Del Sábado, 22 de Noviembre de 2025 al Domingo, 23 de Noviembre de 2025
Tomas Torres
Miércoles, 10 de Mayo de 2023
La Abogacía de la Generalitat Valenciana establece que el Ayuntamiento de Torreblanca será quien determine la caducidad o no del PAI del golf
El Equipo de Gobierno de PSOE y Torreblanca Decide podría convocar un pleno para adjudicar a la SAREB y otros propietarios la condición de urbanizador justo antes de las elecciones
![[Img #94748]](http://el7set.es/upload/images/05_2023/9855_img_0145.jpg)
Día de felicitaciones y parabienes en las plantas nobles del Ayuntamiento de Torreblanca a cuenta de la información que saltaba a los medios sobre la consulta remitida por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana y en la que se establece que serán los ayuntamientos los que determinen la caducidad de los programas urbanísticos afectados por la entrada en vigor del PATIVEL y su disposición transitoria, que daba un plazo de gracia de cinco años para el inicio de las obras una vez entró en vigor la norma en todo el litoral valenciano.
El ejecutivo local, presidido por la socialista Josefa Tena, y con el apoyo de Torreblanca Decide, ya ha comenzado a jactarse de que cuentan con la garantía de suministro de agua potable para abastecer los dos millones de metros cuadrados, más de 4.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos utilizando agua desalada procedente de la planta de Cabanes/Oropesa. Ese fleco, que era imprescindible para dar luz verde al proyecto y que podría incluir en él la coartada del retraso imputable a la administración pública, está a falta de pequeños detalles, pasar por el Consejo de Ministros y construir los cerca de 15 kilómetros de canalizaciones para traer el agua desalada desde la planta hasta la red de abastecimiento de Torreblanca.
Con esos mimbres, y para seguir con la tradición de adjudicaciones dentro de periodo electoral que han caracterizado desde sus orígenes al proyecto de Doña Blanca Golf –que pueden ser completamente legales, pero que no parecen éticos ni estéticos-, el equipo de gobierno en minoría convocará un pleno extraordinario y urgente a celebrarse después del pleno ordinario que corresponde al mes de mayo, el próximo jueves 18. Eso situaría en la semana del 22 al 26 de mayo la celebración del plenario, a días de las elecciones municipales. Eso no solo alimentará mítines y corrillos de esquina y barra, también obligará a retratarse a los partidos a favor y en contra del proyecto, en vísperas de las votaciones.
La resolución de la Abogacía de la Generalitat puede dar a pensar que pone al zorro al cuidado del gallinero, convirtiendo a los ayuntamientos en juez y parte de los procesos de tramitación, ya que determinará, según su particular criterio, si los retrasos se deben a causas atribuibles al consistorio o a la empresa o, por el contrario, si es culpa de la administración pública. Dado que la clase política no es demasiado proclive a entonar el mea culpa ni aunque se lo mande el médico, todo da que pensar a que van a señalar con el dedo a cualquier otra administración que pasaba por allí para que cargue con el mochuelo y le otorgue por la cara la carta de queda libre de la cárcel del Monopoly –o más bien queda libre del PATIVEL- para seguir con la tramitación poniendo el reloj a cero otra vez. Como diría Alan Moore en su obra maestra Watchmen, ¿Quién vigila a los vigilantes?
Pues quién los va a vigilar, o al menos lo intentará si le dejan, será la propia consellería, concretamente los departamentos más identificados con la cuota del Botánic que corresponde a Compromís, que en primera instancia han sido puenteados para que la decisión de dar por desclasificado el suelo no recaiga en estos estamentos y que lo supervisarán bajo la amenaza de llevar a los tribunales vía contencioso cualquier desviación o decisión que no se ajuste al espíritu del PATIVEL. La rama socialista del área de Urbanismo de la Generalitat lanza un balón de oxígeno a los ayuntamientos afectados para que no les pase factura electoral en las municipales y autonómicas que vienen. Una forma de llegar con los proyectos vivos al día después de las elecciones y después comenzar a cribar una vez se sepa si se reedita el Botanic o no.
El fantasma de la responsabilidad patrimonial
Hasta hace tres días con pasado mañana se agitaba el espantajo de la responsabilidad patrimonial para espolear la continuidad del proyecto contra viento y marea. La potencial amenaza de indemnizaciones millonarias que debería pagar el ayuntamiento en caso de no seguir con la tramitación. Ahora el miedo cambiará de bando, y la responsabilidad patrimonial podría recaer sobre aquellos y aquellas que voten a favor de una adjudicación que está en seria tela de juicio y de la que se plantean dudas razonables, no solo de la viabilidad del proyecto, sino de la vigencia del expediente.
Día de felicitaciones y parabienes en las plantas nobles del Ayuntamiento de Torreblanca a cuenta de la información que saltaba a los medios sobre la consulta remitida por parte de la Abogacía de la Generalitat Valenciana y en la que se establece que serán los ayuntamientos los que determinen la caducidad de los programas urbanísticos afectados por la entrada en vigor del PATIVEL y su disposición transitoria, que daba un plazo de gracia de cinco años para el inicio de las obras una vez entró en vigor la norma en todo el litoral valenciano.
El ejecutivo local, presidido por la socialista Josefa Tena, y con el apoyo de Torreblanca Decide, ya ha comenzado a jactarse de que cuentan con la garantía de suministro de agua potable para abastecer los dos millones de metros cuadrados, más de 4.000 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos utilizando agua desalada procedente de la planta de Cabanes/Oropesa. Ese fleco, que era imprescindible para dar luz verde al proyecto y que podría incluir en él la coartada del retraso imputable a la administración pública, está a falta de pequeños detalles, pasar por el Consejo de Ministros y construir los cerca de 15 kilómetros de canalizaciones para traer el agua desalada desde la planta hasta la red de abastecimiento de Torreblanca.
Con esos mimbres, y para seguir con la tradición de adjudicaciones dentro de periodo electoral que han caracterizado desde sus orígenes al proyecto de Doña Blanca Golf –que pueden ser completamente legales, pero que no parecen éticos ni estéticos-, el equipo de gobierno en minoría convocará un pleno extraordinario y urgente a celebrarse después del pleno ordinario que corresponde al mes de mayo, el próximo jueves 18. Eso situaría en la semana del 22 al 26 de mayo la celebración del plenario, a días de las elecciones municipales. Eso no solo alimentará mítines y corrillos de esquina y barra, también obligará a retratarse a los partidos a favor y en contra del proyecto, en vísperas de las votaciones.
La resolución de la Abogacía de la Generalitat puede dar a pensar que pone al zorro al cuidado del gallinero, convirtiendo a los ayuntamientos en juez y parte de los procesos de tramitación, ya que determinará, según su particular criterio, si los retrasos se deben a causas atribuibles al consistorio o a la empresa o, por el contrario, si es culpa de la administración pública. Dado que la clase política no es demasiado proclive a entonar el mea culpa ni aunque se lo mande el médico, todo da que pensar a que van a señalar con el dedo a cualquier otra administración que pasaba por allí para que cargue con el mochuelo y le otorgue por la cara la carta de queda libre de la cárcel del Monopoly –o más bien queda libre del PATIVEL- para seguir con la tramitación poniendo el reloj a cero otra vez. Como diría Alan Moore en su obra maestra Watchmen, ¿Quién vigila a los vigilantes?
Pues quién los va a vigilar, o al menos lo intentará si le dejan, será la propia consellería, concretamente los departamentos más identificados con la cuota del Botánic que corresponde a Compromís, que en primera instancia han sido puenteados para que la decisión de dar por desclasificado el suelo no recaiga en estos estamentos y que lo supervisarán bajo la amenaza de llevar a los tribunales vía contencioso cualquier desviación o decisión que no se ajuste al espíritu del PATIVEL. La rama socialista del área de Urbanismo de la Generalitat lanza un balón de oxígeno a los ayuntamientos afectados para que no les pase factura electoral en las municipales y autonómicas que vienen. Una forma de llegar con los proyectos vivos al día después de las elecciones y después comenzar a cribar una vez se sepa si se reedita el Botanic o no.
El fantasma de la responsabilidad patrimonial
Hasta hace tres días con pasado mañana se agitaba el espantajo de la responsabilidad patrimonial para espolear la continuidad del proyecto contra viento y marea. La potencial amenaza de indemnizaciones millonarias que debería pagar el ayuntamiento en caso de no seguir con la tramitación. Ahora el miedo cambiará de bando, y la responsabilidad patrimonial podría recaer sobre aquellos y aquellas que voten a favor de una adjudicación que está en seria tela de juicio y de la que se plantean dudas razonables, no solo de la viabilidad del proyecto, sino de la vigencia del expediente.
