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Jueves, 15 de Mayo de 2025

APNAL – Ecologistas en Acción denuncia la ocupación ilegal del humedal protegido de Peñíscola

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La marjal de Peñíscola, un espacio natural costero reconocido como Zona Húmeda y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, se encuentra en una situación crítica. Con algo más de 100 hectáreas de superficie, este humedal litoral alberga hábitats prioritarios y especies en peligro de extinción, y está protegido por normativas internacionales, nacionales y autonómicas.

El humedal contiene una notable diversidad ecológica. Entre sus hábitats destacan lagunas (30%), pastizales salinos mediterráneos (20%), matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (20%), aguas oligo-mesotróficas con vegetación béntica (20%) y prados mediterráneos con juncos y hierbas altas (10%). En cuanto a fauna, alberga importantes poblaciones de peces en peligro como el samaruc (Valencia hispanica), el fartet (Aphanius iberus) y el espinoso (Gasterosteus aculeatus), así como del galápago europeo (Emys orbicularis), una especie de reptil protegida.

Pese a este alto valor ecológico y legalmente reconocido, la marjal sufre desde hace años una creciente presión urbanística y turística, agravada por vertidos, salinización, infraestructuras y actividad agrícola. Según denuncia la asociación APNAL – Ecologistas en Acción, desde el año 2021 el Ayuntamiento de Peñíscola ha ocupado terreno protegido del humedal en sus zonas este (junto al polideportivo y campo de fútbol) y sur (zona de Llandells) para habilitar aparcamientos gratuitos para vehículos.

Estas actuaciones, según los ecologistas, se están realizando de forma ilegal y con total impunidad, con operaciones continuas de relleno, mantenimiento y compactación dentro de un espacio natural protegido, vulnerando la legislación vigente. A día de hoy, mayo de 2025, el consistorio mantiene y amplía estas zonas de aparcamiento, incluso promocionándolas públicamente.

APNAL – Ecologistas en Acción ha presentado denuncias ante las administraciones competentes en materia de medio ambiente, reclamando la prohibición inmediata de estas actuaciones, la sanción a los responsables, la restauración urgente del hábitat dañado y la adopción de medidas preventivas que impidan su repetición.

La asociación recuerda que las administraciones públicas están obligadas legalmente a velar por la conservación de este humedal, cuya fragilidad y valor ecológico exigen una protección estricta y efectiva.


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