Pleno extraordinario
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar expropiará los terrenos del depósito de agua potable en Bellver para evitar su demolición
El pleno aprueba dos modificaciones de crédito para deportes y Servicios sociales
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El Ayuntamiento de Oropesa del Mar celebró este viernes 28 de julio un pleno extraordinario, en el que se aprobaron dos modificaciones de crédito y el inicio del proyecto de expropiación de los terrenos que ocupa un depósito de agua potable en una urbanización de Bellver.
El primero de los tres puntos en el orden del día fue la modificación de crédito 8/2017, que salió adelante con los votos de PP y Si se puede Oropesa, mientras que Compromís, PSOE y Ciudadanos se abstuvieron.
Esta modificación se realiza a través de una baja de 200.000 euros de la partida de subvenciones deportivas, a la que se le habían inyectado en una modificación previa en abril de este año 400.000 euros, destinándose el dinero tomado de esta partida a la organización de eventos deportivos por parte del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
La segunda de las modificaciones de créditos, aprobada por PP, Si se puede Oropesa, Compromís y PSOE, absteniéndose Ciudadanos, está financiada mediante remanente de tesorería, por importe total de 312.500 euros.
Como explicó la concejala de Servicios Sociales, Arantxa Martínez, desde el ejecutivo local se está haciendo especial hincapié en la formación, por lo que se creará, en colaboración con el SERVEF, un Taller de Empleo orientado a la formación de sus participantes como Informadores Turísticos. Martínez señalaba que del total de la inversión inicial, finalmente el Ayuntamiento de Oropesa del Mar tan solo aportará 40.000 euros, siendo financiado el resto por la Generalitat Valenciana a través del SERVEF, aunque para iniciar el taller se deberá adelantar el dinero que corresponde al ente autonómico, que después le será devuelto.
Del mismo modo se contratará a un Educador Social como personal laboral temporal, con un presupuesto de 12.500 euros, por considerarse desde Servicios Sociales que el papel de estos educadores sociales es de gran importancia en casos como el absentismo escolar.
Expediente de expropiación
Mayor debate existió en el tercer y último punto del orden del día, referido al inicio de un proyecto de expropiación de terrenos ocupados por un depósito de agua potable que suministra a una urbanización en la zona de Bellver.
Como explicó el concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, se trata de una problemática que viene desde 1996, cuando se aprobó por unanimidad de los grupos políticos con representación municipal en aquella legislatura (PP; PSOE y GIO), un proyecto de urbanización en el que existían dudas sobre la propiedad de los terrenos sobre los que se construiría después el depósito de agua potable para dicha urbanización. Esas dudas venían originadas por haberse inscrito el mismo terreno a nombre de dos propietarios distintos en el Registro de la Propiedad.
Fabregat destacó en todo momento que en el expediente, concretamente en el punto cuarto del acuerdo, se determinaba que todas las cargas recaían en el agente urbanizador, en el caso de que finalmente, como así sucedió, un juez determinara que la empresa que desarrollaba el proyecto no era la propietaria de los terrenos.
Ante la falta de acuerdo entre las partes, el consistorio ha optado por iniciar un expediente de expropiación por tasación conjunta para la adquisición de esos terrenos, al considerar el ejecutivo local que se trata de una actuación de interés público, ya que la sentencia judicial ordena la demolición del depósito, lo que dejaría sin servicio de agua potable a más de 200 familias.
La portavoz de Si se puede Oropesa, Arantxa Martínez, manifestó en su intervención que la prioridad es que la gente no se quede sin agua y que una vez se realice la expropiación, la empresa abone los costes, tal como se estipula en el acuerdo. La edil reconoció su preocupación sobre el tema, pero tras consultar la documentación y a los técnicos comprobó que “los gastos estaba contemplado que los asuma el urbanizador”.
Desde Ciudadanos, su portavoz, Araceli de Moya, explicó que se trata de un litigio entre particulares en el que el ayuntamiento es un tercero, describiendo como compleja la situación que se afronta ahora, por lo que primero se debe garantizar el suministro de agua. Araceli de Moya mostró sus dudas por el tiempo transcurrido, señalando que se debía haber intervenido antes y que ahora, después de que un juez haya dictado sentencia de demolición, las partes podrían considerar que se está eludiendo el cumplimiento de dicha sentencia mediante la expropiación.
No obstante, a pesar de avanzar que se encontrarán con un litigio por la tasación de los terrenos, consideró esta como “la salida menos mala”.
Josep Lluís Romero, en nombre de Compromís, manifestó que el expediente creaba muchas dudas, por la redacción de la propuesta, aunque quiso eludir hacer una lectura política de esta problemática, “entendemos que no hay que hacer sangre”, encontrando a faltar antecedentes en el expediente. Romero incidió en la existencia de una sentencia judicial de 2012 “en la que se obliga al agente urbanizador a que haga un proyecto de derribo”, admitiendo que se trate de un litigio entre particulares, aunque con matices “ante el proyecto, algo debía decir el ayuntamiento”.
Describiendo el asunto como “complicado”, reconoció el interés del ejecutivo que preside Rafael Albert en solucionar las cosas, aunque finalmente señaló que ante el inicio de este procedimiento es muy posible que la expropiación sea recurrida por vía contenciosa o incluso penal.
El PSOE, a través de su portavoz, Fernando Domínguez, puso este expediente como “ejemplo de una mala gestión urbanística”, entendiendo que los posibles litigios que pudieran venir por la expropiación “será un gasto para todo el pueblo”, señalando que el consistorio debería haber entrado en ese problema “en su momento, no solo para proteger a los vecinos de la zona, para proteger a todos los vecinos”. Domínguez señalaba que “todos estos gastos no deberían ir a los vecinos de todo el pueblo, solo a los de la urbanización”. El portavoz socialista señaló que la actual situación se da por “encogerse de hombros, el ayuntamiento no es un tercero, es un protagonista de esa gestión urbanística”, manifestando que con esas actitudes “vienen las sentencias, las demoliciones de edificios, cuando el ayuntamiento no tiene la razón, y lo paga todo el pueblo”.
El alcalde, Rafael Albert, insistió en que durante la aprobación en 1996 de este proyecto ya se estableció que cualquier problema con la propiedad de los terrenos y los costes e indemnizaciones que de esa propiedad se desprendieran serían asumidos por la empresa, ya que en ese momento ya existía un litigio por la propiedad de los terrenos del depósito.
En ese sentido, recriminó al PSOE sus críticas, recordándole que su partido aprobó también este programa urbanístico en 1996, “nadie se ha encogido de hombros, esto no lo pagará el pueblo, lo pagará el urbanizador y la licencia fue bien redactada”.
La propuesta se aprobó con los votos de PP y Si se puede Oropesa, absteniéndose Compromís, PSOE y Ciudadanos.
El Ayuntamiento de Oropesa del Mar celebró este viernes 28 de julio un pleno extraordinario, en el que se aprobaron dos modificaciones de crédito y el inicio del proyecto de expropiación de los terrenos que ocupa un depósito de agua potable en una urbanización de Bellver.
El primero de los tres puntos en el orden del día fue la modificación de crédito 8/2017, que salió adelante con los votos de PP y Si se puede Oropesa, mientras que Compromís, PSOE y Ciudadanos se abstuvieron.
Esta modificación se realiza a través de una baja de 200.000 euros de la partida de subvenciones deportivas, a la que se le habían inyectado en una modificación previa en abril de este año 400.000 euros, destinándose el dinero tomado de esta partida a la organización de eventos deportivos por parte del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
La segunda de las modificaciones de créditos, aprobada por PP, Si se puede Oropesa, Compromís y PSOE, absteniéndose Ciudadanos, está financiada mediante remanente de tesorería, por importe total de 312.500 euros.
Como explicó la concejala de Servicios Sociales, Arantxa Martínez, desde el ejecutivo local se está haciendo especial hincapié en la formación, por lo que se creará, en colaboración con el SERVEF, un Taller de Empleo orientado a la formación de sus participantes como Informadores Turísticos. Martínez señalaba que del total de la inversión inicial, finalmente el Ayuntamiento de Oropesa del Mar tan solo aportará 40.000 euros, siendo financiado el resto por la Generalitat Valenciana a través del SERVEF, aunque para iniciar el taller se deberá adelantar el dinero que corresponde al ente autonómico, que después le será devuelto.
Del mismo modo se contratará a un Educador Social como personal laboral temporal, con un presupuesto de 12.500 euros, por considerarse desde Servicios Sociales que el papel de estos educadores sociales es de gran importancia en casos como el absentismo escolar.
Expediente de expropiación
Mayor debate existió en el tercer y último punto del orden del día, referido al inicio de un proyecto de expropiación de terrenos ocupados por un depósito de agua potable que suministra a una urbanización en la zona de Bellver.
Como explicó el concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, se trata de una problemática que viene desde 1996, cuando se aprobó por unanimidad de los grupos políticos con representación municipal en aquella legislatura (PP; PSOE y GIO), un proyecto de urbanización en el que existían dudas sobre la propiedad de los terrenos sobre los que se construiría después el depósito de agua potable para dicha urbanización. Esas dudas venían originadas por haberse inscrito el mismo terreno a nombre de dos propietarios distintos en el Registro de la Propiedad.
Fabregat destacó en todo momento que en el expediente, concretamente en el punto cuarto del acuerdo, se determinaba que todas las cargas recaían en el agente urbanizador, en el caso de que finalmente, como así sucedió, un juez determinara que la empresa que desarrollaba el proyecto no era la propietaria de los terrenos.
Ante la falta de acuerdo entre las partes, el consistorio ha optado por iniciar un expediente de expropiación por tasación conjunta para la adquisición de esos terrenos, al considerar el ejecutivo local que se trata de una actuación de interés público, ya que la sentencia judicial ordena la demolición del depósito, lo que dejaría sin servicio de agua potable a más de 200 familias.
La portavoz de Si se puede Oropesa, Arantxa Martínez, manifestó en su intervención que la prioridad es que la gente no se quede sin agua y que una vez se realice la expropiación, la empresa abone los costes, tal como se estipula en el acuerdo. La edil reconoció su preocupación sobre el tema, pero tras consultar la documentación y a los técnicos comprobó que “los gastos estaba contemplado que los asuma el urbanizador”.
Desde Ciudadanos, su portavoz, Araceli de Moya, explicó que se trata de un litigio entre particulares en el que el ayuntamiento es un tercero, describiendo como compleja la situación que se afronta ahora, por lo que primero se debe garantizar el suministro de agua. Araceli de Moya mostró sus dudas por el tiempo transcurrido, señalando que se debía haber intervenido antes y que ahora, después de que un juez haya dictado sentencia de demolición, las partes podrían considerar que se está eludiendo el cumplimiento de dicha sentencia mediante la expropiación.
No obstante, a pesar de avanzar que se encontrarán con un litigio por la tasación de los terrenos, consideró esta como “la salida menos mala”.
Josep Lluís Romero, en nombre de Compromís, manifestó que el expediente creaba muchas dudas, por la redacción de la propuesta, aunque quiso eludir hacer una lectura política de esta problemática, “entendemos que no hay que hacer sangre”, encontrando a faltar antecedentes en el expediente. Romero incidió en la existencia de una sentencia judicial de 2012 “en la que se obliga al agente urbanizador a que haga un proyecto de derribo”, admitiendo que se trate de un litigio entre particulares, aunque con matices “ante el proyecto, algo debía decir el ayuntamiento”.
Describiendo el asunto como “complicado”, reconoció el interés del ejecutivo que preside Rafael Albert en solucionar las cosas, aunque finalmente señaló que ante el inicio de este procedimiento es muy posible que la expropiación sea recurrida por vía contenciosa o incluso penal.
El PSOE, a través de su portavoz, Fernando Domínguez, puso este expediente como “ejemplo de una mala gestión urbanística”, entendiendo que los posibles litigios que pudieran venir por la expropiación “será un gasto para todo el pueblo”, señalando que el consistorio debería haber entrado en ese problema “en su momento, no solo para proteger a los vecinos de la zona, para proteger a todos los vecinos”. Domínguez señalaba que “todos estos gastos no deberían ir a los vecinos de todo el pueblo, solo a los de la urbanización”. El portavoz socialista señaló que la actual situación se da por “encogerse de hombros, el ayuntamiento no es un tercero, es un protagonista de esa gestión urbanística”, manifestando que con esas actitudes “vienen las sentencias, las demoliciones de edificios, cuando el ayuntamiento no tiene la razón, y lo paga todo el pueblo”.
El alcalde, Rafael Albert, insistió en que durante la aprobación en 1996 de este proyecto ya se estableció que cualquier problema con la propiedad de los terrenos y los costes e indemnizaciones que de esa propiedad se desprendieran serían asumidos por la empresa, ya que en ese momento ya existía un litigio por la propiedad de los terrenos del depósito.
En ese sentido, recriminó al PSOE sus críticas, recordándole que su partido aprobó también este programa urbanístico en 1996, “nadie se ha encogido de hombros, esto no lo pagará el pueblo, lo pagará el urbanizador y la licencia fue bien redactada”.
La propuesta se aprobó con los votos de PP y Si se puede Oropesa, absteniéndose Compromís, PSOE y Ciudadanos.
