Opinión
La Justicia
Hechos recientes han elevado el grado de preocupación sobre nuestro sistema judicial, especialmente el penal; con independencia, pues de los procedimientos concretos y la validez, o digamos justeza de sus resultados, el hecho es que el grado de satisfacción en relación a la justicia es bajo, y eso, no es bueno. Todo parece reducirse a un problema de jueces, como prueba de esta cortedad de miras tenemos las anunciadas reformas que ha propuesto el nuevo Ministro de Justicia.
Limitando este breve comentario a todo el conjunto de interrogantes que se suscitan, a causa de sonados procesos penales, bueno, y también, a otros de claro consumo mediático, tenemos unas leyes a aplicar, algunas nuevas como el código penal de 2003, que han introducido figuras a perseguir y castigar, tratando de superar las insuficiencias de un código que venía rigiendo desde hacía más de cien años. Así, el capítulo de los delitos cometidos por autoridades y funcionarios se amplio y dotó de figuras, algunas de las cuales, como la tráfico de influencias, cohecho, o prevaricación, son el núcleo de casos más o menos sonados de estos días.
Pese a todo, y la voluntad de acabar con la lentitud y las dilaciones de los procedimientos, como plantaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, los procesos en muchos casos se dilatan, interesadamente; no hay agilidad, los retrasos y los formalismos persisten, y siempre la justicia tropieza con maniobras para evitar su acción y el esclarecimiento de los hechos. ¿Y qué podemos decir de los medios probatorios?. Este es otro capítulo, la necesidad de probar es necesaria, pero una cosa es eso, y otra, la incapacidad, la falta de medios modernos de prueba.
En líneas generales, desde las altas instancias judiciales se ha achacado lo endémico de la situación a la carencia del número suficiente de jueces, sin negar que tal vez esa sea una parte, me permitiría dudar de esa sola “explicación”. Además, de los jueces hay que reparar en las platillas de funcionarios, y sobre todo, en el sistema que tenemos, ya que que deja resquicios por donde con unos abogados se consigue alargar la cosa, o incluso dudar de la veracidad de las evidencias, como acabamos de comprobar en el caso de los trajes.
Cesare Becaria, en 1764, resumió las principales problemas de la justicia penal y abrió las puertas a grandes cambios en las legislaciones avanzadas, ya entonces escribió. ” Hay algunos delitos que son al mismo tiempo frecuentes en la sociedad y de prueba difícil”. Este es nuestro caso, y habrá que indagar, interrogar-se colectivamente porque es así, y sobre todo como podemos superar ese déficit.
Hay un debate abierto, un debate que debe hacerse desde muchas instancias, algunas profesionales o técnicas, otras sociales, colectivas, desde la misma practica cotidiana. Eso que llamamos corrupción, cohecho, en sus diversas manifestaciones, las practicas que se salen de lo admisible…, todo para poder ser castigado, tiene que probarse y , en eso, queda mucho trecho que hacer, o hasta ahora poco se ha avanzado, o querido avanzar.
Hechos recientes han elevado el grado de preocupación sobre nuestro sistema judicial, especialmente el penal; con independencia, pues de los procedimientos concretos y la validez, o digamos justeza de sus resultados, el hecho es que el grado de satisfacción en relación a la justicia es bajo, y eso, no es bueno. Todo parece reducirse a un problema de jueces, como prueba de esta cortedad de miras tenemos las anunciadas reformas que ha propuesto el nuevo Ministro de Justicia.
Limitando este breve comentario a todo el conjunto de interrogantes que se suscitan, a causa de sonados procesos penales, bueno, y también, a otros de claro consumo mediático, tenemos unas leyes a aplicar, algunas nuevas como el código penal de 2003, que han introducido figuras a perseguir y castigar, tratando de superar las insuficiencias de un código que venía rigiendo desde hacía más de cien años. Así, el capítulo de los delitos cometidos por autoridades y funcionarios se amplio y dotó de figuras, algunas de las cuales, como la tráfico de influencias, cohecho, o prevaricación, son el núcleo de casos más o menos sonados de estos días.
Pese a todo, y la voluntad de acabar con la lentitud y las dilaciones de los procedimientos, como plantaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, los procesos en muchos casos se dilatan, interesadamente; no hay agilidad, los retrasos y los formalismos persisten, y siempre la justicia tropieza con maniobras para evitar su acción y el esclarecimiento de los hechos. ¿Y qué podemos decir de los medios probatorios?. Este es otro capítulo, la necesidad de probar es necesaria, pero una cosa es eso, y otra, la incapacidad, la falta de medios modernos de prueba.
En líneas generales, desde las altas instancias judiciales se ha achacado lo endémico de la situación a la carencia del número suficiente de jueces, sin negar que tal vez esa sea una parte, me permitiría dudar de esa sola “explicación”. Además, de los jueces hay que reparar en las platillas de funcionarios, y sobre todo, en el sistema que tenemos, ya que que deja resquicios por donde con unos abogados se consigue alargar la cosa, o incluso dudar de la veracidad de las evidencias, como acabamos de comprobar en el caso de los trajes.
Cesare Becaria, en 1764, resumió las principales problemas de la justicia penal y abrió las puertas a grandes cambios en las legislaciones avanzadas, ya entonces escribió. ” Hay algunos delitos que son al mismo tiempo frecuentes en la sociedad y de prueba difícil”. Este es nuestro caso, y habrá que indagar, interrogar-se colectivamente porque es así, y sobre todo como podemos superar ese déficit.
Hay un debate abierto, un debate que debe hacerse desde muchas instancias, algunas profesionales o técnicas, otras sociales, colectivas, desde la misma practica cotidiana. Eso que llamamos corrupción, cohecho, en sus diversas manifestaciones, las practicas que se salen de lo admisible…, todo para poder ser castigado, tiene que probarse y , en eso, queda mucho trecho que hacer, o hasta ahora poco se ha avanzado, o querido avanzar.
