El valor de los abogados especializados en Administraciones Públicas

La relación entre el sector privado, la ciudadanía y la Administración es intensa y compleja. Licitaciones que se abren y se impugnan, contratos que se modifican o terminan, subvenciones que deben ser justificadas, sanciones que conviene recurrir, facturas impagadas en plazo. En ese ecosistema, los Abogados Especialistas en Administraciones Públicas trabajan como traductores y estrategas. Su misión no es solo “pleitear”, es redactar procedimientos sólidos, anticipar problemas y, cuando toca, defender con rigor en la vía administrativa y ante los tribunales contencioso.

Firmas como Life Sector Público resumen bien la importancia de estas tareas, con más de 25 años de experiencia, más de 2.500 expedientes trabajados y cobertura en todo el territorio nacional.

Los servicios de los abogados especializados en el sector público

Como explica la CEO de  LIFE SECTOR PÚBLICO y LIFE ABOGADOS, Sara Fernández Ceballos, en el día a día estos despachos entran en acción antes de que estalle el conflicto. En la contratación pública, por ejemplo, ayudan a leer entre líneas los pliegos, comprueban solvencias y restricciones, elaboran memorias técnicas competitivas y justifican ofertas anormalmente bajas con criterios objetivos. 

También acompañan al cliente en la fase de adjudicación, atienden requerimientos de subsanación y preparan alegaciones cuando una mesa de contratación interpreta de manera discutible un criterio o excluye por un formalismo evitable.

Todo su trabajo lo complementan con la gestión de incidencias durante la ejecución: modificaciones contractuales, equilibrio económico-financiero, resolución anticipada y reclamación de facturas impagadas.

Externalización de tareas

Además, su labor no es exclusiva de empresas licitadoras. Muchas Administraciones — ayuntamientos, diputaciones, fundaciones, sociedades públicas — externalizan de forma esporádica ciertas tareas para ser ágiles y blindar jurídicamente sus decisiones.

Ahí, el especialista redacta pliegos con criterios medibles, elabora informes de valoración, contesta alegaciones, normaliza documentos, impulsa la contratación electrónica y refuerza el cumplimiento con planes de medidas antifraude y guías internas que estandarizan cómo se tramitan y controlan los expedientes. Este apoyo desde “dentro” reduce impugnaciones, acorta tiempos y mejora la transparencia del proceso.

Colaboraciones con empresas

Otro frente habitual son las colaboraciones empresariales. La Administración suele demandar altos niveles de solvencia técnica y económica, y las empresas recurren a Uniones Temporales de Empresas (UTEs) u otras fórmulas de partenariado.

El abogado especializado estructura estas alianzas: diseña normas internas, contratos entre socios, gobernanza y reparto de riesgos; también asesora en la presentación conjunta para evitar problemas futuros. Y este mismo equipo presta servicios de gestión de ayudas y subvenciones públicas: identificación de convocatorias, redacción de solicitudes, seguimiento de hitos y justificación técnica y económica. Todo esto es vital cuando se trabaja con fondos europeos y controles reforzados.

¿Quién contrata estos servicios?

Principalmente, lo hacen tres tipos:

• Empresas proveedoras del sector público: tecnológicas y servicios TIC, consultoría, limpieza y mantenimiento, jardinería, sanidad, mobiliario urbano, maquinaria, seguridad, marketing y eventos y segmentos donde las compras públicas son una vía de crecimiento. Buscan ganar su primera adjudicación o profesionalizar un canal que ya les otorga ingresos recurrentes.

• Alianzas temporales (UTEs) y consorcios que precisan de soporte jurídico estable desde la oferta hasta la ejecución.

• Y las propias Administraciones y su sector instrumental, que necesitan soporte jurídico para absorber cargas o para elevar el estándar de su documentación.

Beneficios de contar con abogados especializados en Administraciones Públicas

El CEO de LIFE SECTOR PÚBLICO y LIFE ABOGADOS, Ignacio Rivera González, comenta que los resultados para las empresas son objetivables. El primero es el número de ofertas admisibles y puntuadas. Muchos rechazos se producen por formalismos y estos se reducen mucho con metodología y checklists.

En segundo término, hay menos penalizaciones y litigios. Cuando no se pueden evitar, las opciones son mayores de que prospere un recurso bien armado al contar con expertos.

En tercer término, está la velocidad. Los plazos administrativos son ajustados; disponer de un equipo que ya conoce los documentos, el flujo de las plataformas de contratación y las exigencias del órgano de contratación evita improvisaciones que cuestan puntos.

En la fase de ejecución, un buen acompañamiento ayuda a manejar cambios de alcance, reequilibrios, y reclamaciones de impago sin romper la relación con el órgano contratante.

Para la Administración, el valor está en la seguridad jurídica y en la capacidad de procesar mejor.

En suma, el despacho no sustituye al personal público, lo complementa con especialización y músculo en momentos críticos.

El mejor momento para contratar

Un momento especialmente recomendable para contratar a un especialista es “antes de licitar”, cuando aún se está a tiempo de elegir estrategia: si conviene ir a un acuerdo marco o a un sistema dinámico, si es preferible concurrir en UTE, cómo orientar la memoria técnica o qué documentación conviene reforzar. También cuando aparecen incidencias como exclusiones o requerimientos de subsanación. En conclusión, cuanto más temprano sea el acompañamiento, más preventivo será y menos dependerá del pleito a posteriori.

¿Cómo elegir despacho?

Para terminar, a la hora de elegir despacho, es muy conveniente tener en cuenta tres filtros prácticos:

1. La experiencia medible y específica en el sector público;

2. La cobertura integral, que el mismo equipo pueda preparar ofertas, llevar negociaciones y asesorar;

3. La metodología preventiva como guías, plantillas, formación y acompañamiento en contratación electrónica y antifraude