Pleno ordinario
Oropesa del Mar aprueba la exposición pública para modificar el uso de la parcela en la que se construirá el Centro Social
El pleno aprobó también un reconocimiento extrajudicial de créditos por importe de 4.484 euros y una moción solicitando la derogación del requisito del segundo médico en los bous al carrer
![[Img #64620]](upload/img/periodico/img_64620.jpg)
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Oropesa del Mar celebrado este lunes 5 de marzo aprobó el pago de una serie de veinte facturas, que sumaban un total de 4.484 euros, a través del trámite obligatorio de un reconocimiento extrajudicial de créditos, ya que pertenecían a los años 2015, 2016 y 2017. Según aclaró el alcalde, Rafael Albert, esta acumulación de facturas de ejercicios pasados obedece a un error del proveedor, que no presentó a tiempo las correspondientes facturas para su cobro.
El punto solo obtuvo respaldo por parte del Partido Popular y Si se puede Oropesa, mientras que Compromís se abstuvo y tanto PSOE como Ciudadanos votaron en contra.
La oposición reclamó la regularización de estas compras mediante el correspondiente concurso público para evitar este tipo de situaciones en el futuro.
Por unanimidad se aprobó abrir el periodo de información pública por espacio de 45 días de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar el uso de una parcela destinada inicialmente a Vivienda de Protección Pública, para que se destine a suelo dotacional público. Este cambio obedece a la intención del equipo de gobierno de construir en estos terrenos un Centro Social en el que se crearán espacios propios para las asociaciones locales, así como un aula polivalente.
Se trata de un último trámite urbanístico, después de superar la fase del estudio medioambiental del proyecto, para la modificación de uso de esta parcela de cerca de 200 metros cuadrados, situada en el número 22 de la calle Pío XII, en la que en la actualidad existe un pequeño almacén municipal. La portavoz de Cs, Araceli de Moya, a pesar de mostrarse favorable a la propuesta, criticó que se elimine suelo para viviendas protegidas, mientras que por otra parte se promueven planes de vivienda social por parte del ejecutivo local, lo que a su juico representa falta de interés por parte del gobierno local por incentivar la construcción de vivienda protegida.
El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, explicó que el municipio cuenta con suficiente suelo destinado a Vivienda de Protección Pública disponible para ser puesto a disposición de los interesados, “porque el ayuntamiento no construye las viviendas”.
El proyecto del Centro Social se encuentra bastante avanzado, según señalaron fuentes municipales, y se espera que este año se comiencen las obras, que se pretenden financiar mediante fondos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo.
Cerrando la parte resolutoria, se debatió una moción del Partido Popular para solicitar la derogación de la Disposición Adicional Quinta que obliga a la presencia de un segundo médico en los espectáculos de bous al carrer.
El concejal de Fiestas, Dimas Albert, pidió la derogación de este requisito, al considerar que desde el mundo de la fiesta se ve innecesaria la presencia de un segundo médico, por lo que calificó la norma de “trabas en contra de los bous al carrer”.
Cs se mostró favorable a la derogación de la obligatoriedad del segundo médico, considerando que la continuidad de estos festejos debe estar en manos de la ciudadanía.
Más crítico fue Josep Lluís Romero con la moción de los populares, recordando que fue el Partido Popular el que presentó a principio de la presente legislatura una Proposición No de Ley para incluir el segundo médico en los festejos taurinos, por lo que acusó al PP de “tirar la piedra y esconder la mano”, presentando la propuesta a espaldas de la Comisión Consultiva de Festejos Populares y “sin consultar a nadie”, lo que Podemos aprovechó “de forma cobarde” para colarlo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, motivo por el cual instó al PP a “reconocer que se equivocaron”.
Para Romero, ni existe la titulación que se requiere, ni hay suficientes médicos para cubrir la demanda, criticando además que el PP presente una moción solicitando la derogación de algo que ya cuenta con una moratoria de dos años.
El alcalde, Rafael Albert, reconoció el error cometido por el PP en Les Corts, aunque reviró manifestando que “me hubiera gustado ver a algunos en la manifestación de la Plaza de Toros defendiendo los festejos de bous al carrer”, una expresión cultural que a juicio del primer edil, representa una importante actividad económica y de empleo.
Para Albert, la moratoria aprobada por Compromís y el PSOE tiene como objetivo único que la ley se aplique después de las próximas elecciones autonómicas.
En la Dación de Cuentas de la ejecución del presupuesto del 4º Trimestre de 2017, el alcalde Rafael Albert informó durante la rueda de prensa posterior al pleno que el importe total de los recibos municipales puestos al cobro asciende a 19.226.164 euros, habiéndose cobrado 16.000.000 euros de esa cantidad, mientras que el gasto en el 4º Trimestre del pasado ejercicio ascendió a 16.911.190 euros. El periodo medio de pago a proveedores fue de 4,61 días y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar cuenta con una liquidez que asciende a 28.115.915,84 euros, cantidad que actualmente tiene en sus cuentas bancarias.
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El pleno ordinario del Ayuntamiento de Oropesa del Mar celebrado este lunes 5 de marzo aprobó el pago de una serie de veinte facturas, que sumaban un total de 4.484 euros, a través del trámite obligatorio de un reconocimiento extrajudicial de créditos, ya que pertenecían a los años 2015, 2016 y 2017. Según aclaró el alcalde, Rafael Albert, esta acumulación de facturas de ejercicios pasados obedece a un error del proveedor, que no presentó a tiempo las correspondientes facturas para su cobro.
El punto solo obtuvo respaldo por parte del Partido Popular y Si se puede Oropesa, mientras que Compromís se abstuvo y tanto PSOE como Ciudadanos votaron en contra.
La oposición reclamó la regularización de estas compras mediante el correspondiente concurso público para evitar este tipo de situaciones en el futuro.
Por unanimidad se aprobó abrir el periodo de información pública por espacio de 45 días de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para cambiar el uso de una parcela destinada inicialmente a Vivienda de Protección Pública, para que se destine a suelo dotacional público. Este cambio obedece a la intención del equipo de gobierno de construir en estos terrenos un Centro Social en el que se crearán espacios propios para las asociaciones locales, así como un aula polivalente.
Se trata de un último trámite urbanístico, después de superar la fase del estudio medioambiental del proyecto, para la modificación de uso de esta parcela de cerca de 200 metros cuadrados, situada en el número 22 de la calle Pío XII, en la que en la actualidad existe un pequeño almacén municipal. La portavoz de Cs, Araceli de Moya, a pesar de mostrarse favorable a la propuesta, criticó que se elimine suelo para viviendas protegidas, mientras que por otra parte se promueven planes de vivienda social por parte del ejecutivo local, lo que a su juico representa falta de interés por parte del gobierno local por incentivar la construcción de vivienda protegida.
El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, explicó que el municipio cuenta con suficiente suelo destinado a Vivienda de Protección Pública disponible para ser puesto a disposición de los interesados, “porque el ayuntamiento no construye las viviendas”.
El proyecto del Centro Social se encuentra bastante avanzado, según señalaron fuentes municipales, y se espera que este año se comiencen las obras, que se pretenden financiar mediante fondos procedentes del Patrimonio Municipal del Suelo.
Cerrando la parte resolutoria, se debatió una moción del Partido Popular para solicitar la derogación de la Disposición Adicional Quinta que obliga a la presencia de un segundo médico en los espectáculos de bous al carrer.
El concejal de Fiestas, Dimas Albert, pidió la derogación de este requisito, al considerar que desde el mundo de la fiesta se ve innecesaria la presencia de un segundo médico, por lo que calificó la norma de “trabas en contra de los bous al carrer”.
Cs se mostró favorable a la derogación de la obligatoriedad del segundo médico, considerando que la continuidad de estos festejos debe estar en manos de la ciudadanía.
Más crítico fue Josep Lluís Romero con la moción de los populares, recordando que fue el Partido Popular el que presentó a principio de la presente legislatura una Proposición No de Ley para incluir el segundo médico en los festejos taurinos, por lo que acusó al PP de “tirar la piedra y esconder la mano”, presentando la propuesta a espaldas de la Comisión Consultiva de Festejos Populares y “sin consultar a nadie”, lo que Podemos aprovechó “de forma cobarde” para colarlo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, motivo por el cual instó al PP a “reconocer que se equivocaron”.
Para Romero, ni existe la titulación que se requiere, ni hay suficientes médicos para cubrir la demanda, criticando además que el PP presente una moción solicitando la derogación de algo que ya cuenta con una moratoria de dos años.
El alcalde, Rafael Albert, reconoció el error cometido por el PP en Les Corts, aunque reviró manifestando que “me hubiera gustado ver a algunos en la manifestación de la Plaza de Toros defendiendo los festejos de bous al carrer”, una expresión cultural que a juicio del primer edil, representa una importante actividad económica y de empleo.
Para Albert, la moratoria aprobada por Compromís y el PSOE tiene como objetivo único que la ley se aplique después de las próximas elecciones autonómicas.
En la Dación de Cuentas de la ejecución del presupuesto del 4º Trimestre de 2017, el alcalde Rafael Albert informó durante la rueda de prensa posterior al pleno que el importe total de los recibos municipales puestos al cobro asciende a 19.226.164 euros, habiéndose cobrado 16.000.000 euros de esa cantidad, mientras que el gasto en el 4º Trimestre del pasado ejercicio ascendió a 16.911.190 euros. El periodo medio de pago a proveedores fue de 4,61 días y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar cuenta con una liquidez que asciende a 28.115.915,84 euros, cantidad que actualmente tiene en sus cuentas bancarias.

















