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Miércoles, 24 de Febrero de 2016
Pleno

El Ayuntamiento de Torreblanca retirará las placas conmemorativas en las que aparezcan políticos condenados por corrupción

[Img #48082]El pasado martes 23 de febrero el Ayuntamiento de Torreblanca celebró una sesión de pleno ordinaria, cuyo primer punto trató la resolución del convenio suscrito con Manuel Guillamón, para la adquisición de unos terrenos sobre los que se pretendía construir un depósito de agua potable, proyecto que ahora no se llevará a cabo. Desde la oposición, el concejal del Partido Popular, Jose Antonio López, manifestó “no sabemos los motivos de porque el cambio de criterio justo ahora de los técnicos y porque se tiene que resolver de estas maneras. No hemos tenido acceso a los informes para saber porque ahora el terreno ya no es idóneo” por otro lado desde el Grupo Popular se criticó la falta de dialogo “somos un pueblo, todos nos conocemos, no entendemos porque antes de resolver este tema no se hablo con los afectados; que se enteraron por otras personas”.

 

La concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, defendió la propuesta “hay cuatro informes, en lo que se destaca que el depósito de agua ya no irá ahí y el interés general ya no existe” a lo que añadió, “el interesado tiene la opción de alegar si así lo quiere; esto viene desde el 2005 y se tenía que resolver” explicó.

 

En su réplica, el popular José Antonio López se mantuvo en su opción del dialogo “cuesta poco hablar”. Finalmente la edil de urbanismo aseguró que “se han pedido los informes y no sabíamos cual sería la respuesta; aun quedan 209 convenios por resolver en el ayuntamiento, no podemos taparnos los ojos”.

 

El punto salió adelante con ocho votos a favor del equipo de gobierno, 3 abstenciones y un voto en contra de la edil popular Inma Segura.

 

Seguidamente salió por unanimidad de los presentes la clasificación de las propuestas presentadas para el contrato de prestación del servicio de limpieza del colegio.

 

El concejal Carlos Albert, aseguró que la empresa que ha sacado mejor puntuación “tiene un convenio con la Fundación ONCE”. Se espera que en abril empiecen a trabajar, “han conseguido ganar gracias a la baja económica”. El contrato ha salido adelante por 31.000 euros.

 

Retirada de placas a los corruptos

Otro de los puntos que se llevó a debate fue la polémica sobre la retirada de placas conmemorativas en el municipio en las que aparezca el nombre de algún político condenado por delitos relacionados con el ejercicio de un cargo público. Abrió el debate el edil Carlos Albert manifestando que “esta es una medida que no tiene color político, hay sinvergüenzas en todos los partidos; aunque creo que hay más gente buena que miserable”.

 

El punto pedía retirar todas las placas en las que aparece el nombre de alguien que haya realizado malas praxis con dinero público o fraude a Hacienda o Seguridad Social.

Jose Antonio López manifestó su conformidad con el asunto tratado pero “en todo lo que se habla en la moción no hay ninguna medida contra la corrupción” “nos llama la atención, que habiendo ya una ley, se presente la moción y además esta ley es más amplia en cuanto a los delitos; ya que podríamos tener una placa de algún asesino, un violador o un maltratador… no puede ser peor una cosa que la otra. Insisto estamos de acuerdo, pero debería ser cualquier delito. Queremos ir más allá, no solo quitar las placas de edificio públicos, si no cualquier placa. Además estamos de acuerdo pero que se eliminen los nombres y no todos, ya que otros políticos que acompañan, que no han cometido ningún delito, en las placas no tienen la culpa”.

 

Carlos Albert replico al popular “me parece bien la mayoría de cosas que ha dicho; destacamos la retirada de placas porque es en lo único que tenemos competencias”. Finalmente aseguró que “vamos a retirar todas las placas, no vamos a destinar dinero en crear unas nuevas sin sus nombres; no nos sobra el dinero”.

 

“No cuesta tanto quitar el nombre o tacharlo, que tengan que pagar el pato aquellos honores que nada tiene que ver con los delitos o condenados de otras personas, me parece deleznable; no es correcto. En muchos casos son personas que ya no están en política”.

 

Josefa Tena, cerró el punto “ha sido usted el que le ha dado el carácter político al punto, creo que todos estamos en contra de la corrupción, no puedo creer que nadie pueda aprobar estas prácticas, es un maltrato de la política, lo que hay que hacer es dignificarla”. “Que usted diga y ponga al mismo nivel que los maltratadores o delitos comunes con los políticos y la corrupción eso si son ganas de rizar el rizo” finalmente aseguró “gracias por la propuesta, pero no se olvide que el equipo de gobierno somos nosotros”.

 

Los 4 ediles presentes del Grupo Popular se abstuvieron y el resto a favor.

 

Se llevó a debate en la sesión plenaria la delegación en materia de contratación a la Junta de Gobierno “con el fin de agilizar plazos”.

 

Desde el PP, José Antonio López aseguró “esto me suena a tomadura de pelo; ahora son todo prisas” hizo referencia a la tramitación del contrato de limpieza del colegio “es que si corría prisa se hizo de forma ordinaria y ahora todo se hará por junta de gobierno, excluyendo al pleno de decidir y nosotros que somos el grupo mayoritario no podremos decidir”

 

Carlos Albert, “antes lo hacíamos lento o a su debido tiempo y bien y ahora queremos hacerlos rápido y bien. Creo que ustedes no pueden dar lecciones de cómo hacer las cosas bien”.

 

La alcaldesa cerró el debate asegurando “aceptamos el consejo del secretario para agilizar los plazos, la clasificación que es lo importante si ira a pleno”.

 

El punto salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de los populares.

 

Finalmente se llevó a votación la ratificación de la apelación contra la sentencia que obliga al ayuntamiento a pagar 62.000 euros a la seguridad social.

 

Josefa Tema explicó que “se trata de una sentencia desfavorable, se trata de una contratación mal hecha, ante esta sentencia, lo que hemos hecho es presentar un recurso de apelación”.

 

Por su parte, José Antonio López manifestó en su intervención que  “no es que sea un mal sistema de contratación, si no que fue una fórmula que ya venía de antes. En síntesis lo que considera la inspección de trabajo es que determinados contratos o facturas presentadas por autónomos, consideran que no es correcto que los trabajos prestados al ayuntamiento y los considera trabajadores municipales; y de oficio lo da de alta a la seguridad social durante cuatro años”. El punto salió por unanimidad.

 

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