Pleno ordinario septiembre
Condenan al Ayuntamiento de Torreblanca a pagar 95.000 euros por tardar más de cuatro años en pagar dos facturas de la carretera de Mon Rossi
En el pleno del mes de septiembre también se aprobó la personación del consistorio en el Recurso Contencioso-Administrativo presentado por Doñana Sociedad Cooperativa ante la resolución de desestimar el proyecto de construcción de un bloque de apartamentos en Torrenostra
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El Ayuntamiento de Torreblanca celebró este martes 26 el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, en el que se aprobó con los votos del equipo de gobierno –que forman PSOE, Compromís y los ediles no adscritos- y la abstención del PP la resolución de la alcaldía, de fecha 1 de septiembre de 2017, de comparecer en el Recurso Contencioso-Administrativo presentado por Doñana Sociedad Cooperativa en contra del acuerdo plenario de fecha 12 de abril de 2017 sobre el desestimiento del estudio de detalle para la construcción de un edificio de apartamentos en la Avenida Rey Juan Carlos I, nº 6, Prados III, de Torrenostra.
El ejecutivo que preside la socialista Josefa Tena, rechazó la propuesta de la cooperativa, decisión que ahora ha sido recurrida ante los tribunales.
El concejal del Partido Popular, José Antonio López, adelantó la abstención de su grupo, al considerar que es una decisión ya adoptada por la alcaldía previamente mediante decreto. El edil planteó sus dudas sobre el criterio que llevó a la desestimación del proyecto y si estas obedecían a criterios de propiedad en la parcela o la afección que la misma tiene en la propuesta de deslinde que maneja la Dirección General de Costas.
López señaló que, a pesar de que el consistorio tiene propiedad de un terreno afectado, este no llega a la superficie necesaria para considerarla parcela mínima, por lo que se vería obligado a vender el terreno, lo que a juicio del edil, serviría para que el proyecto siguiera adelante sin claudicar de la postura del ayuntamiento, contraria a aceptar el deslinde del ministerio.
La concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde, Rosana Villanueva, explicó que inicialmente no existían informes que reflejasen la propiedad municipal en el proyecto, aspecto que se ha subsanado ahora, pero se mantuvo firme en la denegación del proyecto, destacando que el planeamiento urbanístico es una competencia municipal, por lo que están legitimados a denegar o aceptar proyectos urbanísticos, “por eso ha ido al Tribunal Superior de Justicia”, en lugar de presentarse en uno de primera instancia.
No obstante, ni nos ni otros explicaron ante el pleno cuáles son esos criterios. El asunto está ya en los tribunales, y allí se determinarán razones, dando o quitando.
Condenan al ayuntamiento a pagar 95.000 euros en intereses de demora
En la misma línea de tribunales en la que está inmerso el Ayuntamiento de Torreblanca –cabe recordar que el tema estrella del golf también lleva ese camino- se aprobó una modificación de crédito de 95.000 euros para hacer frente al pago de los intereses de demora derivados de una sentencia judicial que condena al consistorio al pago de dichos intereses por dos facturas de la empresa INTERSA –actualmente en concurso de acreedores- por el retraso en el pago de dos facturas de sendas certificaciones en las obras de construcción de la carretera de Mon Rossí.
El administrador concursal llevó a los tribunales el retraso de cuatro años y medio en el abono de las dos últimas certificaciones (19 y 20), fallando el juez parcialmente a favor de la empresa –también solicitaba una revisión de precios que no ha sido aceptada por el juez-, por lo que el ejecutivo local ha tenido que echar mano de 70.000 euros del Fondo de Contingencia, 15.000 euros de los antiguos POYS que quedaron sin uso al modificarse la convocatoria de ayudas de la Diputación de Castellón como Plan 135, y finalmente 10.000 euros sobrantes de la partida destinada al pago de la Seguridad Social de los trabajadores municipales.
El proyecto de construcción del vial Carretera de Mon Rossí, para acceder directamente desde la carretera del aeropuerto a los proyectos urbanísticos del litoral, entre ellos el golf, se adjudicó unánimemente a la empresa INTERSA el 1 de agosto de 2007, se puso la primera piedra el 2 de octubre del mismo año y las últimas certificaciones datan de 2010, abonándose finalmente en 2014. En este periodo de tiempo la alcaldía estuvo en manos del PP, primero junto al BLOC y después en minoría con el apoyo de Mª Carmen Gual.
El portavoz del PP, José Antonio López, aseguró que en las primeras certificaciones la empresa no reclamó nada, se fueron pagando las certificaciones de obra –de las que el ayuntamiento era el mero gestor, ya que ese dinero provenía de las empresas urbanizadoras incluidas en la Homologación del Litoral-, destacando que en ningún momento existió falta de voluntad por su parte –era concejal de Hacienda en la época en la que se construyó esta infraestructura-, pero las dos últimas certificaciones no recibieron el visto bueno de la Intervención municipal, por lo que no se procedió a su pago inmediato. “Si no hay informe, no se paga la factura”, aseguró el edil popular.
A eso añadió que “el administrador concursal no respetó lo acordado con la empresa y llevó el caso a los tribunales”, además de señalar que existían deficiencias en las obras, como fue el caso de unos problemas en el entronque eléctrico, que impidieron la aceptación de esas certificaciones.
Sobre ese extremo, la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, señaló que “las certificaciones de la 1 a la 18 se pagaron y no tienen informe”, volviendo también la atención sobre el hecho de que la certificación se firmó por la dirección de obra el 30 de julio de 2010 y no se pagó hasta transcurridos cuatro años y medio. “Me gustaría saber la razón”, apuntaba Villanueva, quien también añadió que “no encuentro ninguna justificación”, para no haber pagado las certificaciones en tiempo y forma, concluyendo al señalar “el Ayuntamiento de Torreblanca se lo había podido ahorrar”.
La réplica de López a esas afirmaciones no se hizo esperar, preguntando a la concejal de Hacienda “¿Acaso insinúa que los responsables políticos no quisieron pagarlo?”, a lo que añadió que “si intervención no lo decía, no se pagaba”. En ese sentido, se da el caso de que ni el Secretario Municipal, ni el Interventor Municipal que ostentaban estos cargos durante la legislatura en cuestión se encuentran al frente de esos despachos en la actualidad. Por ese motivo López insistió, “con independencia de la certificación, si intervención y secretaría no lo autorizan, no se pagaba nada. Cuando se dijo, se pagó”.
Ante estas explicaciones del portavoz del PP, Rosana Villanueva afirmó “yo no le echo la culpa a usted”, aunque añadió un consejo tardío “si intervención no quería pagar, tenía que haberle solicitado un informe por escrito. En Urbanismo nos dicen que nunca se habían hecho informes sobre las certificaciones”.
El debate lo concluyó la alcaldesa, Josefa Tena, señalando que, a pesar de que lo han preguntado, “se desconocen los motivos, nadie sabe. Tenía la esperanza de que nos lo explicaran ustedes”, respecto a los motivos que llevaron a no pagar las facturas, “que podríamos haberlo ahorrado”, cerró Tena.
El pleno también dejó sobre la mesa la aprobación de los días festivos locales para 2018, por no coincidir los propuestos por el Ayuntamiento de Torreblanca a la Generalitat Valenciana con los que solicita la comisión de fiestas de San Antonio 2018.
La Cuenta General del año 2016 salió adelante con los votos del ejecutivo local y la abstención del Partido Popular.
El Ayuntamiento de Torreblanca celebró este martes 26 el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, en el que se aprobó con los votos del equipo de gobierno –que forman PSOE, Compromís y los ediles no adscritos- y la abstención del PP la resolución de la alcaldía, de fecha 1 de septiembre de 2017, de comparecer en el Recurso Contencioso-Administrativo presentado por Doñana Sociedad Cooperativa en contra del acuerdo plenario de fecha 12 de abril de 2017 sobre el desestimiento del estudio de detalle para la construcción de un edificio de apartamentos en la Avenida Rey Juan Carlos I, nº 6, Prados III, de Torrenostra.
El ejecutivo que preside la socialista Josefa Tena, rechazó la propuesta de la cooperativa, decisión que ahora ha sido recurrida ante los tribunales.
El concejal del Partido Popular, José Antonio López, adelantó la abstención de su grupo, al considerar que es una decisión ya adoptada por la alcaldía previamente mediante decreto. El edil planteó sus dudas sobre el criterio que llevó a la desestimación del proyecto y si estas obedecían a criterios de propiedad en la parcela o la afección que la misma tiene en la propuesta de deslinde que maneja la Dirección General de Costas.
López señaló que, a pesar de que el consistorio tiene propiedad de un terreno afectado, este no llega a la superficie necesaria para considerarla parcela mínima, por lo que se vería obligado a vender el terreno, lo que a juicio del edil, serviría para que el proyecto siguiera adelante sin claudicar de la postura del ayuntamiento, contraria a aceptar el deslinde del ministerio.
La concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde, Rosana Villanueva, explicó que inicialmente no existían informes que reflejasen la propiedad municipal en el proyecto, aspecto que se ha subsanado ahora, pero se mantuvo firme en la denegación del proyecto, destacando que el planeamiento urbanístico es una competencia municipal, por lo que están legitimados a denegar o aceptar proyectos urbanísticos, “por eso ha ido al Tribunal Superior de Justicia”, en lugar de presentarse en uno de primera instancia.
No obstante, ni nos ni otros explicaron ante el pleno cuáles son esos criterios. El asunto está ya en los tribunales, y allí se determinarán razones, dando o quitando.
Condenan al ayuntamiento a pagar 95.000 euros en intereses de demora
En la misma línea de tribunales en la que está inmerso el Ayuntamiento de Torreblanca –cabe recordar que el tema estrella del golf también lleva ese camino- se aprobó una modificación de crédito de 95.000 euros para hacer frente al pago de los intereses de demora derivados de una sentencia judicial que condena al consistorio al pago de dichos intereses por dos facturas de la empresa INTERSA –actualmente en concurso de acreedores- por el retraso en el pago de dos facturas de sendas certificaciones en las obras de construcción de la carretera de Mon Rossí.
El administrador concursal llevó a los tribunales el retraso de cuatro años y medio en el abono de las dos últimas certificaciones (19 y 20), fallando el juez parcialmente a favor de la empresa –también solicitaba una revisión de precios que no ha sido aceptada por el juez-, por lo que el ejecutivo local ha tenido que echar mano de 70.000 euros del Fondo de Contingencia, 15.000 euros de los antiguos POYS que quedaron sin uso al modificarse la convocatoria de ayudas de la Diputación de Castellón como Plan 135, y finalmente 10.000 euros sobrantes de la partida destinada al pago de la Seguridad Social de los trabajadores municipales.
El proyecto de construcción del vial Carretera de Mon Rossí, para acceder directamente desde la carretera del aeropuerto a los proyectos urbanísticos del litoral, entre ellos el golf, se adjudicó unánimemente a la empresa INTERSA el 1 de agosto de 2007, se puso la primera piedra el 2 de octubre del mismo año y las últimas certificaciones datan de 2010, abonándose finalmente en 2014. En este periodo de tiempo la alcaldía estuvo en manos del PP, primero junto al BLOC y después en minoría con el apoyo de Mª Carmen Gual.
El portavoz del PP, José Antonio López, aseguró que en las primeras certificaciones la empresa no reclamó nada, se fueron pagando las certificaciones de obra –de las que el ayuntamiento era el mero gestor, ya que ese dinero provenía de las empresas urbanizadoras incluidas en la Homologación del Litoral-, destacando que en ningún momento existió falta de voluntad por su parte –era concejal de Hacienda en la época en la que se construyó esta infraestructura-, pero las dos últimas certificaciones no recibieron el visto bueno de la Intervención municipal, por lo que no se procedió a su pago inmediato. “Si no hay informe, no se paga la factura”, aseguró el edil popular.
A eso añadió que “el administrador concursal no respetó lo acordado con la empresa y llevó el caso a los tribunales”, además de señalar que existían deficiencias en las obras, como fue el caso de unos problemas en el entronque eléctrico, que impidieron la aceptación de esas certificaciones.
Sobre ese extremo, la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, señaló que “las certificaciones de la 1 a la 18 se pagaron y no tienen informe”, volviendo también la atención sobre el hecho de que la certificación se firmó por la dirección de obra el 30 de julio de 2010 y no se pagó hasta transcurridos cuatro años y medio. “Me gustaría saber la razón”, apuntaba Villanueva, quien también añadió que “no encuentro ninguna justificación”, para no haber pagado las certificaciones en tiempo y forma, concluyendo al señalar “el Ayuntamiento de Torreblanca se lo había podido ahorrar”.
La réplica de López a esas afirmaciones no se hizo esperar, preguntando a la concejal de Hacienda “¿Acaso insinúa que los responsables políticos no quisieron pagarlo?”, a lo que añadió que “si intervención no lo decía, no se pagaba”. En ese sentido, se da el caso de que ni el Secretario Municipal, ni el Interventor Municipal que ostentaban estos cargos durante la legislatura en cuestión se encuentran al frente de esos despachos en la actualidad. Por ese motivo López insistió, “con independencia de la certificación, si intervención y secretaría no lo autorizan, no se pagaba nada. Cuando se dijo, se pagó”.
Ante estas explicaciones del portavoz del PP, Rosana Villanueva afirmó “yo no le echo la culpa a usted”, aunque añadió un consejo tardío “si intervención no quería pagar, tenía que haberle solicitado un informe por escrito. En Urbanismo nos dicen que nunca se habían hecho informes sobre las certificaciones”.
El debate lo concluyó la alcaldesa, Josefa Tena, señalando que, a pesar de que lo han preguntado, “se desconocen los motivos, nadie sabe. Tenía la esperanza de que nos lo explicaran ustedes”, respecto a los motivos que llevaron a no pagar las facturas, “que podríamos haberlo ahorrado”, cerró Tena.
El pleno también dejó sobre la mesa la aprobación de los días festivos locales para 2018, por no coincidir los propuestos por el Ayuntamiento de Torreblanca a la Generalitat Valenciana con los que solicita la comisión de fiestas de San Antonio 2018.
La Cuenta General del año 2016 salió adelante con los votos del ejecutivo local y la abstención del Partido Popular.
