Del Sábado, 22 de Noviembre de 2025 al Domingo, 23 de Noviembre de 2025
el7set
Martes, 23 de Mayo de 2023
Torreblanca convoca un pleno extraordinario a tres días de las elecciones para adjudicar provisionalmente el PAI del golf a la AIU Azahar Sea
PSOE y Torreblanca Decide impulsan la adjudicación provisional, condicionada a la firma de un convenio con Acuamed que garantice el agua para el proyecto, sin contar con informes favorables de la Secretaria y el Interventor
![[Img #94943]](http://el7set.es/upload/images/05_2023/3720_9855_img_0145.jpg)
El Ayuntamiento de Torreblanca ha convocado un pleno extraordinario para el próximo jueves 25 de mayo, a tan solo tres días de las elecciones municipales, para adjudicar provisionalmente la condición de la condición de urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico Azahar Sea Torreblanca para la gestión del PAI del UE-1 de los Sectores 4,7, 8, 9 y 10 del ámbito de la Homologación del Litoral de Torreblanca. La propuesta, en la que se elude la afección del Pativel alegando que las obras de urbanización comenzaron hace 10 años con la construcción del vial de Mon Rossi, cuenta con informes desfavorables tanto de la Secretaría Municipal como de la Intervención, lo que añade más polémica, si cabe, a la convocatoria.
La alcaldesa, la socialista Josefa Tena, ya manifestó en el pleno ordinario celebrado el pasado jueves 18 de mayo, a preguntas de la portavoz del PP, Tania Agut, su intención de convocar esta sesión plenaria para llevar a aprobación la adjudicación del programa, que lleva más de 20 años de tramitación en el consistorio. En una primera instancia se planteó la fecha del lunes 22 de mayo para la celebración del pleno, pero la complejidad de los informes técnicos que se requieren para completar el expediente ha retrasado la fecha hasta el próximo jueves. El proyecto de adjudicación estima parcialmente dos alegaciones y desestima el resto, presentadas por empresas, partidos políticos, activistas medioambientales, organizaciones ecologistas y empresas suministradoras.
Se trata de una adjudicación provisional, supeditada a la disponibilidad de recursos hídricos para asegurar el suministro de agua potable a través de Acuamed, entidad con la que el Ayuntamiento de Torreblanca deberá firmar un convenio, que a día de hoy aún no se ha materializado. La adjudicación provisional no genera ningún derecho a favor de la AIU en el caso de que no llegue a elevarse a la condición de definitiva. Una vez alcanzada la adjudicación definitiva se le da un plazo de quince días al urbanizador para firmar un convenio urbanístico y depositar las garantías requeridas por el programa.
El equipo de gobierno, formado por PSOE y Torreblanca Decide, ha decidido dar este paso en vísperas de las elecciones municipales de las que emanará el próximo consistorio torreblanquino, lo que ha provocado la correspondiente polémica, al considerar desde los partidos de la oposición municipal que se trata de una decisión en clave estrictamente electoralista.
Informes contrarios de Secretaria e Interventor
El informe de la Secretaria Municipal comienza poniendo énfasis en la premura de la Providencia de la Alcaldía del pasado 27 de abril de 2023, que solicitaba de manera simultánea informes a tres departamentos municipales y les daba 10 días de plazo para entregarlos. A juicio de la Secretaria, los informes se deben redactar teniendo en cuenta los elaborados por otros departamentos, siendo necesaria la redacción inicial del informe del arquitecto municipal, después de Secretaría y finalmente de la Intervención Municipal, por lo que se requeriría de al menos 30 días para llevar a cabo un orden lógico de emisión. El informe pone de manifiesto que no existe documentación en el expediente sobre la solicitud del ayuntamiento a Acuamed para lograr un convenio con el que garantizar el suministro de agua al municipio y sus futuros desarrollos urbanísticos.
El texto manifiesta que los técnicos municipales no han tenido información sobre las gestiones realizadas a nivel político con Acuamed, para elaborar correctamente el expediente y evitar problemas que llevaran a la invalidación del mismo o a perjuicios para el municipio. Se llama la atención sobre la falta de un informe del Técnico municipal de Medio Ambiente para ver la afección del proyecto en el municipio y apunta la necesidad de revisar la Declaración de Impacto Ambiental, sobre todo para lo referido al Plan de protección o conservación de la especie endémica Limonium dufourii y Limonium Densissimum. Además indica que existe en el expediente un informe desfavorable del Servicio de Parques Naturales. Destaca además la ausencia de un estudio de viabilidad económica del proyecto, con el fin de determinar si se pone en riesgo o no la sostenibilidad de la hacienda local. Sobre la faceta de la viabilidad, la Secretaria también indica la necesidad de adaptar los estudios realizados por la AIU a la realidad económica actual, teniendo en cuenta aspectos como la situación post pandemia y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y el consiguiente incremento generalizado de precios. La garante de la legalidad municipal apunta una serie de carencias en el expediente y recuerda a los miembros de la corporación que el voto conlleva responsabilidad sobre el acuerdo adoptado.
Sobre el suministro de agua desde la desaladora de Cabanes-Oropesa del Mar, el informe indica que se trata de un trámite que aún no tiene una concesión firme, que el abastecimiento de agua potable es un requisito ineludible para la ejecución del PAI y que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón hace mención al suministro al Casco Urbano, Sector Progreso y Sector III, y no a los que forman parte del PAI del golf. Las gestiones sobre el suministro de agua potable, según revela el informe, se han realizado de manera verbal por parte de representantes políticos y no constan documentos con los trámites realizados, por lo que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Torreblanca no puede garantizar el suministro de agua potable para el proyecto.
El informe concluye que no procede adjudicar la condición de agente urbanizador mientras no se cumplan todos los condicionantes y se incluyan en el expediente todos los documentos necesarios para contar con toda la información que garantice la efectividad del acuerdo.
El informe del Interventor establece que el expediente presenta carencias de documentación e informes técnicos necesarios para adoptar un acuerdo de esa importancia para el municipio y la sostenibilidad financiera del mismo en los próximos años. En ese sentido, hace la recomendación de que se mejore y complete toda la documentación faltante, al advertirse riesgos financieros que se pudieran derivar contra la hacienda municipal en el caso de que se apruebe el acuerdo sin la documentación reclamada por los técnicos municipales. El funcionario concluye que no se puede pronunciar sobre el acuerdo a adoptar, al no haber tenido acceso íntegro al expediente por no encontrarse completo en el momento en que se solicitó el informe.
El convenio con Acuamed
El suministro de agua ha sido el caballo de batalla de la tramitación de este proyecto, salvada in extremis la espada de Damocles que representaba el Pativel para el desarrollo del complejo urbanístico de más de 4.000 viviendas y un campo de golf de tan solo 9 hoyos. La propia alcaldesa aseguró en el pasado pleno ordinario que no se podía dar ningún paso en la tramitación sin contar con el suministro de agua, pero las circunstancias alrededor de esas gestiones se encuentran envueltas en el secretismo, solo roto por periódicas apariciones en la prensa y anuncios puntuales. Sin embargo, en cuanto a los documentos, los técnicos municipales llaman la atención sobre la ausencia de documentación que deje constancia de los pasos que se han seguido y de los términos y condiciones de las negociaciones que se han llevado a nivel político.
Formar parte del club de municipios que reciben agua de la desaladora de Cabanes-Oropesa del Mar no solo tiene aspectos positivos, también incluye obligaciones económicas, el pago de un canon y la financiación de las obras necesarias para la canalización de las aguas procedentes de la planta de desalación hasta el municipio. La canalización, inicialmente, está contemplado que se financie por parte del urbanizador, dentro de las obligaciones de infraestructuras externas, como es el caso de la ampliación de la depuradora o la canalización de las aguas recicladas para su uso en el riego del campo de golf y jardines. Son más de 12 millones de euros que implican un compromiso de la empresa para financiar esa infraestructura, que en caso contrario, repercutiría en el consistorio.
El Ayuntamiento de Torreblanca ha convocado un pleno extraordinario para el próximo jueves 25 de mayo, a tan solo tres días de las elecciones municipales, para adjudicar provisionalmente la condición de la condición de urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico Azahar Sea Torreblanca para la gestión del PAI del UE-1 de los Sectores 4,7, 8, 9 y 10 del ámbito de la Homologación del Litoral de Torreblanca. La propuesta, en la que se elude la afección del Pativel alegando que las obras de urbanización comenzaron hace 10 años con la construcción del vial de Mon Rossi, cuenta con informes desfavorables tanto de la Secretaría Municipal como de la Intervención, lo que añade más polémica, si cabe, a la convocatoria.
La alcaldesa, la socialista Josefa Tena, ya manifestó en el pleno ordinario celebrado el pasado jueves 18 de mayo, a preguntas de la portavoz del PP, Tania Agut, su intención de convocar esta sesión plenaria para llevar a aprobación la adjudicación del programa, que lleva más de 20 años de tramitación en el consistorio. En una primera instancia se planteó la fecha del lunes 22 de mayo para la celebración del pleno, pero la complejidad de los informes técnicos que se requieren para completar el expediente ha retrasado la fecha hasta el próximo jueves. El proyecto de adjudicación estima parcialmente dos alegaciones y desestima el resto, presentadas por empresas, partidos políticos, activistas medioambientales, organizaciones ecologistas y empresas suministradoras.
Se trata de una adjudicación provisional, supeditada a la disponibilidad de recursos hídricos para asegurar el suministro de agua potable a través de Acuamed, entidad con la que el Ayuntamiento de Torreblanca deberá firmar un convenio, que a día de hoy aún no se ha materializado. La adjudicación provisional no genera ningún derecho a favor de la AIU en el caso de que no llegue a elevarse a la condición de definitiva. Una vez alcanzada la adjudicación definitiva se le da un plazo de quince días al urbanizador para firmar un convenio urbanístico y depositar las garantías requeridas por el programa.
El equipo de gobierno, formado por PSOE y Torreblanca Decide, ha decidido dar este paso en vísperas de las elecciones municipales de las que emanará el próximo consistorio torreblanquino, lo que ha provocado la correspondiente polémica, al considerar desde los partidos de la oposición municipal que se trata de una decisión en clave estrictamente electoralista.
Informes contrarios de Secretaria e Interventor
El informe de la Secretaria Municipal comienza poniendo énfasis en la premura de la Providencia de la Alcaldía del pasado 27 de abril de 2023, que solicitaba de manera simultánea informes a tres departamentos municipales y les daba 10 días de plazo para entregarlos. A juicio de la Secretaria, los informes se deben redactar teniendo en cuenta los elaborados por otros departamentos, siendo necesaria la redacción inicial del informe del arquitecto municipal, después de Secretaría y finalmente de la Intervención Municipal, por lo que se requeriría de al menos 30 días para llevar a cabo un orden lógico de emisión. El informe pone de manifiesto que no existe documentación en el expediente sobre la solicitud del ayuntamiento a Acuamed para lograr un convenio con el que garantizar el suministro de agua al municipio y sus futuros desarrollos urbanísticos.
El texto manifiesta que los técnicos municipales no han tenido información sobre las gestiones realizadas a nivel político con Acuamed, para elaborar correctamente el expediente y evitar problemas que llevaran a la invalidación del mismo o a perjuicios para el municipio. Se llama la atención sobre la falta de un informe del Técnico municipal de Medio Ambiente para ver la afección del proyecto en el municipio y apunta la necesidad de revisar la Declaración de Impacto Ambiental, sobre todo para lo referido al Plan de protección o conservación de la especie endémica Limonium dufourii y Limonium Densissimum. Además indica que existe en el expediente un informe desfavorable del Servicio de Parques Naturales. Destaca además la ausencia de un estudio de viabilidad económica del proyecto, con el fin de determinar si se pone en riesgo o no la sostenibilidad de la hacienda local. Sobre la faceta de la viabilidad, la Secretaria también indica la necesidad de adaptar los estudios realizados por la AIU a la realidad económica actual, teniendo en cuenta aspectos como la situación post pandemia y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y el consiguiente incremento generalizado de precios. La garante de la legalidad municipal apunta una serie de carencias en el expediente y recuerda a los miembros de la corporación que el voto conlleva responsabilidad sobre el acuerdo adoptado.
Sobre el suministro de agua desde la desaladora de Cabanes-Oropesa del Mar, el informe indica que se trata de un trámite que aún no tiene una concesión firme, que el abastecimiento de agua potable es un requisito ineludible para la ejecución del PAI y que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón hace mención al suministro al Casco Urbano, Sector Progreso y Sector III, y no a los que forman parte del PAI del golf. Las gestiones sobre el suministro de agua potable, según revela el informe, se han realizado de manera verbal por parte de representantes políticos y no constan documentos con los trámites realizados, por lo que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Torreblanca no puede garantizar el suministro de agua potable para el proyecto.
El informe concluye que no procede adjudicar la condición de agente urbanizador mientras no se cumplan todos los condicionantes y se incluyan en el expediente todos los documentos necesarios para contar con toda la información que garantice la efectividad del acuerdo.
El informe del Interventor establece que el expediente presenta carencias de documentación e informes técnicos necesarios para adoptar un acuerdo de esa importancia para el municipio y la sostenibilidad financiera del mismo en los próximos años. En ese sentido, hace la recomendación de que se mejore y complete toda la documentación faltante, al advertirse riesgos financieros que se pudieran derivar contra la hacienda municipal en el caso de que se apruebe el acuerdo sin la documentación reclamada por los técnicos municipales. El funcionario concluye que no se puede pronunciar sobre el acuerdo a adoptar, al no haber tenido acceso íntegro al expediente por no encontrarse completo en el momento en que se solicitó el informe.
El convenio con Acuamed
El suministro de agua ha sido el caballo de batalla de la tramitación de este proyecto, salvada in extremis la espada de Damocles que representaba el Pativel para el desarrollo del complejo urbanístico de más de 4.000 viviendas y un campo de golf de tan solo 9 hoyos. La propia alcaldesa aseguró en el pasado pleno ordinario que no se podía dar ningún paso en la tramitación sin contar con el suministro de agua, pero las circunstancias alrededor de esas gestiones se encuentran envueltas en el secretismo, solo roto por periódicas apariciones en la prensa y anuncios puntuales. Sin embargo, en cuanto a los documentos, los técnicos municipales llaman la atención sobre la ausencia de documentación que deje constancia de los pasos que se han seguido y de los términos y condiciones de las negociaciones que se han llevado a nivel político.
Formar parte del club de municipios que reciben agua de la desaladora de Cabanes-Oropesa del Mar no solo tiene aspectos positivos, también incluye obligaciones económicas, el pago de un canon y la financiación de las obras necesarias para la canalización de las aguas procedentes de la planta de desalación hasta el municipio. La canalización, inicialmente, está contemplado que se financie por parte del urbanizador, dentro de las obligaciones de infraestructuras externas, como es el caso de la ampliación de la depuradora o la canalización de las aguas recicladas para su uso en el riego del campo de golf y jardines. Son más de 12 millones de euros que implican un compromiso de la empresa para financiar esa infraestructura, que en caso contrario, repercutiría en el consistorio.
