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el7set
Martes, 30 de Julio de 2019
Pleno extraordinario

Oropesa del Mar aprueba las modificaciones del convenio de la desaladora propuestas por la Abogacía del Estado

La instalación comenzará a funcionar la próxima semana

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El Ayuntamiento de Oropesa del Mar aprobó, con votos a favor del PSOE y Ciudadanos, en contra de Compromís y la abstención del PP, la modificación del convenio relativo al acuerdo provisional de suministro de agua de la desaladora Oropesa-Cabanes, en el pleno extraordinario celebrado el martes 30 de julio. En concreto, se ha dado luz verde al cambio de las cláusulas tercera y quinta del acuerdo con la empresa Acuamed, que fueron aprobadas en la pasada legislatura, el 29 de marzo concretamente. 

 

La primera de ellas hace referencia al compromiso de suministro, que deberá realizarse según demanda real y puntual del municipio, teniendo en cuenta que al tratarse de una zona turística la mayor parte de la demanda se procede en la estación estival, así como en Semana Santa, Pascua, puentes y festivos. Esta situación obliga a Acuamed a garantizar en los puntos de entrega de agua un caudal mínimo en los días de máximo consumo del año 20.000 metros cúbicos diarios, siempre que sea técnicamente posible, así como certificar los caudales punta existentes en cada momento siempre y cuando: este suministro sea compatible con las necesidades del resto de usuarios de la planta; las condiciones técnicas, administrativas y autorizaciones pertinentes de la planta; y que el diseño de las infraestructuras de distribución del agua producid a lo permitan.

 

En cuanto a la quinta cláusula, sobre las tarifas transitorias, se ha aprobado que en caso de la imposibilidad de suministro por motivos imputables a Acuamed, el compromiso fijo a la tarifa se facturara neto de la compensación a la que tiene derecho el Ayuntamiento y que está establecida en la cláusula octava del convenio, hasta la reanudación del servicio. 

 

Desde Compromis aseguran que el convenio ha empeorado “ahora se pueden lavar las manos y será el pueblo el que paga”, manifestaba su portavoz, Eric Traver.

 

Rafael Albert, del Partido Popular,  ha asegurado que el tema “es importante y se trabajo mucho para que saliera adelante” y manifestaba que las modificaciones por parte de la abogacía del estado “protegen a la empresa”, aunque  aseguró que “no vamos a imposibilitar esto, el problema que tenemos tiene que ver con la cantidad y la calidad del agua”. No obstante, Albert cuestionó al ejecutivo local que forman PSOE y Ciudadanos, "queremos saber cómo se va a complementar el aumento de demanda".

 

A esta duda de los populares, la alcaldesa, María Jiménez, contestó que, en cuestión de poco más de un mes, “tendremos la autorización por parte de la Conselleria para poner en marcha todos los bastidores y abastecernos del agua que necesitamos”.

 

Araceli de Moya, que votó en contra en el borrador del convenio el pasado marzo, señalaba que “no es que nos guste mucho, la desaladora es una carga, esperamos que el gobierno asuma los gastos de amortización”.

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