Pleno Ordinario
PP y GIO sacan adelante un reconocimiento extrajudicial de facturas por importe de 53.914 euros
Compromís, PSOE y el concejal No Adscrito critican la falta de procedimiento en las contrataciones
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado una modificación de créditos concebida para dotar de presupuesto el reconocimiento extrajudicial de facturas por importe de 53.914 euros, correspondiente a facturas de ejercicios anteriores.
Los diez concejales del PP y los dos del Gio han dado respaldo a esta decisión en el pleno ordinario celebrado este miércoles 18 de marzo.
Para el concejal No Adscrito, Pascual Serrano, las modificaciones del presupuesto “son una forma de trabajo habitual de este equipo de gobierno”, señalando que no se mostraba en contra de la mayoría de las facturas reconocidas, aunque solicitaba que para facilitar la tarea de los concejales se aprobasen por separado y no todas en un mismo paquete.
Serrano ha citado al Sindic de Comptes de la Comunitat Valenciana para señalar que la práctica habitual y legal de las modificaciones de crédito “no puede considerarse normal y ordinario”, solicitando mayor rigor en la gestión del dinero público. Según el concejal No Adscrito, el hecho de que sistemáticamente se paguen facturas por trabajos “que son necesarios y se realizan periódicamente” precisa de una actuación en el sentido de dotarlas de una cobertura legal mediante un contrato y que deberían estar presupuestados “a pesar de que sean legales, no deberían ser habituales”.
Desde el PSOE, su portavoz Fernando Domínguez, calificaba la medida como discutible, por tratarse de la quinta modificación de créditos del año, señalando que “no es forma de trabajo”. En el mismo sentido, llamó la atención sobre los reparos de legalidad que acompañan a algunas facturas. Domínguez incidía en los reparos de legalidad que acompañan al pago de 13 de las 18 facturas que comprenden la modificación de créditos y el reconocimiento extrajudicial “una advertencia de que a juicio de la intervención municipal podría ser ilegal como se tramitan esas facturas”, por lo que solicitó que las cosas “se hagan legalmente”.
Josep Lluis Romero, de Compromís, resaltaba el pago de facturas a un equipo externo de abogados y su finalidad “no acabo de entender que teniendo técnicos se necesite pagar asesoramiento externo y si no, nos tenemos que preguntar que hace tanta gente trabajando en el Ayuntamiento”. Para Romero “no se puede gastar 50.000 euros en asesoramiento externo sin dar explicaciones, porque pagamos 35.000 euros en esta modificación, más otras anteriores”. Según el portavoz de Compromís, “es lamentable gastar dinero en asesoramiento y dejar la puerta abierta a más trabajos de asesoramiento sin concurso público”. Señaló el hecho de que se realicen contrataciones para excavaciones a una sola empresa sin que exista un procedimiento, por lo que reclamaba que existen mas empresas en el pueblo y debería ser voluntad del consistorio que todas tengan acceso al trabajo “no siempre los mismos, no excluyendo”.
El alcalde, Rafael Albert, justificó la contratación de gabinetes externos de abogados para contar “con una segunda opinión” en un tema complicado como es la situación de Concurso de Acreedores de una empresa del grupo Marina d’Or y sus posibles afecciones al ayuntamiento “son problemas no habituales”. Respecto a la necesidad de realizar un reconocimiento extrajudicial, Albert explicó que se trata de facturas de ejercicios anteriores. Para el primer edil, “ojala todos los ayuntamientos pudieran modificar sus presupuestos, nosotros lo hacemos porque contamos con remanente”.
El alcalde demostró la existencia de un compromiso por parte de su administración en la regularización de todos los servicios mediante contratos, tal como reconoció parte de la oposición, pero justificó la contratación de determinada empresa para movimientos de tierras porque “cuando yo estaba en la oposición ya se la contrataba” además de por su disponibilidad en cualquier momento para realizar trabajos urgentes para el consistorio.
Este extremo fue ratificado por el portavoz del GIO, Fernando Juárez, -ya que formaba parte del equipo de gobierno aludido por Albert- quien justificó la contratación de la misma empresa por su disponibilidad, aunque matizó que la continuidad de la misma se debe a la responsabilidad de quienes han gobernado durante los últimos 12 años, (el PP).
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado una modificación de créditos concebida para dotar de presupuesto el reconocimiento extrajudicial de facturas por importe de 53.914 euros, correspondiente a facturas de ejercicios anteriores.
Los diez concejales del PP y los dos del Gio han dado respaldo a esta decisión en el pleno ordinario celebrado este miércoles 18 de marzo.
Para el concejal No Adscrito, Pascual Serrano, las modificaciones del presupuesto “son una forma de trabajo habitual de este equipo de gobierno”, señalando que no se mostraba en contra de la mayoría de las facturas reconocidas, aunque solicitaba que para facilitar la tarea de los concejales se aprobasen por separado y no todas en un mismo paquete.
Serrano ha citado al Sindic de Comptes de la Comunitat Valenciana para señalar que la práctica habitual y legal de las modificaciones de crédito “no puede considerarse normal y ordinario”, solicitando mayor rigor en la gestión del dinero público. Según el concejal No Adscrito, el hecho de que sistemáticamente se paguen facturas por trabajos “que son necesarios y se realizan periódicamente” precisa de una actuación en el sentido de dotarlas de una cobertura legal mediante un contrato y que deberían estar presupuestados “a pesar de que sean legales, no deberían ser habituales”.
Desde el PSOE, su portavoz Fernando Domínguez, calificaba la medida como discutible, por tratarse de la quinta modificación de créditos del año, señalando que “no es forma de trabajo”. En el mismo sentido, llamó la atención sobre los reparos de legalidad que acompañan a algunas facturas. Domínguez incidía en los reparos de legalidad que acompañan al pago de 13 de las 18 facturas que comprenden la modificación de créditos y el reconocimiento extrajudicial “una advertencia de que a juicio de la intervención municipal podría ser ilegal como se tramitan esas facturas”, por lo que solicitó que las cosas “se hagan legalmente”.
Josep Lluis Romero, de Compromís, resaltaba el pago de facturas a un equipo externo de abogados y su finalidad “no acabo de entender que teniendo técnicos se necesite pagar asesoramiento externo y si no, nos tenemos que preguntar que hace tanta gente trabajando en el Ayuntamiento”. Para Romero “no se puede gastar 50.000 euros en asesoramiento externo sin dar explicaciones, porque pagamos 35.000 euros en esta modificación, más otras anteriores”. Según el portavoz de Compromís, “es lamentable gastar dinero en asesoramiento y dejar la puerta abierta a más trabajos de asesoramiento sin concurso público”. Señaló el hecho de que se realicen contrataciones para excavaciones a una sola empresa sin que exista un procedimiento, por lo que reclamaba que existen mas empresas en el pueblo y debería ser voluntad del consistorio que todas tengan acceso al trabajo “no siempre los mismos, no excluyendo”.
El alcalde, Rafael Albert, justificó la contratación de gabinetes externos de abogados para contar “con una segunda opinión” en un tema complicado como es la situación de Concurso de Acreedores de una empresa del grupo Marina d’Or y sus posibles afecciones al ayuntamiento “son problemas no habituales”. Respecto a la necesidad de realizar un reconocimiento extrajudicial, Albert explicó que se trata de facturas de ejercicios anteriores. Para el primer edil, “ojala todos los ayuntamientos pudieran modificar sus presupuestos, nosotros lo hacemos porque contamos con remanente”.
El alcalde demostró la existencia de un compromiso por parte de su administración en la regularización de todos los servicios mediante contratos, tal como reconoció parte de la oposición, pero justificó la contratación de determinada empresa para movimientos de tierras porque “cuando yo estaba en la oposición ya se la contrataba” además de por su disponibilidad en cualquier momento para realizar trabajos urgentes para el consistorio.
Este extremo fue ratificado por el portavoz del GIO, Fernando Juárez, -ya que formaba parte del equipo de gobierno aludido por Albert- quien justificó la contratación de la misma empresa por su disponibilidad, aunque matizó que la continuidad de la misma se debe a la responsabilidad de quienes han gobernado durante los últimos 12 años, (el PP).
