CV-13
El convenio de los terrenos para la CV-13 amenaza con dejar en bancarrota a Torreblanca
Los políticos torreblanquinos se encuentran de cara con su pasado, el “carasolet” y el síndrome de la memoria de pez
Torreblanca, como municipio, y su ayuntamiento, como órgano de representación y toma de decisiones políticas, enfrentan una nueva Espada de Damocles en su más que oscuro presente y el futuro inmediato, más lóbrego si cabe por la indefinición de lo que va a pasar más allá de la presente legislatura.
El concejal de BLOC, Compromís, Carlos García, llevaba al pleno ordinario del miércoles 20 de agosto una moción llena de carga de fondo para socavar al Equipo de Gobierno que preside Juan Manuel Peraire. García instaba al ejecutivo local a reunir a los propietarios que firmaron el convenio de cesión de terrenos para la construcción de la CV-13 para informarlos de la actual situación de ese convenio, así como a realizar las gestiones necesarias ante la Generalitat para la solución favorable del mismo y finalmente a dar cuentas ante el plenario de las negociaciones y su resultado.
Carlos García ponía negro sobre blanco lo que ya corría en los mentideros locales con la esperanza de iniciar el asedio a la segunda planta desde la tercera, con un ojo puesto en la cuarta, la planta noble, Urbanismo. Pero el sitio, ya sea por ignorancia o por atrevimiento –o una catastrófica mezcla de ambas- le salió mal, y el sitiador resultó sitiado a cuenta de un pasado que desconoce y del que reniega.
La problemática en sí radica en lo siguiente. El Ayuntamiento de Torreblanca, durante la legislatura en la que gobernó el pacto PSOE-BLOC, con sus dimes y diretes, la alcaldía sietemesina de Peraire, el pacto, la moción de censura y el posterior distanciamiento de socialistas y nacionalistas hasta la ruptura de facto del equipo de gobierno, con la destitución como concejal de Urbanismo de José Vicente Rubert, tomó una decisión que a la postre resultaría lesiva para los intereses generales, la teoría del “carasolet”.
Durante ese periodo la Generalitat Valenciana inició el proceso de expropiación de los terrenos afectados por el paso de la CV-13, la infame Carretera del Aeropuerto. Ante esta coyuntura, PSOE y BLOC plantearon la posibilidad de que los propietarios de ese suelo cedieran de manera gratuita los terrenos a través de un convenio a cambio de aprovechamiento urbanístico dentro del futuro Plan General de Ordenación Urbana, que a su vez es un culebrón a parte en el triste pasado, presente y futuro de Torreblanca.
Esa medida beneficiaba claramente a los propietarios, ya que no tenían que someterse a un justiprecio a todas luces inferior al potencial precio que su aprovechamiento urbanístico podría alcanzar en el futuro PGOU durante la época dorada del ladrillo, cuando quien tenía un aprovechamiento tenía un tesoro, de modo que el sol brillaba con fuerza en el “carasolet” de la CV-13. No obstante, muchos propietarios de suelo prefirieron adherirse a las expropiaciones, lo hicieron, cobraron y santas pascuas.
Los que se sumaron al convenio, tenían una cláusula que determinaba que si en el plazo de tres años, a contar a partir de la firma, no se aprobaba el PGOU, los propietarios podrían solicitar que se expropiaran los terrenos. En la legislatura BLOC-PSOE, no se llegó ni a iniciar la redacción del documento urbanístico.
En la siguiente legislatura, gobernando PP y BLOC, Juan Manuel Peraire firma en octubre de 2006 el convenio, al haber acordado PP, BLOC y PSOE que el gobierno resultante de las urnas daría continuidad a ese acuerdo, aunque ahora Peraire asegure que advirtió de las posibles consecuencias.
¿Cuál es la situación actual? Como explicó la concejala de Urbanismo, Rosana Fabregat, el convenio viene de una legislatura en la que el PP no estaba en el gobierno (gobernaban PSOE y BLOC), y el convenio se hizo a petición de los afectados que no querían expropiación. Existe la cláusula de la expropiación de los terrenos si a los tres años no está el PGOU. Los propietarios están en su derecho de solicitarlo. El PGOU no está aprobado y no hay fecha de aprobación por el momento. Ya se han mantenido reuniones con propietarios adheridos al convenio que quieren la expropiación de los terrenos, que se han quedado compuestos y sin novia porque sus terrenos son atravesados por una carretera y no tienen aprovechamiento urbanístico en ninguna parte –amén de que ahora tener aprovechamiento urbanístico es como quien tiene un tío en Graná, que ni tiene tío ni tiene ná-. Desde el Equipo de Gobierno están llamando a más propietarios y se les explica la situación por parte de los servicios jurídicos, que además han redactado un informe. Por su parte el alcalde ha mantenido varias reuniones con la Consellería de Territorio, además de las que han mantenido los técnicos de ambas administraciones.
Juan Manuel Peraire, que considera que Carlos García tienen un interés meramente político en su moción y que no tiene preocupación alguna ni por la cuestión ni por su solución, achaca a BLOC y PSOE la negociación de este convenio, aunque reconoce que lo firmó por el compromiso adquirido, y critica a socialistas y nacionalistas por no haber llegado ni tan siquiera a iniciar el PGOU “a pesar de comprometerse”. No obstante, Peraire asegura que existe el compromiso de la Generalitat Valenciana de aprobar el PGOU y solucionar este y otros problemas asociados al planeamiento urbanístico. Pero el PGOU tiene otros problemas, quizá más graves y de difícil solución, que incluyen el PAI del Golf, el deslinde –aunque esté aparcado sine die, que nunca hay un tonto ni para un milagro, pero para un deslinde no faltan-, y tantas y tantas cuestiones que planean sobre el futuro urbanístico de Torreblanca.
Sin embargo, ponerse ahora a pagar expropiaciones, cuando tanto la Generalitat como el Ayuntamiento tienen menos dinero que una niñera, resulta improbable y la deuda hipotecaría al consistorio de por vida.
El PSOE mantuvo en el pleno una posición de prudencia, no en vano fue su aclamado lider máximus, del que ahora se tienen que desentender por obvias razones, quien promovió la medida, por lo que se abstuvieron en la moción de BLOC-Compromís. Lo que queda de los nacionalistas en Torreblanca, después de la debacle electoral y la ruptura en dos bloques del partido a nivel local, se encuentra profundamente sumido en el síndrome de la memoria de pez. Tras la renuncia a su acta de concejal por enfermedad de José Vicente Rubert, el cataclismo se hizo evidente cuando corrió la lista de manera ostensible hasta situar a un novicio político como García en primera línea de fuego. Eso justifica por una parte la amnesia selectiva sobre el pasado reciente del nacionalista, que en ocasiones es puro y simple desconocimiento y después escenifica la ruptura con las políticas de sus antecesores, que pactaron a izquierda y derecha con catastróficas consecuencias. De ese pasado se desentiende García y sus promotores políticos, pero el pasado siempre regresa para incomodar al presente.
Pero el pasado también debería acomodar las respuestas del Equipo de gobierno a su realidad actual, porque, aunque le pese, en sus filas tiene a una concejala que formó parte de aquel “inoperante” gobierno BLOC-PSOE, a través de la concejala Mª Carmen Gual, que hereda por línea directa la gestión, mientras que García la recibe por terceros. La presencia de la concejala que antes estaba en el PSOE, renunció a su militancia pero no a su acta de edil y ahora forma parte del Ejecutivo Local del PP, que preside Juan Manuel Peraire, (noten como he evitado la palabra tránsfuga que tanto enfada al alcalde), debería hacerle mirar hacia su lado del salón de plenos a la hora de pedir cuentas a la gestión pasada de otros.
Torreblanca, como municipio, y su ayuntamiento, como órgano de representación y toma de decisiones políticas, enfrentan una nueva Espada de Damocles en su más que oscuro presente y el futuro inmediato, más lóbrego si cabe por la indefinición de lo que va a pasar más allá de la presente legislatura.
El concejal de BLOC, Compromís, Carlos García, llevaba al pleno ordinario del miércoles 20 de agosto una moción llena de carga de fondo para socavar al Equipo de Gobierno que preside Juan Manuel Peraire. García instaba al ejecutivo local a reunir a los propietarios que firmaron el convenio de cesión de terrenos para la construcción de la CV-13 para informarlos de la actual situación de ese convenio, así como a realizar las gestiones necesarias ante la Generalitat para la solución favorable del mismo y finalmente a dar cuentas ante el plenario de las negociaciones y su resultado.
Carlos García ponía negro sobre blanco lo que ya corría en los mentideros locales con la esperanza de iniciar el asedio a la segunda planta desde la tercera, con un ojo puesto en la cuarta, la planta noble, Urbanismo. Pero el sitio, ya sea por ignorancia o por atrevimiento –o una catastrófica mezcla de ambas- le salió mal, y el sitiador resultó sitiado a cuenta de un pasado que desconoce y del que reniega.
La problemática en sí radica en lo siguiente. El Ayuntamiento de Torreblanca, durante la legislatura en la que gobernó el pacto PSOE-BLOC, con sus dimes y diretes, la alcaldía sietemesina de Peraire, el pacto, la moción de censura y el posterior distanciamiento de socialistas y nacionalistas hasta la ruptura de facto del equipo de gobierno, con la destitución como concejal de Urbanismo de José Vicente Rubert, tomó una decisión que a la postre resultaría lesiva para los intereses generales, la teoría del “carasolet”.
Durante ese periodo la Generalitat Valenciana inició el proceso de expropiación de los terrenos afectados por el paso de la CV-13, la infame Carretera del Aeropuerto. Ante esta coyuntura, PSOE y BLOC plantearon la posibilidad de que los propietarios de ese suelo cedieran de manera gratuita los terrenos a través de un convenio a cambio de aprovechamiento urbanístico dentro del futuro Plan General de Ordenación Urbana, que a su vez es un culebrón a parte en el triste pasado, presente y futuro de Torreblanca.
Esa medida beneficiaba claramente a los propietarios, ya que no tenían que someterse a un justiprecio a todas luces inferior al potencial precio que su aprovechamiento urbanístico podría alcanzar en el futuro PGOU durante la época dorada del ladrillo, cuando quien tenía un aprovechamiento tenía un tesoro, de modo que el sol brillaba con fuerza en el “carasolet” de la CV-13. No obstante, muchos propietarios de suelo prefirieron adherirse a las expropiaciones, lo hicieron, cobraron y santas pascuas.
Los que se sumaron al convenio, tenían una cláusula que determinaba que si en el plazo de tres años, a contar a partir de la firma, no se aprobaba el PGOU, los propietarios podrían solicitar que se expropiaran los terrenos. En la legislatura BLOC-PSOE, no se llegó ni a iniciar la redacción del documento urbanístico.
En la siguiente legislatura, gobernando PP y BLOC, Juan Manuel Peraire firma en octubre de 2006 el convenio, al haber acordado PP, BLOC y PSOE que el gobierno resultante de las urnas daría continuidad a ese acuerdo, aunque ahora Peraire asegure que advirtió de las posibles consecuencias.
¿Cuál es la situación actual? Como explicó la concejala de Urbanismo, Rosana Fabregat, el convenio viene de una legislatura en la que el PP no estaba en el gobierno (gobernaban PSOE y BLOC), y el convenio se hizo a petición de los afectados que no querían expropiación. Existe la cláusula de la expropiación de los terrenos si a los tres años no está el PGOU. Los propietarios están en su derecho de solicitarlo. El PGOU no está aprobado y no hay fecha de aprobación por el momento. Ya se han mantenido reuniones con propietarios adheridos al convenio que quieren la expropiación de los terrenos, que se han quedado compuestos y sin novia porque sus terrenos son atravesados por una carretera y no tienen aprovechamiento urbanístico en ninguna parte –amén de que ahora tener aprovechamiento urbanístico es como quien tiene un tío en Graná, que ni tiene tío ni tiene ná-. Desde el Equipo de Gobierno están llamando a más propietarios y se les explica la situación por parte de los servicios jurídicos, que además han redactado un informe. Por su parte el alcalde ha mantenido varias reuniones con la Consellería de Territorio, además de las que han mantenido los técnicos de ambas administraciones.
Juan Manuel Peraire, que considera que Carlos García tienen un interés meramente político en su moción y que no tiene preocupación alguna ni por la cuestión ni por su solución, achaca a BLOC y PSOE la negociación de este convenio, aunque reconoce que lo firmó por el compromiso adquirido, y critica a socialistas y nacionalistas por no haber llegado ni tan siquiera a iniciar el PGOU “a pesar de comprometerse”. No obstante, Peraire asegura que existe el compromiso de la Generalitat Valenciana de aprobar el PGOU y solucionar este y otros problemas asociados al planeamiento urbanístico. Pero el PGOU tiene otros problemas, quizá más graves y de difícil solución, que incluyen el PAI del Golf, el deslinde –aunque esté aparcado sine die, que nunca hay un tonto ni para un milagro, pero para un deslinde no faltan-, y tantas y tantas cuestiones que planean sobre el futuro urbanístico de Torreblanca.
Sin embargo, ponerse ahora a pagar expropiaciones, cuando tanto la Generalitat como el Ayuntamiento tienen menos dinero que una niñera, resulta improbable y la deuda hipotecaría al consistorio de por vida.
El PSOE mantuvo en el pleno una posición de prudencia, no en vano fue su aclamado lider máximus, del que ahora se tienen que desentender por obvias razones, quien promovió la medida, por lo que se abstuvieron en la moción de BLOC-Compromís. Lo que queda de los nacionalistas en Torreblanca, después de la debacle electoral y la ruptura en dos bloques del partido a nivel local, se encuentra profundamente sumido en el síndrome de la memoria de pez. Tras la renuncia a su acta de concejal por enfermedad de José Vicente Rubert, el cataclismo se hizo evidente cuando corrió la lista de manera ostensible hasta situar a un novicio político como García en primera línea de fuego. Eso justifica por una parte la amnesia selectiva sobre el pasado reciente del nacionalista, que en ocasiones es puro y simple desconocimiento y después escenifica la ruptura con las políticas de sus antecesores, que pactaron a izquierda y derecha con catastróficas consecuencias. De ese pasado se desentiende García y sus promotores políticos, pero el pasado siempre regresa para incomodar al presente.
Pero el pasado también debería acomodar las respuestas del Equipo de gobierno a su realidad actual, porque, aunque le pese, en sus filas tiene a una concejala que formó parte de aquel “inoperante” gobierno BLOC-PSOE, a través de la concejala Mª Carmen Gual, que hereda por línea directa la gestión, mientras que García la recibe por terceros. La presencia de la concejala que antes estaba en el PSOE, renunció a su militancia pero no a su acta de edil y ahora forma parte del Ejecutivo Local del PP, que preside Juan Manuel Peraire, (noten como he evitado la palabra tránsfuga que tanto enfada al alcalde), debería hacerle mirar hacia su lado del salón de plenos a la hora de pedir cuentas a la gestión pasada de otros.
