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Tomas Torres
Domingo, 26 de Enero de 2020

La Generalitat Valenciana plantea una revisión del Pativel y el Patricova para ampliar la protección del litoral frente a los temporales

El endurecimiento de los condicionantes o la ampliación de las zonas a proteger en el litoral podrían reabrir el debate sobre proyectos urbanísticos en Alcossebre, Oropesa del Mar y el golf de Torrenostra

La respuesta de las administraciones públicas a la emergencia surgida por el destructivo paso de la borrasca Gloria por el litoral de la Comunidad Valenciana ha sido inmediata, en lo que a valoración de daños y creación de los mecanismos de respuesta en cuanto a financiación y actuación se refiere para paliar los efectos del temporal en las playas.

 

En esa línea de apoyo institucional se enmarcan los acuerdos del Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana, que aprobó de manera inmediata las actuaciones para paliar los daños producidos por el temporal marítimo, de nieve, lluvia, viento y fenómenos costeros ocurridos en el mes de enero de 2020, con mayor incidencia en los días 19, 20, 21 y 22, que han afectado, fundamentalmente, a infraestructuras del litoral de la Comunitat Valenciana.

 

De este modo, se instó al Gobierno de España a la declaración de los municipios afectados como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y a la tramitación de subvenciones para la atención de necesidades derivadas de dicha declaración.

 

Además, se apremia la tramitación de ayudas de carácter paliativo para atender necesidades derivadas de otros siniestros y catástrofes y a la preparación de la normativa correspondiente, así como a la solicitud de activación del fondo de solidaridad de la Unión Europea para catástrofes naturales graves.

 

Pero la calma tras la tempestad amenaza con ser breve, no en lo meteorológico, sino en la reacción del Gobierno del Botànic a lo sucedido, que comienza a alimentar una mar de fondo administrativa que podría generar nuevas tormentas políticas y económicas en los próximos meses.

 

Tanto el president Ximo Puig como la vicepresidenta, Mónica Oltra, han coincidido en la necesidad a medio plazo de revisar el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde (Pativel) como el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) para incorporar "medidas estructurales que ayuden a prevenir y luchar contra los temporales, que cada vez serán más frecuentes".

 

Las declaraciones del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, también dejan entrever que la gestión de las costas españolas podría replantearse para estudiar las acciones que realmente tienen sentido en materia de reparación del litoral. El jefe del Ejecutivo apeló a la cooperación institucional para responder a los daños por el temporal, pero deslizó la idea de que hay que replantearse la gestión del litoral, ya que no se puede invertir en infraestructuras “que en unos meses van a ser dañadas por estos fenómenos”.

 

Aunque no han trascendido las actuaciones a realizar, las acciones estarán dirigidas al endurecimiento de la aplicación de ambos protocolos en la zona litoral de la Comunitat Valenciana. Ante las voces que se alzaron en su momento con la entrada en vigor, principalmente del Pativel, el gobierno valenciano considera que las medidas se quedaron “cortas” ante la situación de emergencia climática que vivimos.

 

La aplicación del Pativel en el término municipal de Alcalà de Xivert-Alcossebre suscitó una importante polémica que enfrentó a la Generalitat con el Ayuntamiento y los propietarios de suelo, por lo que cualquier aumento en la protección del litoral –recordemos que afecta al suelo ubicado en los primeros 500 metros declarándolos no urbanizables protegidos y hasta los 1.000 metros con otros modelos de protección- detonará a buen seguro más protestas.

 

Por lo que respecta a la costa de Torreblanca, el proyecto más afectado es el de la construcción de un campo de golf con una urbanización de 4.000 viviendas en el litoral de Torrenostra, el cual actualmente cuenta con una moratoria de cuatro años –de los que se ha cumplido ya el primero y vamos camino al segundo- para el inicio de sus obras. Una Agrupación de Interés Urbanístico encabezada por la Sareb y el Banco Sabadell ha mostrado interés en desarrollar el proyecto, pero cualquier cambio en los plazos o las condiciones de protección de esta zona litoral podría poner en peligro la viabilidad del proyecto.

 

 

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