La abstención de Si Se Puede Oropesa posibilita el rechazo de la oposición al plan de pago para la deuda de 2.778.316 euros que COMERVI tiene con el consistorio

El Partido Popular ha visto como su propuesta para establecer un plan de pagos para que la mercantil Comercializadora de Viviendas SA (COMERVI) -empresa en la que se agrupó la actividad inmobiliaria de Marina d’Or- abonara a lo largo de 7 años la deuda de 2.778.316 euros que mantiene con el Ayuntamiento de Oropesa del Mar se viera rechazada al no contar con la mayoría absoluta de los miembros de la corporación necesaria por ley para aprobar una medida de este calado económico.

Compromís, PSOE y Ciudadanos votaron en contra, mientras que el socio de gobierno de los populares, Si Se Puede Oropesa, se abstuvo, por lo que la propuesta fue rechazada. Al tratarse de una cuestión económica que supera el 10% de los recursos ordinarios debe aprobarse por pleno y la votación requiere de una mayoría absoluta, que en el caso de Oropesa del Mar es de 7 concejales.

La premura y las formas de la convocatoria han sido esgrimidas por la mayoría de grupos políticos  para oponerse a la propuesta del PP.

COMERVI entró en concurso de acreedores en 2014 y en la actualidad ya se considera que ha superado esta situación económica y el final de su insolvencia, a expensas de que el juez declare el final del procedimiento concursal.

El pasado 11 de abril de 2018 se celebró una Junta de Acreedores, en la que participa el Ayuntamiento de Oropesa del Mar junto con otras administraciones públicas y empresas, reunión en la que el 72% de los acreedores aprobaron una quita del 65% de la deuda ordinaria y subordinada (que corresponde entre otros conceptos a recargos, apremios e intereses de las deudas contraídas por la empresa), que asciende a 1.800.000 euros, de los que el consistorio recibirá finalmente el 35% a lo largo de un periodo de 10 años para la liquidación del total.

Por otra parte, la deuda privilegiada, (que engloba impagos por IBI, Cuotas Urbanísticas y garantías hipotecarias) representa un montante de 2.778.316 euros, para lo que se pretendía firmar un convenio singular entre la empresa y el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, para establecer un plan de pagos para satisfacer cuotas mensuales, que comenzarían por un importe de 28.000 euros la primera hasta 34.000 euros la última, por espacio de 7 años, garantizando el cobro íntegro de la deuda.

Este convenio debía ser aprobado por el pleno por mayoría absoluta antes de que el juez dicte sentencia sobre el Concurso de Acreedores. Si no se firma el convenio antes de dicha sentencia, “los créditos privilegiados dejan de estar paralizados, por lo que pasan a ser inmediatamente ejecutivos”. Además, la empresa debería abonar 378.190,65 euros como requisito imprescindible antes de firmar el convenio, cantidad correspondiente a la deuda acumulada durante el Concurso de Acreedores.

La representante de Si Se Puede Oropesa, Arantxa Martínez, consideró “indignante” la quita del 65% propuesta para los créditos subordinados y ordinarios, “el cuerpo nos pide votar en contra” pero anunció su intención de abstenerse, “por responsabilidad y para encontrar el mejor trato”. Pese a esta afirmación, ya que la abstención era equiparable en este caso a un voto en contra, la concejala ratificó al finalizar el pleno que era consciente en todo momento de que el resultado final sería que la propuesta de sus socios de gobierno no prosperase.

Araceli de Moya, portavoz de Ciudadanos, quiso poner de manifiesto su queja y protesta por la convocatoria, la cual calificó como “no legal”, considerando que no existía urgencia, ya que la noticia del acuerdo había salido en prensa días antes. De Moya consideró necesaria una reunión previa para haber discutido los detalles de la propuesta, por lo que criticó que se dieran “pocas explicaciones en un asunto tan importante”.

La portavoz de Ciudadanos culpa al PP de no haber cobrado las deudas en su momento y permitir que estas llegaran al concurso de acreedores, “por no estar encima”.

Desde Compromís, Josep Lluís Romero también criticó las formas en la convocatoria y que no se les informase antes, si desde el 25 de abril se conoce el convenio  y la providencia de alcaldía se hizo el 30 de abril, “costaba poco esperar un día para la convocatoria”, señalaba el edil. El concejal aseguró que por parte de su grupo no hubiera habido problema en acercarse al ayuntamiento el día 1 para poder estudiar al menos durante día y medio la documentación.

Romero también mostró sus dudas sobre el valor de las propiedades que se ponen como garantía, al considerar que parkings, parcelas en Cabanes o en el PAI de Torre La Sal, “no acabamos de entender cómo se llevará a cabo” o “¿qué harán si no paga?”.

Fernando Rodríguez, portavoz del PSOE, también se sumó a la disconformidad de sus tres predecesores sobre las formas de la convocatoria, para la que solo tuvieron 45 minutos antes del pleno para estudiar la documentación, “no estamos en condiciones de aprobar nada”, señalaba el edil socialista.

El edil del PSOE manifestó sus dudas sobre muchos aspectos del convenio singular propuesto, estimando que una parte perjudica al ayuntamiento, ya que las garantías deberían liberarse de manera inversa a su importancia y potencial liquidez.

El alcalde, Rafael Albert, insistió en la legalidad de la convocatoria, señalando que antes de ayer se comunicó a los portavoces de los grupos la inminente convocatoria urgente del pleno, y achacó a problemas de comunicación en Ciudadanos el hecho de que uno de sus concejales no asistiera a la sesión. El primer edil preguntó a la oposición “¿pensáis que os estamos proponiendo algo ilegal?, solo queremos que el ayuntamiento pueda cobrar”. Según Albert, la rapidez de la celebración del pleno venía aconsejada por los abogados, al no saber la fecha exacta en la que se dictará sentencia por parte del juzgado. El bloqueo de la votación fue una mala noticia para el alcalde, que aseguraba desconocer el sentido del voto del resto de grupos, “si llegamos a las expropiaciones es cuando no cobraremos nada”.

A pesar de las advertencias de Josep Lluís Romero sobre la necesidad por ley de que se contase con una mayoría absoluta para la aprobación, la votación se llevó a cabo con el resultado conocido. Rafael Albert aseguraba al finalizar el pleno que no existía una disciplina de voto en el ejecutivo local con Si Se Puede Oropesa, “pero esperaba que los grupos pudieran entender que se trata de algo positivo, que nos interesa para poder cobrar la deuda totalmente”.

El alcalde aseguró que por su parte el tema no va a volver a tratarse en el pleno “a menos de que algún grupo político decida modificar su voto y proponga que se vuelva a debatir”.