El PSOE declara que las tasas judiciales obstaculizan el acceso a la justicia

El pasado 22 de noviembre entró en vigor la ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

“Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento con evidente afán de ocultación a los ciudadanos, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales”, declaran los socialistas.

La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, explican que erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.

Para el PSOE “la contrarreforma emprendida por el PP, supone un cambio normativo radical y se produce sin haber aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo largo de su tramitación en ambas Cámaras y con la oposición frontal del Grupo Socialista, al extenderse el pago de tasas judiciales a toda persona física y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso administrativo y social”.

Esta Ley, manifiestan que tiene “un claro objetivo recaudatorio y al mismo tiempo obstaculiza el derecho de acceso a la justicia, por lo que puede convertirse en un  grave impedimento para la obtención de tutela judicial efectiva de la mayoría de los ciudadanos”.

Por todo ello, los socialistas proponen que el pleno municipal inste al Gobierno de España a  “adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales para garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial”.