Opinión
EL PAI DOÑABLANCA GOLF MURIÓ HACE CINCO AÑOS Y EN EL MES DE MAYO SE EFECTUARÁ SU ENTIERRO
Unas declaraciones de un político castellonense acerca del PATIVEL y su aplicación en el municipio de Torreblanca están pretendiendo crear cierta confusión sobre las expectativas del ya fuera de toda posibilidad PAI Doñablanca Golf.
Este político fuertemente relacionado con las principales promotoras urbanísticas de la provincia ostenta un alto cargo en la Consejería de Territorio y Urbanismo, circunstancia que debería obligarle a ser más prudente en su actuación política partidista y atenerse más a sus obligaciones éticas como responsable de una importante área de la Consejería.
Según sus declaraciones a la prensa local, la Disposición Transitoria Primera de dicha normativa debería aplicarse de forma arbitraria, pues según él, los plazos a contar para su aplicación no se establecen desde la fecha en la que se aprobó el PATIVEL, sino que sólo contarían desde la fecha en que el ayuntamiento decidiera declarar caducado el procedimiento, con lo cual sólo el ayuntamiento tendría capacidad para que se pudiera cumplir o no la Disposición Transitoria. En consecuencia se afirma por este político que la Disposición no será de aplicación si cualquier administración que tenga relación con el PAI decide meterlo en un cajón y dejar pasar el tiempo indefinidamente.
Pone el ejemplo de la autorización del suministro de agua al PAI, tema que no sólo no se ha resuelto sino que tiene el aspecto de no poder resolverse, ya que depende no sólo de la conexión a los servicios de la depuradora de Oropesa, a mucha distancia, sino más bien del visto bueno de la Confederación del Júcar, y de la aceptación por los vecinos de un fuerte incremento del precio del agua de boca, además de la creación de las conexiones físicas atravesando tres términos municipales con expedientes de expropiación, permisos de Territorio y Paisaje, a más de otros requisitos medioambientales.
Todo parece un inútil intento de eludir la realidad. Pueden buscarse tantos elementos como se quiera dependientes de diferentes administraciones, para afirmar que el PAI no se ha iniciado por causas imputables a la administración, lo que según el apartado 4º de la Disposición Transitoria sería la única causa que permitiría retrasar el inicio de la contabilidad de los plazos que marca la norma PATIVEL, pero la realidad es que el PAI no se ha iniciado porque la nueva propuesta que presentó la UTE, que se intentaba hacer cargo del megaproyecto hace algo más de cinco años, no se ajustaba a la Ley, y en consecuencia fue alegada en contra por diversas organizaciones, y el ayuntamiento no se ha interesado en estos cinco años en resolver dichas alegaciones, entre otras razones porque evidentemente no admiten solución alguna, tal como les indicó en su momento el Secretario Municipal (que posteriormente fuertemente presionado en público por una concejala del equipo de gobierno se vio obligado a dimitir y pedir el traslado) y sobre todo por la Consejería de Medio Ambiente que les indicó que casi un 20 % de los terrenos previstos para el PAI eran Suelo No Urbanizable de Especial Protección y que por tanto, por definición, era imposible considerarlos dentro de ningún PAI.
Recordemos que el PATIVEL declaraba que se podía aceptar una moratoria de cinco años desde su aprobación en mayo del 2018, siempre que el proyecto no sufriera ninguna variación de relevancia respecto al presentado inicialmente, que es el original del año 2002, y que la eliminación de un 20 % del suelo del sector es evidente que produce una modificación radical del plan inicial. Podría quizás en una alucinante exaltación del optimismo la UTE haber intentado convencer a alguien de que la pérdida de ese 20 % no resultaba operativa, de hecho lo dejaron caer afirmando el absurdo de que esa zona húmeda protegida podría ser zona verde dentro del PAI, obviando la evidencia de que un Suelo No Urbanizable no puede por su propia esencia estar dentro de ningún PAI ni como zona verde ni como nada, pues al ser No Urbanizable está necesariamente fuera de cualquier PAI.
Y por si fuera poco lo ya comentado, ya les indicó el Secretario Municipal que el proyecto inicial llevaba años caducado por no haberse iniciado en el plazo convenido, y que veintiún años después de su aprobación, ninguno de los cálculos, costes, legislación vigente y condiciones de viabilidad económica pueden ser las mismas que entonces, lo que resulta obvio. También les indicó que un pequeño ayuntamiento como es Torreblanca no tiene capacidad ni económica, ni física ni de personal para desarrollar semejante megaplan.
En consecuencia, a este ocurrente político, hoy alto responsable en la Consejería de Urbanismo y Territorio, no se le puede achacar despiste o desconocimiento de las leyes para afirmar la simpleza que se desprende de sus declaraciones, según las cuales todo se reduce al suministro de agua para regar el campo de golf y dar agua de consumo humano a los miles de compradores de apartamentos que habrían de construirse en el futuro, lo que sería causa de complejos expedientes administrativos que impedirían iniciar las obras no ya durante años, si no durante los próximos decenios o siglos, y no al hecho evidente de la manifiesta irregularidad a la que se ha llegado con tal caducado proyecto en estos veintiún años de inoperancia.
Es evidente que si la paralización de un PAI por cualquier causa achacable a cualquier administración, detuviera los plazos para iniciar la cuenta atrás del PATIVEL, cualquier ayuntamiento con un PAI aprobado en el pasado no tendría más que meterlo en un cajón y mágicamente se detendría el tiempo. La Ley dice justamente lo contrario. La Disposición Transitoria dice exactamente que si hubiera alguna causa achacable a la administración que permitiera detener la cuenta atrás para la concesión de esa demora de cinco años que marca la Ley, “los plazos de ejecución comenzarán a computar cuando sea posible su ejecución”, y este es el quid de la cuestión, saber si el proyecto está paralizado porque no se sabe qué administración impide llevar agua al PAI o si simplemente el PAI por su propio planteamiento es imposible de ponerse en marcha desde el mismo momento en que la UTE lo replanteó, y por tanto en mayo se cumplen los cinco años de demora aceptados por el PATIVEL y el PAI decae por la propia Disposición Adicional primera.
Insistimos en que en caso de semejante interpretación torticera como pretende establecer el político responsable de dichas declaraciones, cualquier administración podría indefinidamente poner limitaciones arbitrarias que retrasarían indefinidamente la puesta en marcha del contador, y es claro que eso sólo sería válido para un caso en el que el PAI contara con el ajuste legal correspondiente, y eso sólo podría afirmarse en nuestro caso si se resuelven las alegaciones presentadas en contra del mismo, cosa que inútilmente el ayuntamiento se niega a responder porque es obvio que no le cabe más respuesta que atenerse a lo que le indicó en su momento el Secretario Municipal y le advierte la Consejería de Medio Ambiente, sacando del PAI los terrenos no urbanizables y por tanto dejando de ser automáticamente el mismo proyecto que se tenía presentado inicialmente.
No queriendo ver en esa no respuesta a las alegaciones mala fe si no tan sólo inoperancia, la excusa de que las administraciones no han facilitado la resolución de un expediente para proporcionar agua decae por sí misma, lo único que cuenta es que el proyecto presentado por la empresa no es viable por no estar ajustado a Ley, no porque le falten resolver expedientes administrativos cualesquiera. Podrían seguirse guardando en un cajón las alegaciones presentadas y seguir sacando nuevas solicitudes de permisos para la luz, las comunicaciones, y mil aspectos más, durante decenios, pero esas prácticas obstruccionistas no afectan a la realidad: el proyecto de la UTE no se ajusta a la Ley, tal como indicaban las alegaciones presentadas, única razón por la que el próximo mayo el PAI Doña Blanca Golf dejará de existir.
Pudiera ser que ante la inoperatividad el equipo de gobierno municipal en estos años ya cumplidos ponga en riesgo su continuidad, pues es evidente que los vecinos exigen soluciones realistas ya, y hasta ahora todo permanece en el lado oscuro de la realidad. Un solo concejal más por parte de alguno de los dos partidos de la oposición significa la entrada de un nuevo ayuntamiento y el pase a la oposición del equipo actual.
No podemos creer en que un grado impresentable de irresponsabilidad lleva a un político con responsabilidades de primer orden en el Gobern a retorcer tan groseramente la interpretación de las leyes por puro oportunismo de partido, e intentar crear todavía falsas ilusiones para evitar unas enormes pérdidas de valor de las empresas que compraron hace veinte años esos terrenos a precios enormemente hinchados y que tras la liquidación del proyecto se encontrarán con que ahora ya no valen casi nada y en su contabilidad ante bancos y accionistas han de hacer apuntes con pérdidas en sus balances por millones de euros. En última instancia el clavo ardiendo al que se agarran es el intentar mantener un equipo de gobierno ya en liquidación. Parece que esas declaraciones tienen como objetivo simplemente evitar el cambio de equipo de gobierno para intentar defender unas contabilidades fácticamente ruinosas contra Ley, Derecho y sentido común.
Es inútil querer impedir la caducidad del proyecto guardando unas legaciones en un cajón indefinidamente. En mayo la Consejería indicará no simplemente la caducidad si no la evidente inadecuación legal del ya casi prehistórico proyecto actualizado. La actual alcaldesa es de forma notoria una persona honrada y muy digna, y eso lo han de aceptar todas las partes, pero es evidente que no ha sabido resolver correctamente el principal problema al que se enfrenta desde hace más de veinte años el pueblo. Desde luego con semejantes amigos poco avanzará.
Unas declaraciones de un político castellonense acerca del PATIVEL y su aplicación en el municipio de Torreblanca están pretendiendo crear cierta confusión sobre las expectativas del ya fuera de toda posibilidad PAI Doñablanca Golf.
Este político fuertemente relacionado con las principales promotoras urbanísticas de la provincia ostenta un alto cargo en la Consejería de Territorio y Urbanismo, circunstancia que debería obligarle a ser más prudente en su actuación política partidista y atenerse más a sus obligaciones éticas como responsable de una importante área de la Consejería.
Según sus declaraciones a la prensa local, la Disposición Transitoria Primera de dicha normativa debería aplicarse de forma arbitraria, pues según él, los plazos a contar para su aplicación no se establecen desde la fecha en la que se aprobó el PATIVEL, sino que sólo contarían desde la fecha en que el ayuntamiento decidiera declarar caducado el procedimiento, con lo cual sólo el ayuntamiento tendría capacidad para que se pudiera cumplir o no la Disposición Transitoria. En consecuencia se afirma por este político que la Disposición no será de aplicación si cualquier administración que tenga relación con el PAI decide meterlo en un cajón y dejar pasar el tiempo indefinidamente.
Pone el ejemplo de la autorización del suministro de agua al PAI, tema que no sólo no se ha resuelto sino que tiene el aspecto de no poder resolverse, ya que depende no sólo de la conexión a los servicios de la depuradora de Oropesa, a mucha distancia, sino más bien del visto bueno de la Confederación del Júcar, y de la aceptación por los vecinos de un fuerte incremento del precio del agua de boca, además de la creación de las conexiones físicas atravesando tres términos municipales con expedientes de expropiación, permisos de Territorio y Paisaje, a más de otros requisitos medioambientales.
Todo parece un inútil intento de eludir la realidad. Pueden buscarse tantos elementos como se quiera dependientes de diferentes administraciones, para afirmar que el PAI no se ha iniciado por causas imputables a la administración, lo que según el apartado 4º de la Disposición Transitoria sería la única causa que permitiría retrasar el inicio de la contabilidad de los plazos que marca la norma PATIVEL, pero la realidad es que el PAI no se ha iniciado porque la nueva propuesta que presentó la UTE, que se intentaba hacer cargo del megaproyecto hace algo más de cinco años, no se ajustaba a la Ley, y en consecuencia fue alegada en contra por diversas organizaciones, y el ayuntamiento no se ha interesado en estos cinco años en resolver dichas alegaciones, entre otras razones porque evidentemente no admiten solución alguna, tal como les indicó en su momento el Secretario Municipal (que posteriormente fuertemente presionado en público por una concejala del equipo de gobierno se vio obligado a dimitir y pedir el traslado) y sobre todo por la Consejería de Medio Ambiente que les indicó que casi un 20 % de los terrenos previstos para el PAI eran Suelo No Urbanizable de Especial Protección y que por tanto, por definición, era imposible considerarlos dentro de ningún PAI.
Recordemos que el PATIVEL declaraba que se podía aceptar una moratoria de cinco años desde su aprobación en mayo del 2018, siempre que el proyecto no sufriera ninguna variación de relevancia respecto al presentado inicialmente, que es el original del año 2002, y que la eliminación de un 20 % del suelo del sector es evidente que produce una modificación radical del plan inicial. Podría quizás en una alucinante exaltación del optimismo la UTE haber intentado convencer a alguien de que la pérdida de ese 20 % no resultaba operativa, de hecho lo dejaron caer afirmando el absurdo de que esa zona húmeda protegida podría ser zona verde dentro del PAI, obviando la evidencia de que un Suelo No Urbanizable no puede por su propia esencia estar dentro de ningún PAI ni como zona verde ni como nada, pues al ser No Urbanizable está necesariamente fuera de cualquier PAI.
Y por si fuera poco lo ya comentado, ya les indicó el Secretario Municipal que el proyecto inicial llevaba años caducado por no haberse iniciado en el plazo convenido, y que veintiún años después de su aprobación, ninguno de los cálculos, costes, legislación vigente y condiciones de viabilidad económica pueden ser las mismas que entonces, lo que resulta obvio. También les indicó que un pequeño ayuntamiento como es Torreblanca no tiene capacidad ni económica, ni física ni de personal para desarrollar semejante megaplan.
En consecuencia, a este ocurrente político, hoy alto responsable en la Consejería de Urbanismo y Territorio, no se le puede achacar despiste o desconocimiento de las leyes para afirmar la simpleza que se desprende de sus declaraciones, según las cuales todo se reduce al suministro de agua para regar el campo de golf y dar agua de consumo humano a los miles de compradores de apartamentos que habrían de construirse en el futuro, lo que sería causa de complejos expedientes administrativos que impedirían iniciar las obras no ya durante años, si no durante los próximos decenios o siglos, y no al hecho evidente de la manifiesta irregularidad a la que se ha llegado con tal caducado proyecto en estos veintiún años de inoperancia.
Es evidente que si la paralización de un PAI por cualquier causa achacable a cualquier administración, detuviera los plazos para iniciar la cuenta atrás del PATIVEL, cualquier ayuntamiento con un PAI aprobado en el pasado no tendría más que meterlo en un cajón y mágicamente se detendría el tiempo. La Ley dice justamente lo contrario. La Disposición Transitoria dice exactamente que si hubiera alguna causa achacable a la administración que permitiera detener la cuenta atrás para la concesión de esa demora de cinco años que marca la Ley, “los plazos de ejecución comenzarán a computar cuando sea posible su ejecución”, y este es el quid de la cuestión, saber si el proyecto está paralizado porque no se sabe qué administración impide llevar agua al PAI o si simplemente el PAI por su propio planteamiento es imposible de ponerse en marcha desde el mismo momento en que la UTE lo replanteó, y por tanto en mayo se cumplen los cinco años de demora aceptados por el PATIVEL y el PAI decae por la propia Disposición Adicional primera.
Insistimos en que en caso de semejante interpretación torticera como pretende establecer el político responsable de dichas declaraciones, cualquier administración podría indefinidamente poner limitaciones arbitrarias que retrasarían indefinidamente la puesta en marcha del contador, y es claro que eso sólo sería válido para un caso en el que el PAI contara con el ajuste legal correspondiente, y eso sólo podría afirmarse en nuestro caso si se resuelven las alegaciones presentadas en contra del mismo, cosa que inútilmente el ayuntamiento se niega a responder porque es obvio que no le cabe más respuesta que atenerse a lo que le indicó en su momento el Secretario Municipal y le advierte la Consejería de Medio Ambiente, sacando del PAI los terrenos no urbanizables y por tanto dejando de ser automáticamente el mismo proyecto que se tenía presentado inicialmente.
No queriendo ver en esa no respuesta a las alegaciones mala fe si no tan sólo inoperancia, la excusa de que las administraciones no han facilitado la resolución de un expediente para proporcionar agua decae por sí misma, lo único que cuenta es que el proyecto presentado por la empresa no es viable por no estar ajustado a Ley, no porque le falten resolver expedientes administrativos cualesquiera. Podrían seguirse guardando en un cajón las alegaciones presentadas y seguir sacando nuevas solicitudes de permisos para la luz, las comunicaciones, y mil aspectos más, durante decenios, pero esas prácticas obstruccionistas no afectan a la realidad: el proyecto de la UTE no se ajusta a la Ley, tal como indicaban las alegaciones presentadas, única razón por la que el próximo mayo el PAI Doña Blanca Golf dejará de existir.
Pudiera ser que ante la inoperatividad el equipo de gobierno municipal en estos años ya cumplidos ponga en riesgo su continuidad, pues es evidente que los vecinos exigen soluciones realistas ya, y hasta ahora todo permanece en el lado oscuro de la realidad. Un solo concejal más por parte de alguno de los dos partidos de la oposición significa la entrada de un nuevo ayuntamiento y el pase a la oposición del equipo actual.
No podemos creer en que un grado impresentable de irresponsabilidad lleva a un político con responsabilidades de primer orden en el Gobern a retorcer tan groseramente la interpretación de las leyes por puro oportunismo de partido, e intentar crear todavía falsas ilusiones para evitar unas enormes pérdidas de valor de las empresas que compraron hace veinte años esos terrenos a precios enormemente hinchados y que tras la liquidación del proyecto se encontrarán con que ahora ya no valen casi nada y en su contabilidad ante bancos y accionistas han de hacer apuntes con pérdidas en sus balances por millones de euros. En última instancia el clavo ardiendo al que se agarran es el intentar mantener un equipo de gobierno ya en liquidación. Parece que esas declaraciones tienen como objetivo simplemente evitar el cambio de equipo de gobierno para intentar defender unas contabilidades fácticamente ruinosas contra Ley, Derecho y sentido común.
Es inútil querer impedir la caducidad del proyecto guardando unas legaciones en un cajón indefinidamente. En mayo la Consejería indicará no simplemente la caducidad si no la evidente inadecuación legal del ya casi prehistórico proyecto actualizado. La actual alcaldesa es de forma notoria una persona honrada y muy digna, y eso lo han de aceptar todas las partes, pero es evidente que no ha sabido resolver correctamente el principal problema al que se enfrenta desde hace más de veinte años el pueblo. Desde luego con semejantes amigos poco avanzará.
