Infertosa dice no tener previsto por el momento expropiar fincas para seguir con la extracción de turba en el Prat

Infertosa no tiene previsto expropiar terrenos para llevar a cabo su actividad de extracción minera y no se contempla salir de las zonas en las que se trabaja en la actualidad, concluyeron el jueves 26 de abril los representantes de la mercantil.
La empresa concesionaria de la extracción de turba en el Prat, Infertosa, celebró una reunión informativa en la antigua biblioteca de Torreblanca para explicar a los afectados y a los vecinos en general, detalles sobre la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada necesaria para la actividad.
Sobre los interrogantes que se ciernen sobre la actual situación, la empresa explicó que en la actualidad cuentan con tres concesiones mineras (San Enrique, Santa Ofelia y Ampliación Santa Ofelia). No obstante, pese a que estas concesiones están delimitadas dentro de unas cuadrículas mineras, eso no significa que necesariamente se vaya a actuar sobre toda la superficie. Es el Proyecto de Explotación el que determina las zonas concretas dentro de la cuadrícula minera. Existen zonas, que entran dentro de la concesión minera, que se determinan como zona de reserva a futuro, pero en las que no se contempla extraer turba por el momento.

Acuerdos con los Ayuntamientos de Torreblanca y Cabanes
Infertosa insiste en que no van a haber expropiaciones, ya que asegura que se trabajará en la zona donde tengan un contrato de arrendamiento, un contrato de compraventa o se haya llegado a un acuerdo con el propietario. En la actualidad Infertosa tiene acuerdos con los Ayuntamientos de Torreblanca y Cabanes para desarrollar la actividad y en los próximos 30 años se mantendrá la extracción en estos terrenos, sin recurrir a la zona de reserva.
Actualmente se está extrayendo la turba en el término municipal de Cabanes, en terrenos de titularidad municipal, al existir un contrato con el consistorio. En Torreblanca se trabaja en una gran parcela con la que en su momento se llegó a un acuerdo con su propietario, en una parcela propiedad de la empresa y en parcelas en las que se tienen contratos para la extracción de turba.
Los representantes de la mercantil concesionaria aseguraron durante la reunión que este proyecto no va a afectar a más propietarios ni se va a expropiar. Por ello quisieron transmitir un mensaje de tranquilidad ante una audiencia discrepante “a nadie se le va a quitar nada”.

Situación actual
La empresa concesionaria tramita en la actualidad dos expedientes para adecuar sus explotaciones mineras a la normativa de 2006 que obliga a las concesiones de extracción de turba en zonas Ramsar en espacios protegidos como el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca a solicitar una Autorización Ambiental Integrada.
Por ese motivo se ha notificado a los titulares de los terrenos afectados, así como a los colindantes.
Infertosa insiste en que no se puede entrar en una propiedad y que la empresa seguirá los cauces legales para seguir con la actividad. Por ello aseguraron que no se ocuparán nuevos terrenos en los próximos 30 años, y que entonces se buscará llegar a acuerdos con los propietarios.
La tramitación que se está llevando a cabo actualmente está centrada en la zona en la que se trabaja en la actualidad. Para la ampliación de la misma, a 30 años vista, se deberá iniciar un nuevo expediente para obtener la Autorización Ambiental Integrada.
La concesión minera, que finalizará dentro de 40 años, otorga al concesionario del derecho sobre la turba a extraer, pero no para entrar en las propiedades, para lo que debe tener la propiedad o un convenio con el propietario.

Perjuicios de la explotación
Infertosa asegura que la legislación vigente les obliga a respetar el entorno y restablecerlo para que quede lo más parecido a como estaba antes de la extracción de la turba. Para ello cuenta con Estudios de Integración Paisajística y un Informe de Impacto Ambiental. La restauración de los terrenos afectados por la extracción de mineral está respaldada por un aval depositado para que se garantice la recuperación del entorno. Es la administración quien debe velar por el cumplimiento, dentro del plazo de 30 años establecido para la recuperación del aval, si se ha realizado de forma correcta la recuperación del entorno o no. A ese efecto se redactó un Plan de Restauración aprobado por la administración y actualizado en base a las nuevas normativas ambientales.

Daños en caminos y riegos
La empresa reconoce la responsabilidad de reponer los daños causados por sus camiones en los caminos rurales, señalando a los ayuntamientos y a la consellería como garantes de la vigilancia del cumplimiento de estas responsabilidades, que obligan a la empresa a reponer caminos afectados y para lo que se depositaron los correspondientes avales.
Respecto a los riegos, a preguntas de personas del público, se explicó que existe un convenio con la sociedad de riego para la reparación de las tuberías que se pudieran romper con el tráfico pesado que genera la actividad.

Licencias
Menos definida y más abierta a interpretaciones está la cuestión de las licencias. Desde la empresa se defiende la postura de que la actividad no ha surgido de la nada, que lleva más de 30 años desarrollándose en la zona y que lo que se está tramitándose es una adecuación a la normativa actual, más exigente en aspectos medioambientales, no una actuación al margen de la ley.
Según la empresa, esta cuenta con licencia de actividad en Cabanes, “no es una actividad que empezó ayer, es una actividad que lleva desarrollándose más de 30 años, cuando no existían las mismas normativas que hoy”, señalaron en la reunión.
La Ley 2/2006 obliga a actualizar las licencias, por lo que se tramitan las Autorizaciones Ambientales Integradas, que sustituyen a las licencias de actividad, encontrándose ahora en un periodo transitorio para adaptarse a las nuevas leyes ambientales.
“La actividad tiene las licencias que se exigían en el momento de la concesión”, explican, por lo que se adecuan a la legislación vigente. “No es una actividad clandestina, surgida por arte de magia”.

Expropiaciones
El público asistente pregunto con insistencia sobre la posibilidad de una expropiación forzosa de sus terrenos. Infertosa reiteró que no habrá expropiaciones.
La Ley de Minas de 1973, en su artículo 105 otorga al titular de una concesión minera la facultad de ser beneficiario de una expropiación, pero no le da la potestad de expropiar directamente. Una empresa privada no puede expropiar, lo cual es una facultad de la administración pública (ayuntamientos, comunidades autónomas o gobierno), por lo que debería solicitar a la administración el inicio de un expediente de expropiación en base a criterios de utilidad pública.

Concesión a 90 años
La actual concesión cuenta con un plazo de 90 años, de los cuales ya han pasado al menos 30. La empresa señala que en el caso de que ellos decidan renunciar a la concesión y dejen sin extraer la turba de la explotación, eso dejaría vacante esa cuadrícula minera para que otra empresa pudiera solicitar la explotación.
La turba está considerada como un mineral estratégico por el Gobierno de España por ser un bien escaso en el país. Concretamente, el yacimiento del Prat cuenta con grandes reservas y de gran calidad.