Ferrando y Martínez pasan al grupo de No Adscritos y anuncian que irán a los tribunales para recurrir su expulsión

El pleno ordinario del mes de febrero en el Ayuntamiento de Torreblanca se convirtió en un resumen de las polémicas que han ido arrastrándose desde el convulso inicio de la presente legislatura. Como si de un “En episodios anteriores…” se tratara, la sesión plenaria, a la que asistió un numeroso público entre el que destacaba una importante presencia de cargos de Compromís, dio cabida a otro episodio del culebrón del PP y sus dos expulsados, las delegaciones que se les otorgaron por parte de la alcaldesa, el amago de subida de retribuciones del equipo de gobierno, el Mas del Campàs, intercalados con declaraciones institucionales sobre el Día de la Mujer y la solicitud de ayudas para paliar los daños de la borrasca, así como las obras de mejora de la red de aguas a cargo de FACSA.

La secretaria accidental notificó al pleno al inicio de la sesión de la nueva situación de los concejales María Ferrando y Antonio Martínez, que pasan a formar parte del grupo municipal de No Adscritos. La alcaldesa, Josefa Tena, firmó la resolución a la luz de los escritos presentados por el Partido Popular, en los que se le comunicaba la expulsión de ambos ediles y la designación de Tania Agut como nueva portavoz de los populares.

María Ferrando tomó la palabra, a pesar de las protestas de Tania Agut, para intentar dar lectura a un escrito, aunque solo pudo hacerlo parcialmente ante las protestas y las peticiones de brevedad de la alcaldesa. Ferrando se remontó a la noche del 26 de mayo, la noche electoral, y manifestó que se les había considerado No Adscritos en contra de su voluntad y anunció que recurrirá a la vía judicial para defender sus derechos como concejales elector del Partido Popular. Acusó públicamente al ex alcalde, Juan Manuel Peraire, y al empresario Julián Agut de ordenarle que ofreciera sus votos a la candidata de Compromís y señaló que está siendo descalificada junto a su compañero por aquellos que promovieron la candidatura de Ciudadanos. A esas alturas el ventilador funcionaba a todo dar y el pleno aún ni empezaba. El amotinamiento de la oposición forzó a la alcaldesa socialista a pedir brevedad a María Ferrando, quien finalmente no pudo leer su escrito por completo.

Las escaramuzas tuvieron como epílogo el punto de Ruegos y Preguntas, en el que los miembros de la menguante oposición realizaron un despliegue de imaginación y bastante sarcasmo para dirigir sus dardos contra los dos nuevos concejales del grupo de No Adscritos. La nueva situación, además de haber variado el paisaje del salón plenario, representa un verdadero desafío al concepto de la lógica y la filosofía del “Principio de no contradicción”, que establece que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pues bien, nos encontramos ante la circunstancia de que los concejales expulsados del PP no se consideran expulsados del PP, pese a estar en el grupo de No Adscritos se reivindican como concejales electos del PP, al ser acusados de tránsfugas no se consideran tránsfugas y al señalarlos como miembros del equipo de gobierno no se consideran miembros del equipo de gobierno. Ni si ni no, sino todo lo contrario. Posiblemente los tribunales le quitarán a toda esta cuestión el manto filosófico para revestirla de mundanas y aburridas sentencias, si se diera el caso de ponerlo frente a un togado.

Otras cuestiones

La empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua potable, FACSA, invertirá 56.963,26 euros en obras de mejora de las infraestructuras, con las que se renovará la red de la parte final de la Avenida de Castellón (43.224 euros), la red de Cami dels Romans (4.785 euros), la red del Cami Vell del Mar (6.109 euros) y la conexión de los bombeos de la zona de El Palmeral para que desagüen en la red de saneamiento en cumplimiento de la normativa.

Desde Compromís se pidió consensuar las inversiones que se realicen en el futuro, proponiendo medidas como el uso de ozono para potabilizar el agua o la instalación de paneles solares para suministrar electricidad a las instalaciones de la red de aguas potables y de saneamiento.

El pleno también aprobó el reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de una factura correspondiente al sistema de audio empleado en la representación de La Passió del año pasado. La alcaldesa, Josefa Tena, explicó ante las crítica de los concejales de la oposición que la asociación de La Passió solicitó contratar a una empresa de confianza para realizar la instalación del sistema de audio para la representación, por estar muy satisfechos con los resultados de anteriores ocasiones. Esto entraba en conflicto con la posibilidad de que el ayuntamiento asumiera el gasto mediante un contrato menor, por estar prohibido realizar dos contrataciones directas mediante este tipo de contratos con la misma empresa dos años consecutivos. No obstante, como señaló Tena, el concejal Carlos Albert, entonces responsable de Cultura, asumió la responsabilidad y conformó la factura, pero después nadie se hizo cargo del pago, pese a que existía crédito suficiente en el presupuesto y que el trabajo se había realizado efectivamente, así que ahora se debía recurrir al reconocimiento extrajudicial. Para este año la subvención de la Diputación de Castellón será nominal y sufragará este gasto completamente, lo que resolverá para el futuro este problema.

Las críticas de PP, Ciudadanos y Compromís giraron en torno a la falta de previsión para eludir estor problemas, el tiempo transcurrido para resolverlo y la deficiente gestión económica que llevan a cabo desde el ejecutivo que forman PSOE y Torreblanca Decide.

Protección del Mas del Campàs

El pleno de enero ya fue casi un monográfico sobre el patrimonio local y el Mas del Campàs, que había sufrido un pequeño derrumbe un uno de sus muros y que además presentaba un lamentable estado de abandono, con las puertas de acceso abiertas y grandes cantidades de basura en su interior.

PSOE, Torreblanca Decide y los dos concejales entonces aún en el PP, María Ferrando y Antonio Martínez, cerraron la puerta a la moción de urgencia de Compromís para abordar esta problemática y profundizar en la protección del patrimonio local. Ese era el segundo intento de la coalición valencianista después de que en la comisión previa al pleno de enero la presentaran para su inclusión en el orden del día. Quien piense que a la tercera va la vencida se equivoca. La del pasado jueves fue la tercera vez que Compromís proponía un debate sobre la cuestión, pero Torreblanca Decide y PSOE le hicieron la envolvente con una enmienda a la totalidad –que es lo mismo que decir la tuya a la basura y debatimos la mía- que dejó de nuevo a Compromís compuesta y sin moción.

La portavoz, Miriam Pañella, se mostró sorprendida por la enmienda y preocupada por el hecho de que todo pase por la cuarta planta del ayuntamiento y concretamente por el despacho de la concejala de Urbanismo, Rosa Ana Villanueva, “que abarca con sus tentáculos hasta el patrimonio”. Para la portavoz de Compromís, la acción de Villanueva denota miedo a que este bien patrimonial se llegue a considerar Bien de Interés Cultural (ahora es Bien Inmueble de Relevancia Local). Según Pañella, los expertos consultados coinciden en que el edificio cuenta con características que lo harían acreedor de la condición de BIC, poniendo como modelo la recuperación de edificios singulares como la iglesia de Sant Francesc y la Torre de Guaita de Torrenostra.  Para Compromís, Villanueva está más preocupada de defender los intereses de los actuales propietarios del edificio que el patrimonio en sí.

Tania Agut, portavoz del PP, se mostró de acuerdo en proteger el edificio, pero consideró necesarios más informes técnicos para respaldar la propuesta, por lo que propuso que se dejara encima de la mesa el punto para ser debatido y aprobado en un próximo pleno, petición que no recibió el respaldo necesario.

Rosa Ana Villanueva replicó a Compromís diciendo que por fin la portavoz de Compromís “hoy ha reconocido que lo que quiere es un BIC”. La concejala de Urbanismo consideró demostrado que el edificio cuenta con protección y aseguró haber realizado gestiones telefónicas para que los propietarios mantengan adecuadamente el inmueble, por lo que defendió que la enmienda a la totalidad presentada pide lo mismo que la de Compromís, pero a renglón seguido aseguró que era “una moción que decía de todo menos que había caído una pared”. La negativa de Villanueva se fundamentaba en que en 2001, según aseguró, se solicitó la declaración de BIC y esta fue denegada.

La escalada dialéctica fue creciendo en intensidad, con Pañella acusando a Villanueva de tergiversar sus palabras y esta llamándola malcriada. Todo muy edificante. La concejala de Urbanismo dijo que Miriam Pañella “quiso hacer ver al pleno que no estaba protegido el edificio”, mientras que Pañella consideraba que era la titular de Urbanismo la que hacía sombras chinescas para demostrar que si lo estaba.