “hemos puesto en conocimiento del juzgado los hechos, para que determinen si existe alguna irregularidad”. Del mismo modo, señalan que el Interventor Municipal en sus informes de reparo respecto a diferentes facturas deja constancia de que “si se hubiera contratado conjuntamente (en alusión al conjunto de facturas de la misma empresa pagadas hasta la fecha) todas las prestaciones, entre las cuales existe vinculación, no se hubiera podido acudir a la figura del contrato menor, debiendo haberse aplicado las normas de publicidad y concurrencia que en el presente caso han sido eludidas”.
El Juzgado de Instrucción Número Cuatro de Castellón ha abierto procedimiento de diligencias previas contra la alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena Martínez (PSPV-PSOE), por un presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Municipal Popular en el ayuntamiento de la localidad.
Los concejales del Grupo Popular pusieron en conocimiento del Juzgado de Guardia los pagos autorizados mediante Resolución de la Alcaldía por parte de la alcaldesa “con informe desfavorable del Interventor del Ayuntamiento de Torreblanca” ascendiendo estos en 2017 a un total de 1.892.023,70 euros, tal como señalan en el escrito de denuncia los ediles del PP, a lo que añaden que “el pago de dinero público contraviniendo los informes del Interventor supera el 42% del presupuesto”.
Como parte de esas diligencias previas declararán el 5 de junio los concejales del PP denunciantes, María Ferrando, José Antonio López, Inmaculada Segura, Rosana Fabregat y Francisco Nayen, el 6 de junio lo hará el que en el momento de la denuncia era el Interventor municipal, y posteriormente lo hará una de las empresas cuyos pagos se realizaron a pesar de los reparos de la Intervención Municipal.
Aunque inicialmente el Juzgado ha citado a declarar a solo a la empresa que mayor número de facturas con reparo y por mayor importe total se le han pagado, dedicada a mantenimiento de instalaciones eléctricas, la denuncia del Grupo Popular incluye otros conceptos como servicio de grúa, catering, gestoría, fontanería, materiales de fontanería y ferretería, carburantes, alquiler de bicicletas para el gimnasio municipal, mantenimiento de vehículos municipales, agua para consumo en dependencias municipales, plataforma electrónica GESTIONA o el mantenimiento de ascensores, al considerar el Interventor municipal que deberían ser objeto de licitación para no vulnerar la ley de contratos, en cuanto a fraccionamiento de contratos mediante la fórmula de contratos menores en servicios.
Los denunciantes sostienen que, ante los continuos reparos del Interventor al pago de diversos gastos “hemos puesto en conocimiento del juzgado los hechos, para que determinen si existe alguna irregularidad”. Del mismo modo, señalan que el Interventor Municipal en sus informes de reparo respecto a diferentes facturas deja constancia de que “si se hubiera contratado conjuntamente (en alusión al conjunto de facturas de la misma empresa pagadas hasta la fecha) todas las prestaciones, entre las cuales existe vinculación, no se hubiera podido acudir a la figura del contrato menor, debiendo haberse aplicado las normas de publicidad y concurrencia que en el presente caso han sido eludidas”.
