PP, PSOE, Compromís y Ciudadanos solicitan que los taxistas de Alcalà-Alcossebre puedan dar servicio en el Aeropuerto de Castellón
En una declaración institucional, el consistorio solicita la declaración de municipio en defensa del deporte libre de violencia.
El PP bloquea la moción de Compromís para instar a la Diputación de Castellón a crear un Plan de Mantenimiento de Escuelas de Infantil y Primaria.
![[Img #57058]](upload/img/periodico/img_57058.jpg)
El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre aprobó en el pleno ordinario de mayo sendas declaraciones institucionales por unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal, una en defensa del deporte libre de violencia y otra en apoyo a los taxistas de la localidad para que puedan prestar sus servicios en el aeropuerto de Castellón. Sin embargo, los respectivos debates no estuvieron exentos de confrontación, a momentos intensa, con la unanimidad y la lealtad institucional sobre la mesa y las navajas abiertas por debajo de ella. Peor le fue a Compromís con su moción en la que proponía que la Diputación de Castellón impulse un Plan de Mantenimiento de Escuelas de Educación Infantil y Primaria, propuesta que ya venía denegada de la institución provincial.
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcalá-Alcossebre se mostraron inequívocamente en contra de la violencia en el deporte. No obstante siempre hay una conjunción adversativa, en este caso un pero, y lo verbalizó el concejal socialista, Carlos Miralles, que consideró que no se debían tener en cuenta las actas arbitrales a la hora de tomar medidas sancionadoras en los partidos de fútbol base. Miralles aseguró que cualquiera puede hacerse árbitro de fútbol base y describió casi como analfabetos funcionales a la mayoría de los colegiados de estas categorías, a tenor de lo que reflejan en las actas. No obstante el pero, la moción se votó por unanimidad.
Peor suerte corrió el portavoz de Compromís, Manel Salvador, con su moción para instar a la Diputación de Castellón a seguir los pasos de su homóloga de Valencia y establecer un acuerdo de cooperación con la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para crear un Plan de Mantenimiento de Escuelas de Infantil y Primaria, en apoyo de los municipios que no cuentan con recursos económicos para afrontar tareas de mantenimiento de las instalaciones, que son competencia municipal.
Pese a contar con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, la moción fue vetada por el PP, impidiendo que prosperase, como ya había sucedido previamente en el pleno de la Diputación de Castellón, donde Javier Moliner ya le dijo que nones a Xavi Trenco en este tema, así que la cosa no le venía de nuevas a los nacionalistas.
El portavoz del PSOE, Joan Ronchera, consideró coherente que se establezcan estas ayudas a los municipios, gracias al remanente con el que cuenta la Diputación, y se adelantó a las explicaciones del PP local afirmando que el Plan 135 está muy limitado para poder afrontar esas inversiones.
En nombre del PP, la concejala María Agut logró que el propio portavoz de Compromís le reconociera que en materia de apoyo a las escuelas locales su equipo de gobierno, como los Lannister, siempre pagan sus deudas, y que no ha habido petición o necesidad que no haya sido atendida de manera inmediata, por lo que no han necesitado de apoyos externos para el buen funcionamiento de los centros escolares.
Agut instó a los municipios “que no han hecho los deberes” a pedir convenios singulares a la Diputación y a la Consellería de Educación, que cada palo aguante su vela y que los que pasaron el verano cantando como la cigarra que no le pidan dinero a la hormiga en invierno si hay goteras.
Después, miscelánea de y tú más, infrafinanciación, ventiladores, intercambio de reproches y asignación de culpas más o menos subjetivas.
Finalmente, uno de los temas candentes de los últimos meses, la reivindicación de las empresas de taxis de Alcalà-Alcossebre para poder prestar sus servicios en el aeropuerto de Castellón, llegaba al pleno en forma de declaración institucional, firmada por PP, PSOE, Compromís y Ciudadanos de manera unánime, aunque , como no podía ser de otra forma en la era de la posverdad, con matizaciones e intercambio de versiones de los hechos por parte de todos.
El portavoz del PSOE, Joan Ronchera, quiso dejar claro desde el minuto uno del debate la voluntad de los socialistas xivertenses de que los taxis de la localidad puedan operar en el aeropuerto de Castellón, tratando de desmentir la malinterpretación que se le atribuyó en redes sociales cuando dijo que la consellería competente en la materia no conocía esa petición.
Joaquín Zaragozá, desde Ciudadanos, preguntó al alcalde “¿Qué es lo que se ha hecho mal aquí?”, refiriéndose al hecho de que todos los taxis de pueblos vecinos cuentan con autorización para prestar este servicio y Alcalà-Alcossebre no.
Aunque a favor de la reivindicación, Manel Salvador, de Compromís, rompió una lanza a favor del conceller aportando una versión de los hechos recabada directamente de la consellería de Transporte. En esa versión, se tiene constancia de la carta enviada pidiendo una reunión, que finalmente no se produce, para después realizarse una llamada telefónica entre un alto cargo de la consellería y el concejal de Urbanismo José Colom, en la que presuntamente se le dijo al ayuntamiento que los taxistas podía prestar servicio mediante cita previa y solicitud de autorización en la página web de la consellería. Año y medio después, se autoriza a Oropesa del Mar, Torreblanca, La Pobla Tornesa y Benicássim para que sus taxis tengan parada en el aeropuerto, “se hizo porque una asociación de taxistas de Oropesa lo solicitó” y en una posterior consulta con la Asociación del Taxi nadie dijo nada de Alcalà, por lo que el concejal nacionalista consideró que “aquí no se ha pedido, ahora si se pide”, e incluso añadió que miembros del Equipo de Gobierno de Alcalà-Alcossebre han tenido contacto con cargos de la consellería de Transportes y no se ha solicitado, por lo que concluyó que según esta versión de la consellería “no se ha dado porque no se ha pedido”.
No obstante, la concejala de Turismo, Promoción Económica, Comercio y Policía, Alejandra Roca, le tenía preparada su propia línea temporal documentada de las acciones en defensa de los derechos de las cuatro familias que en la localidad viven de esta actividad, un periplo administrativo de desencuentros que iniciaba el 18 de septiembre de 2015, cuando se solicita la primera entrevista sin respuesta por parte de la administración autonómica, más allá del acuse de recibo. El 14 de octubre del mismo año el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre insiste en la petición, también ignorada, hasta que en diciembre de 2016 envían una tercera misiva, con una introducción para poner en contexto su reivindicación, en la que solicita la posibilidad de que los taxis de la localidad puedan operar en la zona de prestación conjunta del aeropuerto de Castellón.
Desmintiendo vehementemente lo expresado por Manel Salvador, la concejala Alejandra Roca explicó que en una reunión que tuvo lugar en Les Coves de Vinromà, coincidió con el Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Carlos Domingo Soler, y no dejó pasar la oportunidad de trasladarle en persona la problemática “y dijo que no sabía nada, que lo supo por la prensa”, algo que la concejala interpretó como “se ríen en nuestra cara”.
El 23 de mayo de 2017 la Consellería de Obras Públicas, Transporte y Movilidad envía una carta en la que pretende aclarar la confusión de los escritos, insistiendo Roca en que se había hecho petición expresa por carta y personalmente. Al día siguiente, el 24 de mayo, el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre solicitó de nuevo por carta una reunión urgente, habiendo interpuesto también un recurso de alzada contra la decisión de la consellería de excluir a los taxistas de Alcalà-Alcossebre de la zona de prestación conjunta del aeropuerto de Castellón.
Insistió Joan Ronchera (PSOE) en preguntar si el consistorio lo había solicitado explícitamente por escrito, ya que los técnicos de consellería entendían que no había sido así y que el responsable político desconocía la problemática, “no se ha rechazado ni aceptado nada”, según la versión de la consellería. Ronchera anunció que si, tras esta solicitud unánime no se recibía respuesta positiva antes del verano “nos iremos toda la corporación y nos quejaremos”.
Alejandra Roca consideró vergonzosas las excusas de la consellería y los intentos de culpabilizar al ayuntamiento “es vergonzoso que escondan las cartas en consellería”, mientras que José Colom, aludido por Compromís, aclaró que “la versión que ha dado la consellería es incierta”, ya que en la llamada que recibió se le informó de que los taxistas deberían rellenar un formulario “lo que no se me dijo fue que estaría limitada a seis viajes”. Las alusiones a Joan Ronchera, sin embargo, no le permitieron al edil tomar la palabra.
Cerraba el debate el alcalde, Francisco Juan, reprochando a la oposición que no hubiera pedido copia del expediente, las cartas y las gestiones que se han realizado respecto a este problema “con lo insistentes que son en otros temas”. Del mismo modo, señaló “me alegro de que esta declaración logre que se apruebe en Valencia, pero desde septiembre de 2015 se pedía claramente. Anunció también que el próximo viernes 9 de junio se producirá finalmente la reunión tan largamente esperada, considerando “preocupante” que los cargos políticos “no se enteren, cuando las cartas van dirigidas a esos cargos, con nombres y apellidos, no a los técnicos, y en Les Coves se le planteó personalmente el problema”. El alcalde ofreció públicamente apoyo al Ayuntamiento de Les Coves, que tampoco se ha incluido en la zona de prestación conjunta del aeropuerto, para que se adhiera a la reivindicación y asesorarlo para solicitar su inclusión.
Al final, todos coincidieron en decir querer lo mismo, el bienestar de los taxistas, pero si puede ser sin rasparle los muebles a su partido político y trasladar la culpa al de enfrente.
El PP bloquea la moción de Compromís para instar a la Diputación de Castellón a crear un Plan de Mantenimiento de Escuelas de Infantil y Primaria.
El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre aprobó en el pleno ordinario de mayo sendas declaraciones institucionales por unanimidad de todos los grupos políticos con representación municipal, una en defensa del deporte libre de violencia y otra en apoyo a los taxistas de la localidad para que puedan prestar sus servicios en el aeropuerto de Castellón. Sin embargo, los respectivos debates no estuvieron exentos de confrontación, a momentos intensa, con la unanimidad y la lealtad institucional sobre la mesa y las navajas abiertas por debajo de ella. Peor le fue a Compromís con su moción en la que proponía que la Diputación de Castellón impulse un Plan de Mantenimiento de Escuelas de Educación Infantil y Primaria, propuesta que ya venía denegada de la institución provincial.
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcalá-Alcossebre se mostraron inequívocamente en contra de la violencia en el deporte. No obstante siempre hay una conjunción adversativa, en este caso un pero, y lo verbalizó el concejal socialista, Carlos Miralles, que consideró que no se debían tener en cuenta las actas arbitrales a la hora de tomar medidas sancionadoras en los partidos de fútbol base. Miralles aseguró que cualquiera puede hacerse árbitro de fútbol base y describió casi como analfabetos funcionales a la mayoría de los colegiados de estas categorías, a tenor de lo que reflejan en las actas. No obstante el pero, la moción se votó por unanimidad.
Peor suerte corrió el portavoz de Compromís, Manel Salvador, con su moción para instar a la Diputación de Castellón a seguir los pasos de su homóloga de Valencia y establecer un acuerdo de cooperación con la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para crear un Plan de Mantenimiento de Escuelas de Infantil y Primaria, en apoyo de los municipios que no cuentan con recursos económicos para afrontar tareas de mantenimiento de las instalaciones, que son competencia municipal.
Pese a contar con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, la moción fue vetada por el PP, impidiendo que prosperase, como ya había sucedido previamente en el pleno de la Diputación de Castellón, donde Javier Moliner ya le dijo que nones a Xavi Trenco en este tema, así que la cosa no le venía de nuevas a los nacionalistas.
El portavoz del PSOE, Joan Ronchera, consideró coherente que se establezcan estas ayudas a los municipios, gracias al remanente con el que cuenta la Diputación, y se adelantó a las explicaciones del PP local afirmando que el Plan 135 está muy limitado para poder afrontar esas inversiones.
En nombre del PP, la concejala María Agut logró que el propio portavoz de Compromís le reconociera que en materia de apoyo a las escuelas locales su equipo de gobierno, como los Lannister, siempre pagan sus deudas, y que no ha habido petición o necesidad que no haya sido atendida de manera inmediata, por lo que no han necesitado de apoyos externos para el buen funcionamiento de los centros escolares.
Agut instó a los municipios “que no han hecho los deberes” a pedir convenios singulares a la Diputación y a la Consellería de Educación, que cada palo aguante su vela y que los que pasaron el verano cantando como la cigarra que no le pidan dinero a la hormiga en invierno si hay goteras.
Después, miscelánea de y tú más, infrafinanciación, ventiladores, intercambio de reproches y asignación de culpas más o menos subjetivas.
Finalmente, uno de los temas candentes de los últimos meses, la reivindicación de las empresas de taxis de Alcalà-Alcossebre para poder prestar sus servicios en el aeropuerto de Castellón, llegaba al pleno en forma de declaración institucional, firmada por PP, PSOE, Compromís y Ciudadanos de manera unánime, aunque , como no podía ser de otra forma en la era de la posverdad, con matizaciones e intercambio de versiones de los hechos por parte de todos.
El portavoz del PSOE, Joan Ronchera, quiso dejar claro desde el minuto uno del debate la voluntad de los socialistas xivertenses de que los taxis de la localidad puedan operar en el aeropuerto de Castellón, tratando de desmentir la malinterpretación que se le atribuyó en redes sociales cuando dijo que la consellería competente en la materia no conocía esa petición.
Joaquín Zaragozá, desde Ciudadanos, preguntó al alcalde “¿Qué es lo que se ha hecho mal aquí?”, refiriéndose al hecho de que todos los taxis de pueblos vecinos cuentan con autorización para prestar este servicio y Alcalà-Alcossebre no.
Aunque a favor de la reivindicación, Manel Salvador, de Compromís, rompió una lanza a favor del conceller aportando una versión de los hechos recabada directamente de la consellería de Transporte. En esa versión, se tiene constancia de la carta enviada pidiendo una reunión, que finalmente no se produce, para después realizarse una llamada telefónica entre un alto cargo de la consellería y el concejal de Urbanismo José Colom, en la que presuntamente se le dijo al ayuntamiento que los taxistas podía prestar servicio mediante cita previa y solicitud de autorización en la página web de la consellería. Año y medio después, se autoriza a Oropesa del Mar, Torreblanca, La Pobla Tornesa y Benicássim para que sus taxis tengan parada en el aeropuerto, “se hizo porque una asociación de taxistas de Oropesa lo solicitó” y en una posterior consulta con la Asociación del Taxi nadie dijo nada de Alcalà, por lo que el concejal nacionalista consideró que “aquí no se ha pedido, ahora si se pide”, e incluso añadió que miembros del Equipo de Gobierno de Alcalà-Alcossebre han tenido contacto con cargos de la consellería de Transportes y no se ha solicitado, por lo que concluyó que según esta versión de la consellería “no se ha dado porque no se ha pedido”.
No obstante, la concejala de Turismo, Promoción Económica, Comercio y Policía, Alejandra Roca, le tenía preparada su propia línea temporal documentada de las acciones en defensa de los derechos de las cuatro familias que en la localidad viven de esta actividad, un periplo administrativo de desencuentros que iniciaba el 18 de septiembre de 2015, cuando se solicita la primera entrevista sin respuesta por parte de la administración autonómica, más allá del acuse de recibo. El 14 de octubre del mismo año el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert-Alcossebre insiste en la petición, también ignorada, hasta que en diciembre de 2016 envían una tercera misiva, con una introducción para poner en contexto su reivindicación, en la que solicita la posibilidad de que los taxis de la localidad puedan operar en la zona de prestación conjunta del aeropuerto de Castellón.
Desmintiendo vehementemente lo expresado por Manel Salvador, la concejala Alejandra Roca explicó que en una reunión que tuvo lugar en Les Coves de Vinromà, coincidió con el Director General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Carlos Domingo Soler, y no dejó pasar la oportunidad de trasladarle en persona la problemática “y dijo que no sabía nada, que lo supo por la prensa”, algo que la concejala interpretó como “se ríen en nuestra cara”.
El 23 de mayo de 2017 la Consellería de Obras Públicas, Transporte y Movilidad envía una carta en la que pretende aclarar la confusión de los escritos, insistiendo Roca en que se había hecho petición expresa por carta y personalmente. Al día siguiente, el 24 de mayo, el Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre solicitó de nuevo por carta una reunión urgente, habiendo interpuesto también un recurso de alzada contra la decisión de la consellería de excluir a los taxistas de Alcalà-Alcossebre de la zona de prestación conjunta del aeropuerto de Castellón.
Insistió Joan Ronchera (PSOE) en preguntar si el consistorio lo había solicitado explícitamente por escrito, ya que los técnicos de consellería entendían que no había sido así y que el responsable político desconocía la problemática, “no se ha rechazado ni aceptado nada”, según la versión de la consellería. Ronchera anunció que si, tras esta solicitud unánime no se recibía respuesta positiva antes del verano “nos iremos toda la corporación y nos quejaremos”.
Alejandra Roca consideró vergonzosas las excusas de la consellería y los intentos de culpabilizar al ayuntamiento “es vergonzoso que escondan las cartas en consellería”, mientras que José Colom, aludido por Compromís, aclaró que “la versión que ha dado la consellería es incierta”, ya que en la llamada que recibió se le informó de que los taxistas deberían rellenar un formulario “lo que no se me dijo fue que estaría limitada a seis viajes”. Las alusiones a Joan Ronchera, sin embargo, no le permitieron al edil tomar la palabra.
Cerraba el debate el alcalde, Francisco Juan, reprochando a la oposición que no hubiera pedido copia del expediente, las cartas y las gestiones que se han realizado respecto a este problema “con lo insistentes que son en otros temas”. Del mismo modo, señaló “me alegro de que esta declaración logre que se apruebe en Valencia, pero desde septiembre de 2015 se pedía claramente. Anunció también que el próximo viernes 9 de junio se producirá finalmente la reunión tan largamente esperada, considerando “preocupante” que los cargos políticos “no se enteren, cuando las cartas van dirigidas a esos cargos, con nombres y apellidos, no a los técnicos, y en Les Coves se le planteó personalmente el problema”. El alcalde ofreció públicamente apoyo al Ayuntamiento de Les Coves, que tampoco se ha incluido en la zona de prestación conjunta del aeropuerto, para que se adhiera a la reivindicación y asesorarlo para solicitar su inclusión.
Al final, todos coincidieron en decir querer lo mismo, el bienestar de los taxistas, pero si puede ser sin rasparle los muebles a su partido político y trasladar la culpa al de enfrente.
