Una situación de largo recorrido
Torreblanca incoa el expediente para retirar a Urbanizadora Torremar su condición de agente urbanizador en el PAI Doña Blanca Golf
El Ayuntamiento de Torreblanca ha aprobado la incoación de un expediente de resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la mercantil Urbanizadora Torremar y/o resolución del programa.
![[Img #33182]](upload/img/periodico/img_33182.jpg)
Esta situación deriva del estancamiento que ha vivido el proyecto durante los últimos años, hasta que en fechas recientes, el 1 de abril, la empresa adjudicataria del programa presentara un escrito en el que solicitaba el inicio de un expediente de resolución “de mutuo acuerdo”.
En las actuales circunstancias, la representación de esta mercantil se encuentra trufada de mercantiles que actúan en calidad de consejeras delegadas de la adjudicataria, una situación que poca o ninguna claridad aporta a la resolución de un conflicto que ahora entra en una fase en la que la empresa, después de recibir la adjudicación del PAI Doña Blanca Golf a finales de la legislatura 1999-2003.
El punto ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, mientras que BLOC y PSOE han votado en contra.
La portavoz del PSOE, Josefa Tena, presentó una enmienda a la propuesta, con la intención de que se determinara claramente que existe una causa justificada que hace inviable un acuerdo de mutuo acuerdo, por estar contemplado en la legislación, además que solicitar que el acuerdo se votara dividido en dos partes diferenciadas, para no condicionar su voto. La petición socialista no prosperó.
En nombre del Equipo de Gobierno, el concejal José Antonio López, insistió en el hecho de que la propuesta de la adjudicataria incluye la expresión “mutuo acuerdo” en su planteamiento, pero que no por ello esa idea coincide con el pensamiento del ejecutivo local.
López apeló a los informes técnicos que se redactarán para ser incluidos en el expediente que se incoaba este martes 6 de mayo, los cuales determinarán con que actitud se enfrenta la resolución de la adjudicación.
El representante de BLOC-Compromís, Carlos García, manifestó desconocer cual es la intención del Equipo de Gobierno respecto a esta cuestión, al tiempo que acusó al ejecutivo local de ser incapaces de gestionar el PAI durante los últimos siete años, criticando lo que consideró “falta de trasparencia” en la gestión, además de considerar que “no dan información clara a la ciudadanía”, al no haber tenido en cuenta a nadie a la hora de tomar decisiones.
En su turno de réplica, la concejala socialista, Josefa Tena, volvió a manifestar su preocupación por el hecho de que sea la empresa Urbanizadora Torremar la que tenga la iniciativa en cuanto a las condiciones de la negociación para la resolución del conflicto, por lo que insistió en dejar claro que el expediente se incoa a instancias de Urbanizadora Torremar “y creemos que se esconden las causas”, apuntó, señalado que “debería haberlo pedido el Ayuntamiento de oficio”. También manifestó su preocupación por asegurar la incautación de los avales, en el caso de que fruto de este expediente se derivasen indemnizaciones.
López, en respuesta al portavoz del BLOC, señaló que en la búsqueda de responsabilidades políticas “su partido no quedaría en buen lugar”, considerando el retraso como imputable a la gestión de los nacionalistas durante su pacto con el PSOE.
Respecto a las peticiones de los socialistas, el portavoz popular insistió en que ahora se trajo a pleno el inicio del expediente, por lo que habrá que esperar a que se desahoguen los informes preceptivos por parte de los técnicos municipales para determinar el escenario en el que se llevará a cabo la extinción de la relación con Urbanizadora Torremar y las condiciones de el acuerdo que se adopte, o por el contrario las medidas legales que se deban adoptar para la resolución de este conflicto.
Una situación de largo recorrido
El proyecto del campo de golf y urbanización Doña Blanca Golf, se convirtió en el proyecto estrella de la Homologación del Litoral de Torreblanca que se tramitó a finales de la década de los noventa en un municipio en el que el tren del turismo no había tenido parada históricamente.
Ubicado entre dos bastiones turísticos como Alcossebre y Oropesa del Mar, Torreblanca siempre vio con complejo de inferioridad un desarrollo económico que en la localidad se mantenía en un modelo propio de los años 70, del turismo familiar de sol y playa.
El germen de este macro proyecto surgió durante el mandato de José María Pañella en el Ayuntamiento de Torreblanca, cuando se propuso la construcción de una pequeña urbanización en los terrenos conocidos como El Campás, pertenecientes del Grupo Gimeno.
De esa propuesta se pasó a un proyecto “emblemático”, un campo de golf, en los tiempos en los que estos no proliferaban de la manera que lo hicieron en años posteriores por la geografía levantina.
La necesidad de mas terrenos y la ausencia de un Plan General vigente en el municipio llevó al consistorio a la necesidad de establecer unas nuevas normas de planeamiento para la franja litoral, la Homologación del Litoral de Torreblanca, que suponía la recalificación como urbanizable de cerca de dos millones de metros cuadrados en la franja norte del litoral del municipio.
La aprobación llegaba en un singular momento político en el ayuntamiento, en el que convivían en un equipo de gobierno PP, PSOE y BLOC, con los independientes del CIP en la oposición.
A las vísperas de las elecciones municipales de 2003, se produce la ruptura del pacto y la formación de un nuevo equipo de gobierno entre CIP y PP, que se ve en la responsabilidad de aprobar el PAI del golf, así como otras actuaciones urbanísticas en el municipio.
Finalmente, solo PP y CIP respaldan el campo de golf en las votaciones, oponiéndose a la aprobación del PAI tanto BLOC como PSOE por desacuerdos en el precio de la venta del 10% de aprovechamiento.
Tras las elecciones municipales de 2003 no se produjo el esperado efecto cinco mas tres ocho que planteaba el pacto PP-CIP, y el Ayuntamiento de Torreblanca queda en manos de un bipartito BLOC-PSOE, no exento de polémicas y desacuerdos, llegando incluso a no poder investir a un candidato en la primera votación por desencuentros entre socialistas y nacionalistas.
Esto llevó al entonces ya militante del PP, Juan Manuel Peraire, a ostentar durante siete meses la alcaldía en minoría.
El acceso de nacionalistas y socialistas al gobierno municipal llevó también la situación del PAI del Golf a un nuevo talante en las negociaciones de las condiciones para el desarrollo. Disconformes con el precio del 10% aprobado, las presiones del nuevo ejecutivo local, se negocia con la empresa hasta alcanzar un acuerdo que duplica mediante un convenio urbanístico para ejecución de obras municipales la compensación para el Ayuntamiento de Torreblanca por la venta del aprovechamiento.
El equipo de gobierno PSOE, BLOC colapsa durante la legislatura con graves desencuentros entre los concejales de uno y otro partido, hasta el punto de la total separación de la acción de gobierno.
Es durante este periodo cuando el PP acusa a unos y otros de no haber llevado a cabo la reparcelación del PAI necesaria para el avance del proyecto. No obstante, las consignas para la ralentización del programa de actuación también se hicieron llegar por diferentes vías, ajenas al gobierno municipal.
En las elecciones municipales, en las que el BLOC basó toda su campaña en el convenio obtenido en su negociación con Urbanizadora Torremar, con el lema “Por dos mil millones de razones” (traducción en pesetas del importe en euros del convenio singular). Sin embargo PP y BLOC sufren una debacle electoral y son incapaces de superar a un pujante PSOE que vive la cúspide de su techo electoral en el municipio.
Ante la imposibilidad de un pacto nacionalistas-socialistas por la clara animadversión que se manifiestan los cabezas de lista, el PSOE termina en la oposición gracias a un pacto PP-BLOC, que retoma el PAI.
Pero para entonces ya era el principio del fin de la burbuja inmobiliaria. Se retiran del proyecto algunas de las empresas que lo habían liderado, recayendo la responsabilidad del mismo en la unidad inmobiliaria de Bancaja.
Los plazos se dilatan. Se negocia. Hay presiones y amagos de inicios de obras con máquinas y desbroces. El resto es historia reciente.
Ahora el Ayuntamiento de Torreblanca espera una resolución que ponga fin a casi veinte años de tramitación de un sueño, que nunca llegó a materializarse.
El Ayuntamiento de Torreblanca ha aprobado la incoación de un expediente de resolución de la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la mercantil Urbanizadora Torremar y/o resolución del programa.
Esta situación deriva del estancamiento que ha vivido el proyecto durante los últimos años, hasta que en fechas recientes, el 1 de abril, la empresa adjudicataria del programa presentara un escrito en el que solicitaba el inicio de un expediente de resolución “de mutuo acuerdo”.
En las actuales circunstancias, la representación de esta mercantil se encuentra trufada de mercantiles que actúan en calidad de consejeras delegadas de la adjudicataria, una situación que poca o ninguna claridad aporta a la resolución de un conflicto que ahora entra en una fase en la que la empresa, después de recibir la adjudicación del PAI Doña Blanca Golf a finales de la legislatura 1999-2003.
El punto ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno, mientras que BLOC y PSOE han votado en contra.
La portavoz del PSOE, Josefa Tena, presentó una enmienda a la propuesta, con la intención de que se determinara claramente que existe una causa justificada que hace inviable un acuerdo de mutuo acuerdo, por estar contemplado en la legislación, además que solicitar que el acuerdo se votara dividido en dos partes diferenciadas, para no condicionar su voto. La petición socialista no prosperó.
En nombre del Equipo de Gobierno, el concejal José Antonio López, insistió en el hecho de que la propuesta de la adjudicataria incluye la expresión “mutuo acuerdo” en su planteamiento, pero que no por ello esa idea coincide con el pensamiento del ejecutivo local.
López apeló a los informes técnicos que se redactarán para ser incluidos en el expediente que se incoaba este martes 6 de mayo, los cuales determinarán con que actitud se enfrenta la resolución de la adjudicación.
El representante de BLOC-Compromís, Carlos García, manifestó desconocer cual es la intención del Equipo de Gobierno respecto a esta cuestión, al tiempo que acusó al ejecutivo local de ser incapaces de gestionar el PAI durante los últimos siete años, criticando lo que consideró “falta de trasparencia” en la gestión, además de considerar que “no dan información clara a la ciudadanía”, al no haber tenido en cuenta a nadie a la hora de tomar decisiones.
En su turno de réplica, la concejala socialista, Josefa Tena, volvió a manifestar su preocupación por el hecho de que sea la empresa Urbanizadora Torremar la que tenga la iniciativa en cuanto a las condiciones de la negociación para la resolución del conflicto, por lo que insistió en dejar claro que el expediente se incoa a instancias de Urbanizadora Torremar “y creemos que se esconden las causas”, apuntó, señalado que “debería haberlo pedido el Ayuntamiento de oficio”. También manifestó su preocupación por asegurar la incautación de los avales, en el caso de que fruto de este expediente se derivasen indemnizaciones.
López, en respuesta al portavoz del BLOC, señaló que en la búsqueda de responsabilidades políticas “su partido no quedaría en buen lugar”, considerando el retraso como imputable a la gestión de los nacionalistas durante su pacto con el PSOE.
Respecto a las peticiones de los socialistas, el portavoz popular insistió en que ahora se trajo a pleno el inicio del expediente, por lo que habrá que esperar a que se desahoguen los informes preceptivos por parte de los técnicos municipales para determinar el escenario en el que se llevará a cabo la extinción de la relación con Urbanizadora Torremar y las condiciones de el acuerdo que se adopte, o por el contrario las medidas legales que se deban adoptar para la resolución de este conflicto.
Una situación de largo recorrido
El proyecto del campo de golf y urbanización Doña Blanca Golf, se convirtió en el proyecto estrella de la Homologación del Litoral de Torreblanca que se tramitó a finales de la década de los noventa en un municipio en el que el tren del turismo no había tenido parada históricamente.
Ubicado entre dos bastiones turísticos como Alcossebre y Oropesa del Mar, Torreblanca siempre vio con complejo de inferioridad un desarrollo económico que en la localidad se mantenía en un modelo propio de los años 70, del turismo familiar de sol y playa.
El germen de este macro proyecto surgió durante el mandato de José María Pañella en el Ayuntamiento de Torreblanca, cuando se propuso la construcción de una pequeña urbanización en los terrenos conocidos como El Campás, pertenecientes del Grupo Gimeno.
De esa propuesta se pasó a un proyecto “emblemático”, un campo de golf, en los tiempos en los que estos no proliferaban de la manera que lo hicieron en años posteriores por la geografía levantina.
La necesidad de mas terrenos y la ausencia de un Plan General vigente en el municipio llevó al consistorio a la necesidad de establecer unas nuevas normas de planeamiento para la franja litoral, la Homologación del Litoral de Torreblanca, que suponía la recalificación como urbanizable de cerca de dos millones de metros cuadrados en la franja norte del litoral del municipio.
La aprobación llegaba en un singular momento político en el ayuntamiento, en el que convivían en un equipo de gobierno PP, PSOE y BLOC, con los independientes del CIP en la oposición.
A las vísperas de las elecciones municipales de 2003, se produce la ruptura del pacto y la formación de un nuevo equipo de gobierno entre CIP y PP, que se ve en la responsabilidad de aprobar el PAI del golf, así como otras actuaciones urbanísticas en el municipio.
Finalmente, solo PP y CIP respaldan el campo de golf en las votaciones, oponiéndose a la aprobación del PAI tanto BLOC como PSOE por desacuerdos en el precio de la venta del 10% de aprovechamiento.
Tras las elecciones municipales de 2003 no se produjo el esperado efecto cinco mas tres ocho que planteaba el pacto PP-CIP, y el Ayuntamiento de Torreblanca queda en manos de un bipartito BLOC-PSOE, no exento de polémicas y desacuerdos, llegando incluso a no poder investir a un candidato en la primera votación por desencuentros entre socialistas y nacionalistas.
Esto llevó al entonces ya militante del PP, Juan Manuel Peraire, a ostentar durante siete meses la alcaldía en minoría.
El acceso de nacionalistas y socialistas al gobierno municipal llevó también la situación del PAI del Golf a un nuevo talante en las negociaciones de las condiciones para el desarrollo. Disconformes con el precio del 10% aprobado, las presiones del nuevo ejecutivo local, se negocia con la empresa hasta alcanzar un acuerdo que duplica mediante un convenio urbanístico para ejecución de obras municipales la compensación para el Ayuntamiento de Torreblanca por la venta del aprovechamiento.
El equipo de gobierno PSOE, BLOC colapsa durante la legislatura con graves desencuentros entre los concejales de uno y otro partido, hasta el punto de la total separación de la acción de gobierno.
Es durante este periodo cuando el PP acusa a unos y otros de no haber llevado a cabo la reparcelación del PAI necesaria para el avance del proyecto. No obstante, las consignas para la ralentización del programa de actuación también se hicieron llegar por diferentes vías, ajenas al gobierno municipal.
En las elecciones municipales, en las que el BLOC basó toda su campaña en el convenio obtenido en su negociación con Urbanizadora Torremar, con el lema “Por dos mil millones de razones” (traducción en pesetas del importe en euros del convenio singular). Sin embargo PP y BLOC sufren una debacle electoral y son incapaces de superar a un pujante PSOE que vive la cúspide de su techo electoral en el municipio.
Ante la imposibilidad de un pacto nacionalistas-socialistas por la clara animadversión que se manifiestan los cabezas de lista, el PSOE termina en la oposición gracias a un pacto PP-BLOC, que retoma el PAI.
Pero para entonces ya era el principio del fin de la burbuja inmobiliaria. Se retiran del proyecto algunas de las empresas que lo habían liderado, recayendo la responsabilidad del mismo en la unidad inmobiliaria de Bancaja.
Los plazos se dilatan. Se negocia. Hay presiones y amagos de inicios de obras con máquinas y desbroces. El resto es historia reciente.
Ahora el Ayuntamiento de Torreblanca espera una resolución que ponga fin a casi veinte años de tramitación de un sueño, que nunca llegó a materializarse.
