Opinión
¡TOMA EL DINERO Y CORRE!
![[Img #75647]](http://el7set.es/upload/images/11_2019/6395_85c744d5-4d0a-4c62-a716-cd0d37cb48cb.jpg)
Hay un tema que, la verdad, que me tiene un poco pensativo, y es que hace unas semanas pudimos leer en diferentes periódicos que el actual equipo de gobierno se felicita por la sentencia dictada a favor del Ayuntamiento en la que se ratifica la decisión tomada en el pleno del 23 de marzo de 2015. Este acuerdo plenario no era otro que el de quitarle la condición de agente urbanizador a la empresa TORREMAR. Es decir, que ya no iba a ser esta empresa la que desarrollaría el proyecto del Doña Blanca Golf.
Ante todo debería explicar un poco todo este proceso, que por otra parte está muy bien expuesto en la famosa sentencia. El día 23 de noviembre de 2005 (hace 14 años), el Ayuntamiento adjudicó la construcción de las calles, la dotación de los servicios básicos, los campos de golf, etc, a la empresa TORREMAR. Como en todas las construcciones, esta empresa depositó dos avales; el correspondiente a la garantía de promoción de 8.318.996,49 € y otro de 3.084.606,11 €, correspondiente a la garantía de las obras de conexión e integración. Pasados ??unos años sin que la construcción no comenzara, y más concretamente el día 26 de noviembre de 2012, el pleno municipal desestimó la suspensión temporal de la construcción del PAI a instancias de la empresa TORREMAR, la cual se declaró en suspensión de pagos el día 19 de diciembre de 2012. A partir de ese momento comienza el proceso por el que se le anula la condición de agente urbanizador a la empresa, que llega a su punto final en el pleno del 23 de marzo de 2015.
Pues bien, la empresa, no contenta con esta resolución, presentó una denuncia en los juzgados de primera instancia solicitando que se anulara el acuerdo del pleno donde se le retiró la condición de agente urbanizador exponiendo que, entre otras cosas, este hecho debería haberse realizado mediante un acuerdo entre las dos partes. Entonces lo que ratifica el tribunal es que el procedimiento que siguieron los diferentes gobiernos municipales se hizo correctamente. Lo cual no podría ser de otra manera, ya que es muy grave que un tribunal anule un acuerdo plenario por no ajustarse a ley, lo que por cierto le ha pasado al actual equipo de gobierno con el caso de la Cooperativa Doñana.
La sentencia determina lo siguiente: "incautar con efectos de retención los avales depositados por el agente urbanizador de 8.318.996,49 € en concepto de garantía de promoción y de 3.048.606,11 € como garantía de las obras de conexión e integración para hacer frente a los daños y perjuicios que como consecuencia de la resolución del Convenio urbanístico del 24.02.2008 se haya podido producir “. Lo que nosotros entendemos de este párrafo, y como ya dije en el pasado pleno del mes de septiembre, es que se deberían haber retenido los dos avales o al menos haber esperado a que se dictara sentencia. No entendemos el interés del equipo de gobierno en devolver los 3 millones de euros (el 75% del presupuesto anual del Ayuntamiento) a la empresa, o mejor dicho, al banco. Por otra parte, tampoco se entiende que el equipo de gobierno haya perdonado a la empresa 2.043.649,89 € por diferentes motivos y tampoco contemple otros aspectos indirectos que han supuesto importantes gastos de dinero al propio ayuntamiento y los pequeños propietarios. Inevitablemente, no para de venirme a la cabeza una y otra vez el título de la película de Woody Allen, "¡Toma el dinero y corre!" (Take the money and run), por la forma que han tenido que hacer toda esta operación, deprisa y corriendo.
¿Creen que las cosechas que no se han podido recoger durante estos 14 años no tienen valor? Tenemos claro que los precios que se pagan hoy en día en la agricultura son bajos, pero no son gratis. ¿Y los costes que los pequeños propietarios han tenido que sufragar para proteger sus intereses? Tampoco valen nada? O mejor aún, todas las horas que han tenido que dedicar los técnicos municipales para el procedimiento de retirada de la condición de agente urbanizador, ¿no se pueden contabilizar?
Como ya dije en mi intervención en el pleno, todo esto no está libre de sospechas y creo que el equipo de gobierno debería explicar cuáles son las alegaciones que el Ayuntamiento aceptó y que justifican su aceptación. ¿Por qué el equipo de gobierno no esperó a que se dictara sentencia por devolver el aval de 3 millones de euros? ¿Por qué han tenido tanta prisa? Este dinero, es dinero que el pueblo necesita para mejorar la vida de nuestros habitantes y poder dedicarlos a aspectos tan importantes como un centro de día, la construcción del polígono industrial, la adaptación de las aceras para personas con movilidad reducida ... Como siempre, todo lo que rodea a la gestión de la Sra. Villanueva no huele bien y más recordando su frase en el pleno "la administración debe velar por los intereses de la administración", la que luego rectificó diciendo que "la administración debe velar por los intereses de los propietarios." ¿Qué propietarios Sra. Villanueva? Ya hemos visto que los de los pequeños propietarios, no. Le corrijo la frase, "La administración debe velar por los intereses de la ciudadanía”.
Hay un tema que, la verdad, que me tiene un poco pensativo, y es que hace unas semanas pudimos leer en diferentes periódicos que el actual equipo de gobierno se felicita por la sentencia dictada a favor del Ayuntamiento en la que se ratifica la decisión tomada en el pleno del 23 de marzo de 2015. Este acuerdo plenario no era otro que el de quitarle la condición de agente urbanizador a la empresa TORREMAR. Es decir, que ya no iba a ser esta empresa la que desarrollaría el proyecto del Doña Blanca Golf.
Ante todo debería explicar un poco todo este proceso, que por otra parte está muy bien expuesto en la famosa sentencia. El día 23 de noviembre de 2005 (hace 14 años), el Ayuntamiento adjudicó la construcción de las calles, la dotación de los servicios básicos, los campos de golf, etc, a la empresa TORREMAR. Como en todas las construcciones, esta empresa depositó dos avales; el correspondiente a la garantía de promoción de 8.318.996,49 € y otro de 3.084.606,11 €, correspondiente a la garantía de las obras de conexión e integración. Pasados ??unos años sin que la construcción no comenzara, y más concretamente el día 26 de noviembre de 2012, el pleno municipal desestimó la suspensión temporal de la construcción del PAI a instancias de la empresa TORREMAR, la cual se declaró en suspensión de pagos el día 19 de diciembre de 2012. A partir de ese momento comienza el proceso por el que se le anula la condición de agente urbanizador a la empresa, que llega a su punto final en el pleno del 23 de marzo de 2015.
Pues bien, la empresa, no contenta con esta resolución, presentó una denuncia en los juzgados de primera instancia solicitando que se anulara el acuerdo del pleno donde se le retiró la condición de agente urbanizador exponiendo que, entre otras cosas, este hecho debería haberse realizado mediante un acuerdo entre las dos partes. Entonces lo que ratifica el tribunal es que el procedimiento que siguieron los diferentes gobiernos municipales se hizo correctamente. Lo cual no podría ser de otra manera, ya que es muy grave que un tribunal anule un acuerdo plenario por no ajustarse a ley, lo que por cierto le ha pasado al actual equipo de gobierno con el caso de la Cooperativa Doñana.
La sentencia determina lo siguiente: "incautar con efectos de retención los avales depositados por el agente urbanizador de 8.318.996,49 € en concepto de garantía de promoción y de 3.048.606,11 € como garantía de las obras de conexión e integración para hacer frente a los daños y perjuicios que como consecuencia de la resolución del Convenio urbanístico del 24.02.2008 se haya podido producir “. Lo que nosotros entendemos de este párrafo, y como ya dije en el pasado pleno del mes de septiembre, es que se deberían haber retenido los dos avales o al menos haber esperado a que se dictara sentencia. No entendemos el interés del equipo de gobierno en devolver los 3 millones de euros (el 75% del presupuesto anual del Ayuntamiento) a la empresa, o mejor dicho, al banco. Por otra parte, tampoco se entiende que el equipo de gobierno haya perdonado a la empresa 2.043.649,89 € por diferentes motivos y tampoco contemple otros aspectos indirectos que han supuesto importantes gastos de dinero al propio ayuntamiento y los pequeños propietarios. Inevitablemente, no para de venirme a la cabeza una y otra vez el título de la película de Woody Allen, "¡Toma el dinero y corre!" (Take the money and run), por la forma que han tenido que hacer toda esta operación, deprisa y corriendo.
¿Creen que las cosechas que no se han podido recoger durante estos 14 años no tienen valor? Tenemos claro que los precios que se pagan hoy en día en la agricultura son bajos, pero no son gratis. ¿Y los costes que los pequeños propietarios han tenido que sufragar para proteger sus intereses? Tampoco valen nada? O mejor aún, todas las horas que han tenido que dedicar los técnicos municipales para el procedimiento de retirada de la condición de agente urbanizador, ¿no se pueden contabilizar?
Como ya dije en mi intervención en el pleno, todo esto no está libre de sospechas y creo que el equipo de gobierno debería explicar cuáles son las alegaciones que el Ayuntamiento aceptó y que justifican su aceptación. ¿Por qué el equipo de gobierno no esperó a que se dictara sentencia por devolver el aval de 3 millones de euros? ¿Por qué han tenido tanta prisa? Este dinero, es dinero que el pueblo necesita para mejorar la vida de nuestros habitantes y poder dedicarlos a aspectos tan importantes como un centro de día, la construcción del polígono industrial, la adaptación de las aceras para personas con movilidad reducida ... Como siempre, todo lo que rodea a la gestión de la Sra. Villanueva no huele bien y más recordando su frase en el pleno "la administración debe velar por los intereses de la administración", la que luego rectificó diciendo que "la administración debe velar por los intereses de los propietarios." ¿Qué propietarios Sra. Villanueva? Ya hemos visto que los de los pequeños propietarios, no. Le corrijo la frase, "La administración debe velar por los intereses de la ciudadanía”.
