Pleno ordinario
Torreblanca aprueba la cesión del contrato de gestión de la piscina municipal a una nueva empresa
El Partido Popular manifiesta sus dudas sobre el expediente y pide respuestas a sus preguntas por parte del Equipo de gobierno
![[Img #57021]](upload/img/periodico/img_57021.jpg)
El Ayuntamiento de Torreblanca aprobó, con los votos del Equipo de Gobierno que forman PSOE, Compromís y los dos concejales No Adscritos, autorizar al actual concesionario de la gestión de la Piscina Municipal, Instalaciones Eléctricas Laborda, la cesión de dicha concesión a favor de la empresa Monaqua. La empresa concesionaria desde enero de 2014, había presentado por registro el pasado 18 de abril un escrito en el que solicitaba la autorización el consistorio para realizar la cesión de los derechos y obligaciones vinculados a esta concesión.
La piscina municipal permaneció cerrada por espacio de cerca de 20 meses, identificando el equipo de gobierno uno de los problemas que presentaba, la filtración diaria de 40.000 litros de agua por un problema en la unión entre el vaso preexistente y la ampliación que se hizo con posterioridad. Para la alcaldesa, Josefa Tena, hubiera sido necesario reemplazar por completo el vaso de la piscina, aunque se ha realizado la reparación en las mejores condiciones posibles. El ayuntamiento reconoce también que solicitó un informe externo “porque los técnicos municipales no se fían de esa piscina”.
El concejal de Obras y Servicios, Amadeo Fabregat, explicó que la nueva empresa asume completamente el contrato anterior, definiendo la situación como “un tema entre empresas particulares”. El edil señaló que el cierre de las instalaciones de la piscina municipal, que tuvo lugar en octubre de 2015, fue de mutuo acuerdo entre empresa adjudicataria (Instalaciones Eléctricas Laborda) y el ayuntamiento, con el objetivo de subsanar las “muchísimas deficiencias” encontradas. El contrato, cuya cesión se aprobó en el pleno ordinario celebrado el 30 de mayo, tiene una vigencia de cinco años, prorrogables otros cinco.
El Partido Popular, a través de su portavoz José Antonio López, puso de manifiesto sus dudas respecto a la gestión de este expediente, reclamando explicaciones al gobierno que preside la socialista Josefa Tena sobre el hecho de que “después de 20 meses cerrada, ahora traen a pleno la cesión de la adjudicación”, considerando que con el tiempo transcurrido, debían haber solicitado la rescisión del contrato por incumplimiento de la empresa.
También exteriorizó López sus dudas en cuanto a la propuesta, al reflexionar sobre el informe del secretario municipal, en el que el concejal popular afirma que se pide un informe técnico para determinar si el cese de la prestación del servicio es achacable a la empresa o al ayuntamiento y llamó la atención sobre la suspensión del servicio “sin ningún acto administrativo, sin preguntar por qué cerró de manera unilateral”, y criticó que el único informe técnico que consta en el expediente está fechado “cuando lleva la piscina 15 días abierta, antes de que se le autorizase a la empresa Monaqua la cesión”, por lo que instó a los servicios técnicos a explicar “si es legal que esté abierta sn autorización para ello”.
Las críticas del portavoz del PP se centraron en el informe externo encargado por el ejecutivo local “cuando se cuenta con un arquitecto técnico y un arquitecto técnico superior”, además de que el contenido del informe “no dice nada sobre la responsabilidad del cierre. Todo está bien, porque se hizo el informe después de realizar las obras. Se supone que el concesionario se comprometió a realizar las obras necesarias para el funcionamiento de la piscina.
El edil popular finalizó su primera intervención incidiendo en sus dudas sobre las condiciones jurídicas en las que ha abierto la piscina, además de preguntar el equipo de gobierno sobre la petición del concesionario de que los 18 meses que ha permanecido cerrada la piscina no computen en el total de cinco años de la concesión. Además. López denunció que las tarifas que aparecen en los trípticos publicitarios que ha repartido la empresa a la se solicitaba se le cedieran los derechos de gestión –que según el portavoz popular aun estando aprobados por el pleno precisan de un documento público entre el adjudicatario original y la empresa que recibe la cesión- no se corresponden con las tasas oficiales aprobadas en su día mediante una ordenanza municipal, por lo que se deberán corregir las nuevas tasas a la baja, o se deberá aprobar una nueva ordenanza, incluyendo los descuentos y bonificaciones que se contemplaban inicialmente.
Respecto a las dudas del PP, Amadeo Fabregat aseguró que el ayuntamiento está velando por “el respeto del contrato vigente y el respeto a la legalidad”. Del mismo modo aseguró que nunca ha existido un expediente con informes sobre el estado de las instalaciones de la piscina, más allá de la recepción de obra y de la cubierta, “nada más”. Sin embargo, aseguró que posteriores informes constataron que se encontraban “deterioradas y abandonadas”, recriminando que durante el gobierno del PP “pagaron por un calentador que no correspondía pagar al ayuntamiento y criticó la actitud del portavoz popular, por considerar que la misma parecía tener como única finalidad “que no se abra la piscina municipal”.
Cerró el debate la alcaldesa, Josefa Tena, justificando su modo de actuar diciendo que el actual gobierno ha hecho “lo mismo que hicisteis vosotros cuando adjudicasteis la piscina”, y consideró que en el debate no era necesaria ninguna explicación. Tena echó mano del acta del pleno en el que el PP aprobó la adjudicación del contrato en la pasada legislatura para justificar su gestión, considerando que “era triste que la piscina estuviera 10 meses cerrada y ni a la oposición ni al pueblo se le dijo nada”, además de no contestar las preguntas en el pleno.
La alcaldesa señaló que se requirió el informe a un técnico externo ante la negativa de los técnicos de plantilla a firmar informes sobre esas instalaciones, ya que anteriormente ya se habían negado “porque no se fiaban de esa piscina”.
Según explicó Josefa Tena, tras la toma de posesión en julio de 2015 del actual equipo de gobierno, el concesionario informó de la existencia de filtraciones, lo que además de la pérdida de 40 mil litros diarios de agua, hacía que las analíticas de la calidad del agua alcanzasen niveles alarmantes “nos vimos obligados a cerrar o nos hubiera cerrado sanidad”. Fue entonces cuando se dieron a la labor de encontrar el punto exacto por el que se producían las filtraciones, “el problema es que la piscina estaba rota, estaba abandonada, por la línea de prolongación se producían las filtraciones”. A juicio de la alcaldesa, “la piscina se tendría que haber tirado toda y hacerla de nuevo”, y apuntó que “el arreglo durará lo que durará”.
El Ayuntamiento de Torreblanca aprobó, con los votos del Equipo de Gobierno que forman PSOE, Compromís y los dos concejales No Adscritos, autorizar al actual concesionario de la gestión de la Piscina Municipal, Instalaciones Eléctricas Laborda, la cesión de dicha concesión a favor de la empresa Monaqua. La empresa concesionaria desde enero de 2014, había presentado por registro el pasado 18 de abril un escrito en el que solicitaba la autorización el consistorio para realizar la cesión de los derechos y obligaciones vinculados a esta concesión.
La piscina municipal permaneció cerrada por espacio de cerca de 20 meses, identificando el equipo de gobierno uno de los problemas que presentaba, la filtración diaria de 40.000 litros de agua por un problema en la unión entre el vaso preexistente y la ampliación que se hizo con posterioridad. Para la alcaldesa, Josefa Tena, hubiera sido necesario reemplazar por completo el vaso de la piscina, aunque se ha realizado la reparación en las mejores condiciones posibles. El ayuntamiento reconoce también que solicitó un informe externo “porque los técnicos municipales no se fían de esa piscina”.
El concejal de Obras y Servicios, Amadeo Fabregat, explicó que la nueva empresa asume completamente el contrato anterior, definiendo la situación como “un tema entre empresas particulares”. El edil señaló que el cierre de las instalaciones de la piscina municipal, que tuvo lugar en octubre de 2015, fue de mutuo acuerdo entre empresa adjudicataria (Instalaciones Eléctricas Laborda) y el ayuntamiento, con el objetivo de subsanar las “muchísimas deficiencias” encontradas. El contrato, cuya cesión se aprobó en el pleno ordinario celebrado el 30 de mayo, tiene una vigencia de cinco años, prorrogables otros cinco.
El Partido Popular, a través de su portavoz José Antonio López, puso de manifiesto sus dudas respecto a la gestión de este expediente, reclamando explicaciones al gobierno que preside la socialista Josefa Tena sobre el hecho de que “después de 20 meses cerrada, ahora traen a pleno la cesión de la adjudicación”, considerando que con el tiempo transcurrido, debían haber solicitado la rescisión del contrato por incumplimiento de la empresa.
También exteriorizó López sus dudas en cuanto a la propuesta, al reflexionar sobre el informe del secretario municipal, en el que el concejal popular afirma que se pide un informe técnico para determinar si el cese de la prestación del servicio es achacable a la empresa o al ayuntamiento y llamó la atención sobre la suspensión del servicio “sin ningún acto administrativo, sin preguntar por qué cerró de manera unilateral”, y criticó que el único informe técnico que consta en el expediente está fechado “cuando lleva la piscina 15 días abierta, antes de que se le autorizase a la empresa Monaqua la cesión”, por lo que instó a los servicios técnicos a explicar “si es legal que esté abierta sn autorización para ello”.
Las críticas del portavoz del PP se centraron en el informe externo encargado por el ejecutivo local “cuando se cuenta con un arquitecto técnico y un arquitecto técnico superior”, además de que el contenido del informe “no dice nada sobre la responsabilidad del cierre. Todo está bien, porque se hizo el informe después de realizar las obras. Se supone que el concesionario se comprometió a realizar las obras necesarias para el funcionamiento de la piscina.
El edil popular finalizó su primera intervención incidiendo en sus dudas sobre las condiciones jurídicas en las que ha abierto la piscina, además de preguntar el equipo de gobierno sobre la petición del concesionario de que los 18 meses que ha permanecido cerrada la piscina no computen en el total de cinco años de la concesión. Además. López denunció que las tarifas que aparecen en los trípticos publicitarios que ha repartido la empresa a la se solicitaba se le cedieran los derechos de gestión –que según el portavoz popular aun estando aprobados por el pleno precisan de un documento público entre el adjudicatario original y la empresa que recibe la cesión- no se corresponden con las tasas oficiales aprobadas en su día mediante una ordenanza municipal, por lo que se deberán corregir las nuevas tasas a la baja, o se deberá aprobar una nueva ordenanza, incluyendo los descuentos y bonificaciones que se contemplaban inicialmente.
Respecto a las dudas del PP, Amadeo Fabregat aseguró que el ayuntamiento está velando por “el respeto del contrato vigente y el respeto a la legalidad”. Del mismo modo aseguró que nunca ha existido un expediente con informes sobre el estado de las instalaciones de la piscina, más allá de la recepción de obra y de la cubierta, “nada más”. Sin embargo, aseguró que posteriores informes constataron que se encontraban “deterioradas y abandonadas”, recriminando que durante el gobierno del PP “pagaron por un calentador que no correspondía pagar al ayuntamiento y criticó la actitud del portavoz popular, por considerar que la misma parecía tener como única finalidad “que no se abra la piscina municipal”.
Cerró el debate la alcaldesa, Josefa Tena, justificando su modo de actuar diciendo que el actual gobierno ha hecho “lo mismo que hicisteis vosotros cuando adjudicasteis la piscina”, y consideró que en el debate no era necesaria ninguna explicación. Tena echó mano del acta del pleno en el que el PP aprobó la adjudicación del contrato en la pasada legislatura para justificar su gestión, considerando que “era triste que la piscina estuviera 10 meses cerrada y ni a la oposición ni al pueblo se le dijo nada”, además de no contestar las preguntas en el pleno.
La alcaldesa señaló que se requirió el informe a un técnico externo ante la negativa de los técnicos de plantilla a firmar informes sobre esas instalaciones, ya que anteriormente ya se habían negado “porque no se fiaban de esa piscina”.
Según explicó Josefa Tena, tras la toma de posesión en julio de 2015 del actual equipo de gobierno, el concesionario informó de la existencia de filtraciones, lo que además de la pérdida de 40 mil litros diarios de agua, hacía que las analíticas de la calidad del agua alcanzasen niveles alarmantes “nos vimos obligados a cerrar o nos hubiera cerrado sanidad”. Fue entonces cuando se dieron a la labor de encontrar el punto exacto por el que se producían las filtraciones, “el problema es que la piscina estaba rota, estaba abandonada, por la línea de prolongación se producían las filtraciones”. A juicio de la alcaldesa, “la piscina se tendría que haber tirado toda y hacerla de nuevo”, y apuntó que “el arreglo durará lo que durará”.
