La alcaldesa de Torreblanca declarará en diciembre como investigada por los pagos realizados con reparo de Intervención denunciados por el PP

La alcaldesa de Torreblanca, la socialista Josefa Tena Martínez, ha sido citada a declarar el próximo 18 de diciembre en calidad de investigada en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón a raíz de la denuncia presentada por los concejales que en la pasada legislatura formaban parte del Grupo Municipal Popular.

La denuncia del PP de Torreblanca se fundamenta en la cantidad de 1.892.023,70 euros pagados por el Ayuntamiento de Torreblanca con reparos del interventor municipal durante el ejercicio del año 2017, lo que durante aquel ejercicio representaba una cifra equivalente al 42% del presupuesto municipal, que ese año ascendió a 4.500.000 euros.

Estos pagos con reparos de legalidad por parte del interventor municipal fueron, a pesar de ellos, autorizados por la alcaldesa, por lo que los populares en su documento de denuncia señalaron que “las conductas fueron realizadas a sabiendas, dado que de forma reiterada ha existido un informe del Interventor Municipal advirtiendo de la ilegalidad de las medidas adoptadas, de forma previa a la autorización del pago, y aún así la señora Tena Martínez procedió a autorizar el pago”.

La citación como investigada de la alcaldesa socialista de Torreblanca llega después de la declaración del Interventor Municipal, redactor de los informes de reparo a los que se alude en la denuncia, que se suma a las declaraciones de los cinco concejales del PP de la pasada legislatura y el gerente de una empresa que prestó servicios al Ayuntamiento de Torreblanca.

Tras estas diligencias previas realizadas por el juzgado, la jueza al cargo de la investigación ha considerado que existen indicios suficientes para llamar a declarar a la denunciada, Josefa Tena, como investigada, actual denominación de la figura antes conocida como imputada. El procedimiento judicial se centra en la parte de la denuncia que alude a la posible existencia de un “fraccionamiento ilegal del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores, así como la fiscalización por los órganos de Intervención”, tal como reza en el texto de la denuncia.  

Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con las partes implicadas sin que se haya producido una respuesta.