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El Ayuntamiento de Torreblanca gastó 49.304,39 euros de más en las obras de construcción del Skate park y Pump track sin tramitación administrativa, sin consentimiento de la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva –responsable de la dirección de la obra- y después de haber realizado un modificado de obra incrementando en 14.000 euros el presupuesto inicial. El concejal de Turismo Carlos García, se responsabilizó de unos cambios realizados sin proyecto ni tramitación firmando la conformidad de dos facturas de 14.000’01 euros y 35.304’38 euros.
El pleno celebrado el martes 30 de abril aprobó una modificación de créditos por importe de 25.584’62 euros para hacer frente al pago del reconocimiento extrajudicial de créditos de las facturas presentadas por la empresa constructora –para evitar el enriquecimiento ilícito de la administración- que no fueron pagadas inicialmente por haber sido ejecutados los trabajos al margen del proyecto inicial y sin que se hubiera realizado ninguna tramitación que justificara el sobrecoste.
El informe de la Intervención Municipal consideraba en su día estas facturas “un modificado de contrato superior al legalmente permitido y sin tramitación administrativa alguna”, por lo que determina que “dicho modificado se encuentra incurso en el supuesto de nulidad de pleno derecho, tanto por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, como por haberse ejecutado sin crédito adecuado y suficiente”. Por ese motivo, el Interventor municipal manifestaba en su informe su extrañeza por el hecho de que la obra adicional se ejecutara sin que quedara constancia formal por parte de la dirección de obras, de la empresa contratista, del responsable del contrato o de algún técnico municipal.
El concejal de Turismo, Agricultura y Medio Ambiente, Carlos Luis García, asumió la firma de las facturas fuera de contrato y justificó durante la sesión plenaria su decisión señalando que ahora Torreblanca cuenta con un skate park y pump track de primer nivel, que es visitado por muchos aficionados de toda la Comunitat Valenciana.
Por su parte, el concejal del PP, José Antonio López, criticó que García, como concejal de Turismo, firmara dando la conformidad a unas facturas que eran responsabilidad de la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, de las que no consta procedimiento, ni proyecto ni informes técnicos por unos trabajos que “alguien le dijo al contratista que los hiciera, sin contrato”.
Desde el PP mostraban su disconformidad con el proyecto desde el inicio, que de los 49.000 euros iniciales en marzo de 2017 pasaron a un presupuesto de 78.000 euros mediante un modificado de obra para ser financiados mediante una subvención de la Diputación de Castellón. El importe aún se incrementaría después con un modificado de obra que aumentaba el coste en 7.599 euros por unos imprevistos detectados durante los trabajos de excavación. Ese es el punto de la tramitación en el que la responsable de la obra, la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, asegura que deja de tener constancia de las modificaciones, cambios y sobrecostes que se presentarían después. En el debate no participó la alcaldesa socialista, Josefa Tena, visiblemente incómoda.
El fin justifica los medios
En su defensa, Carlos Luís García insistió en que “viene gente de toda la Comunitat Valenciana a disfrutar de estas instalaciones, pasan el día en Torreblanca y ahí está el skate park y el pump track que lo pueden ver las personas. El procedimiento es posible que no sea el que toca, pero nosotros nos quedamos en que está teniendo mucho éxito y está en boca de mucha gente que practica este deporte”.
Rosana Villanueva reconoce que el proyecto era su responsabilidad, pero que paralizó las obras cuando recibió un correo del constructor diciéndole que lo que se quería hacer no entraba en la obra inicial “la modificación de 7.000 euros, hasta ahí sé”, afirmó. Después, la concejalía rechazó las facturas que no constaban como parte del proyecto inicial, “Carlos parece que sí lo sabía y las aprobó. Sabía más, parece ser”.
El procedimiento del pago se ha retrasado al ser necesario realizar alzamientos topográficos, mediciones, catas y revisiones de materiales empleados en las obras, ya que no constaba proyecto previo de obra, para determinar el coste real de lo construido. El contratista se queda sin cobrar el beneficio industrial, al considerar que no puede tener derecho al mismo por estar las obras fuera de contrato.
Desde el PP, José Antonio López mostraba su sorpresa ante el hecho de que el concejal de Turismo se inmiscuyera en un proyecto de Urbanismo, algo que consideró que no es normal, pero que obedece a la forma de actuar de alguien “acostumbrado a actuar de forma incorrecta”. En ese sentido, López responsabilizó del desaguisado directamente “a quien le dijo al contratista que hiciera la obra, por una irregularidad de la que hizo partícipe al resto del equipo de gobierno”.
García rebatió las acusaciones del concejal del PP asegurando que el anterior gobierno, del que formaba parte López, dejó por pagar facturas “me sorprende que se rasgue las vestiduras”. No obstante, el concejal de Turismo concluyó pidiendo disculpas “si a alguien le he ofendido o si actué mal”, pero prefería mantener la idea de que “tenemos un skate park y yo siempre actué por el interés general”.
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