Salomé Pradas defiende la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana para equilibrar protección ambiental y desarrollo económico

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha defendido que la futura Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana “permitirá compatibilizar al máximo la protección ambiental y los usos económicos” del litoral. La normativa regulará “las actividades económicas sostenibles que puedan ejercerse con seguridad” y al mismo tiempo “protegerá firmemente nuestros valores naturales, nuestra costa y garantizará tanto la seguridad jurídica de los propietarios como el desarrollo económico”.

Pradas se ha expresado en estos términos durante su intervención en la constitución del Foro de Municipios de Costa organizado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en Burriana. La consellera ha subrayado que la ley autonómica de costas “complementa a la estatal y en ningún momento pretende sustituirla”, ofreciendo “soluciones normativas ajustadas a las competencias estatutarias en las materias de ordenación territorial, ordenación del litoral, urbanismo, medio ambiente, administración de costas o puertos”.

Esta medida es necesaria, según Pradas, porque la realidad de la costa de la Comunitat Valenciana “no ha sido atendida desde el Gobierno central y los ayuntamientos tampoco reciben la atención que merecen del Ejecutivo, que demasiadas veces se ha dedicado a ejecutar políticas sin tener en cuenta la realidad de la costa”.

En este sentido, ha recordado que en la Comunitat Valenciana hay proyectadas y presupuestadas desde 2011 un total de 61 actuaciones de protección y regeneración costeras entre Castellón y Sagunt, y entre Valencia y Dénia, de las cuales solo están terminadas las de Nules, Almenara, el Saler y Les Deveses de Dénia.

A ello se suman “otras injusticias como los deslindes que se hacen sin el consenso de los vecinos, como el último llevado a cabo en Tavernes de la Valldigna”. Pradas ha criticado que se utilice un reglamento invalidado por los tribunales para realizar estos deslindes y ha prometido apoyo para reclamar que se sigan criterios técnicos y de sentido común.

Por todo ello, Pradas ha defendido que la norma autonómica “es necesaria” porque “debe ser la Generalitat la que tome las decisiones en el marco de sus competencias en ordenación territorial, con respeto absoluto al dominio público marítimo-terrestre que es responsabilidad del Gobierno”. Con la nueva ley, “será la Generalitat la que decida sobre todas las autorizaciones y concesiones en la costa para proteger al máximo nuestros núcleos costeros tradicionales, dándoles el valor etnográfico que tienen y facilitando alternativas para los afectados por los deslindes de dominio público”, ha concluido Salomé Pradas.