GECEN pide proteger los terrenos de proyectos urbanísticos como Benicassim Golf, Doña Blanca Golf o Sant Gregori Golf
Exige a la administración que no indemnice a los especuladores del suelo con dinero público ni de cualquier otra forma
La asociación ecologista GECEN aplaude las iniciativas de la administración referente a la desclasificación del suelo urbanizable de los PAI pero pide ir más allá.
El colectivo ecologista considera que la especulación urbanística “ha conllevado miseria económica y social y destrucción medioambiental del territorio. Todo ello unido a intensa corrupción política y anteposición del interés privado al público”.
“Ante tal condena impuesta por unos pocos al conjunto de nuestra sociedad no cabe premio alguno ni al especulador ni al político corrupto. Más al contrario, entendemos que cabe exigir responsabilidades contundentes a quienes organizaron tal fiesta especuladora y cabe recuperar el territorio y el dinero”.
GECEN señala que “zonas que forman parte de los PAI contienen valores medioambientales significativos que hubieran sido objeto de protección sin la presión del hormigón. La amputación de zonas húmedas litorales protegidas, de los ecosistemas y paisajes naturales de nuestra costa y por consiguiente la disminución drástica de la biodiversidad que depende de dichos espacios son la consecuencia medioambiental y territorial más evidente”.
Por ello concluye que “Entendemos que el frente litoral no urbanizado, rehén de los PAI, debe protegerse en su integridad independientemente de su clasificación actual y ello implica por ejemplo a los PAI Benicasim Golf, Doña Blanca Golf o Sant Gregori Golf”.
“No se trata únicamente, como señala la administración, de catalogar los PAI existentes y luego, tiempo sin concretar, analizar caso por caso para vete a saber qué resultados se obtendrán de dicho análisis; consiste en modificar la legislación referente a la ordenación del territorio y el medio ambiente que acabe con el hormigón que ensucia nuestro mapa territorial sin pagar un céntimo de dinero público. Hormigón que los especuladores dibujaron sobre el papel, más de 52.000 hectáreas, el mismo suelo que hay urbanizado actualmente en la Comunidad, marcadas a la espera de indemnización pública si el negocio privado no funcionaba como ahora sucede. La decisión política lo debe impedir; sostenibilidad, ordenación del territorio racional, medio ambiente… y, sobre todo cambio de modelo es una prioridad irrenunciable igual que es irrenunciable no pagar por ello, por configurar y ejecutar un modelo racional”.
La asociación ecologista GECEN aplaude las iniciativas de la administración referente a la desclasificación del suelo urbanizable de los PAI pero pide ir más allá.
El colectivo ecologista considera que la especulación urbanística “ha conllevado miseria económica y social y destrucción medioambiental del territorio. Todo ello unido a intensa corrupción política y anteposición del interés privado al público”.
“Ante tal condena impuesta por unos pocos al conjunto de nuestra sociedad no cabe premio alguno ni al especulador ni al político corrupto. Más al contrario, entendemos que cabe exigir responsabilidades contundentes a quienes organizaron tal fiesta especuladora y cabe recuperar el territorio y el dinero”.
GECEN señala que “zonas que forman parte de los PAI contienen valores medioambientales significativos que hubieran sido objeto de protección sin la presión del hormigón. La amputación de zonas húmedas litorales protegidas, de los ecosistemas y paisajes naturales de nuestra costa y por consiguiente la disminución drástica de la biodiversidad que depende de dichos espacios son la consecuencia medioambiental y territorial más evidente”.
Por ello concluye que “Entendemos que el frente litoral no urbanizado, rehén de los PAI, debe protegerse en su integridad independientemente de su clasificación actual y ello implica por ejemplo a los PAI Benicasim Golf, Doña Blanca Golf o Sant Gregori Golf”.
“No se trata únicamente, como señala la administración, de catalogar los PAI existentes y luego, tiempo sin concretar, analizar caso por caso para vete a saber qué resultados se obtendrán de dicho análisis; consiste en modificar la legislación referente a la ordenación del territorio y el medio ambiente que acabe con el hormigón que ensucia nuestro mapa territorial sin pagar un céntimo de dinero público. Hormigón que los especuladores dibujaron sobre el papel, más de 52.000 hectáreas, el mismo suelo que hay urbanizado actualmente en la Comunidad, marcadas a la espera de indemnización pública si el negocio privado no funcionaba como ahora sucede. La decisión política lo debe impedir; sostenibilidad, ordenación del territorio racional, medio ambiente… y, sobre todo cambio de modelo es una prioridad irrenunciable igual que es irrenunciable no pagar por ello, por configurar y ejecutar un modelo racional”.
