1500 kilómetros de alta tensión y desigualdades en la Transición desordenada

Desde la Coordinadora por la Ubicación Racional de las Energías Renovables (EERR) venimos denunciando y reclamando, desde el 2021, una implantación de las EERR de manera ordenada y planificada desde las instituciones públicas, con la participación de los municipios y de la ciudadanía, sobre todo de la gente que habita, que habitemos, el territorio. Pidiendo los estudios de necesidad real de energía (incluyendo evidentemente el ahorro) y el desarrollo de los proyectos en función de esos estudios, contando con los ya publicados por el IVACE en cuanto a potencial fotovoltaico en cubiertas, pidiendo la prelación de implantación en suelo urbano y urbanizable, con la máxima proximidad posible a los lugares de consumo (zonas habitadas e industriales), una posibilidad que nos ofrecen las EERR por su modularidad mediante un sistema distribuido y que produciría el mínimo impacto y el máximo beneficio.

            Parecía que con el acuerdo firmado por los partidos del Botànic junto a la convalidación del decreto ''Ómnibus'' se comprometían a corregir parte de los graves errores del DL 14/2020 y del propio DL 1/2022 que nos han llevado a la situación actual de desigualdad. Pero acabamos de constatar que incumplen sus propios acuerdos y abandonan el territorio definitivamente dejándolo en manos de las empresas redactoras de proyectos, grupos inversores y promotoras que captarán los fondos públicos (dinero de todos y todas) y que han hecho una planificación y elección de terrenos allá donde más les ha interesado (económicamente) gracias a una legislación, autonómica y estatal, que se lo ha permitido y facilitado. Así pues, son estas empresas las que están diseñando la ordenación territorial en el despliegue de las EERR en base a sus propios intereses y beneficios económicos, por cierto, una competencia, la de la ordenación territorial, exclusiva de la Generalitat Valenciana y a la que ha renegado.

            Hasta ahora hemos, se ha, hablado mucho de las plantas fotovoltaicas, las macro-plantas, y con la recopilación y estudio de los datos oficiales publicados al Visor GVA, hemos confirmado y denunciado los desequilibrios territoriales y la ocupación desigual e injusta del territorio con comarcas de sacrificio. Resultando, por ejemplo, que en el Valle de Ayora-Cofrentes haya en tramitación una cuarta parte, 1150 Megawatios (MW) de los 4300 MW que se tramitan en toda la provincia de València, o que en el Alto Vinalopó, con 1880 MW casi la mitad de toda la provincia de Alicante, mientras que en las comarcas de València ciudad, l'Horta Nord, l'Horta Sur y la Ribera Baixa, solo haya 4 proyectos que suman 15 MW.

            Es decir, que 2 comarcas situadas en el interior con 62.200 habitados, 1.25% de la población, asumirían la instalación de casi el 30% de la potencia en tramitación y el 50% de la estimada por la Generalitat Valenciana para 2030 para todo el territorio valenciano, 6000MW, mientras que la suma de las 4 comarcas donde se concentra el 32% de la población valenciana, 1.644.300 habitantes asumirían solo el 0,12% de la potencia a instalar. Resultando 48,2 Vatios por habitante en el interior y 0,0073 Vatios en la zona más poblada y de mayor consumo. Traducido en hectáreas (ha) resulta una ocupación de 4.800 ha y afección a 11.700 ha en el interior frente a las 18 ha ocupadas con afección a 20 ha en las comarcas próximas en la capital.

            Pero además de esta injusticia con la ocupación desigual del suelo que se está tramitando en las Consellerías del Govern Valencià y en el Ministerio por la Transición Ecológica y el Reto Democrático, hay un impacto que queda en un segundo plano, del que no se habla y sobre el que queremos centrar también el debate y es el impacto que sufriremos con la construcción de todos los kilómetros (km) de nuevas líneas de alta tensión necesarias para evacuar toda la energía producida con este modelo de macro-plantas alejadas de los lugares de consumo. Estamos hablando de más de 1500 km, sí, repetimos, más de 1500 km de nuevas líneas de alta tensión aéreas (de subterráneas van 1000 km más) que se sumarán a los que ya tenemos y que sobrevolarán nuestros cultivos, montañas, paisajes y zonas habitadas, y afectarán la socio-economía rural, agrícola, turística, paisajística, faunística y medioambiental de los territorios por los que transitarán, que son muchos, demasiados.

            Algunos datos para ilustrar, por comarcas: El Medio Vinalopó: 163 km, La Plana Alta: 148 km, Utiel-Requena: 124 km, Valle de Ayora-Cofrentes: 112 km, o por áreas, en las comarcas del Vinalopó más l'Alacantí sumarán casi 400 km de nuevas líneas aéreas de alta tensión y otros tantos con líneas subterráneas.

            Resulta cada vez más alarmante que, además de todas estas líneas de alta tensión aéreas proyectadas para evacuar la energía de las plantas fotovoltaicas en nuestro territorio y las autopistas eléctricas diseñadas por Red Eléctrica Española (REE) como la controvertida MAT Morella-Almassora 400 kilovolts (kV), de 85km o la nueva Línea de 400 kV de Platea 400kV a Requena 400kV, de 65 km, atravesando de norte a sur La Serranía, no paran de publicarse nuevas líneas de alta tensión privadas, también de 400 kV, recordamos que es la máxima potencia en transporte de energía, categoría especial según el Decreto 24/2013 del Sector Eléctrico, con enormes torres eléctricas y que vienen a evacuar la producción de energía fotovoltaica y eólica en las autonomías vecinas, a larguísimas distancias:

            Línea 400kV Cluster Maestrazgo (Teruel) a Morella de 25,3 km, línea de 400kV Almansa (Albacete) a Montesa de 37km, líneas de 400 kV de Ojos Negros (Teruel), Orara (Zaragoza) y Tauste (Zaragoza) a l'Eliana 182 km, a Sagunto 47 km y a Catadau 80 km.

            Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que se esté tramitando un entramado de cables y torres eléctricas que atravesarán nuestro territorio en múltiples direcciones unas por encima otros? ¿quién es el/lo(s) responsable(s)?. En esta des-ordenación territorial han intervenido varios actores y hechos, la publicación de leyes y decretos (estatales y autonómicos) sin una planificación previa ni proceso participativo de los territorios ni de las entidades locales (despreciadas) que garantizara un desarrollo ordenado y consensuado. El sistema de subastas de régimen retributivo que da facilidades, validez y viabilidad a la tramitación de este tipo de proyectos y la concesión de los derechos de conexión por parte de REE a sus subestaciones. La ocupación de los nudos de conexión a las subestaciones de la red de transporte de REE por parte de estos proyectos impidiendo la tramitación de otros más pequeños o de cariz social, comunitario, etc.

            Como resultado observamos desde el 2019 una saturación y bloqueo institucional con un conflicto interno en el Gobierno de la Generalitat, un  pesar social y una gran preocupación en los territorios afectados por la gran incertidumbre en la resolución de los proyectos, en el desarrollo de las EERR y en el propio futuro de las comarcas más afectadas.

            No merecería la pena retomar aquello pendiente de una planificación consensuada desde abajo (los pueblos) hacia arriba (autonomía), del cumplimiento real de la ordenación territorial, de  los acuerdos firmados... Por nuestra parte continuaremos pidiéndolo, así como la ubicación racional con una prelación real, más allá de declaraciones y falsos acuerdos, sobre suelos urbanos y urbanizables y próxima a los lugares de consumo, con un modelo distribuido que minimice impactos, con el impulso y la priorización, tanto en subastas como en derechos de conexión, de los proyectos de autoconsumo colectivo, de producción cooperativa o social y de las comunidades energéticas, que democratice la energía, así como la producción pública y/o sobre infraestructura pública apta, que controle el precio, que sea redistributiva y fortalezca y favorezca realmente la soberanía energética y la cohesión social.