Denuncia vecinal en Oropesa por el peligro estructural de un edificio del casco antiguo y la falta de respuesta municipal

Enrique Gauchía, vecino de Oropesa del Mar, ha hecho pública una denuncia ante la situación que vive su madre, de 78 años, con problemas cardíacos y operada de dos válvulas del corazón. La mujer reside en una vivienda situada en el número 32 de la calle Ramón y Cajal, en el casco antiguo de la localidad, donde desde hace años sufre las consecuencias del deterioro del piso situado justo encima de su casa.

Según relata Gauchía, el inmueble superior —que pertenece a otros propietarios y tiene acceso independiente por el número 34 de la misma calle— presenta graves desperfectos derivados de la aluminosis, visibles a simple vista. La galería interior del piso de arriba da al patio de la vivienda inferior, y su estado es tan deficiente que se está deshaciendo y caen fragmentos dentro de la casa de su madre, con el consiguiente peligro para la integridad física de la anciana.

El vecino asegura que se han presentado numerosas quejas ante el Ayuntamiento de Oropesa, pero que el consistorio insiste en que se trata de un conflicto entre particulares que deben resolver los propios vecinos de ambas viviendas.

No obstante, Gauchía denuncia que el mismo Ayuntamiento ha estado concediendo licencias de obras menores a los propietarios del piso superior, cuando —según afirma— en realidad están realizando una reforma integral de toda la vivienda, interviniendo durante años en la cubierta y la fachada del edificio sin el consentimiento de los propietarios de la planta baja, y debilitando aún más la estructura del inmueble.

Al mismo tiempo, el propio Ayuntamiento ha requerido a los vecinos del piso superior la presentación del informe de estado y viabilidad de la vivienda (la conocida como “ITV” de edificios), obligatoria para inmuebles con más de 25 años. “¿Cómo es posible que el Ayuntamiento les esté pidiendo el informe de la ITV, que no tengan cédula de habitabilidad ni boletín eléctrico, y, por otro lado, les esté concediendo permisos de obras?”, cuestiona Gauchía.

El vecino destaca también que los propietarios del piso superior no disponen de ningún metro de fachada propio al exterior, un requisito indispensable —según los bancos— para que una vivienda sea legalmente habitable, ya que debe contar con al menos cuatro metros de fachada de acceso. Debido a esta situación, el contador del agua está instalado en la acera, en la vía pública, y el contador de la luz se encuentra dentro de la casa de su madre, lo que agrava los conflictos entre ambas propiedades.

Gauchía subraya además que su familia nunca ha vendido, alquilado ni realizado obras en la vivienda, a diferencia de los propietarios del piso superior, que sí habrían efectuado diversas modificaciones en los últimos años.

En un episodio reciente, explica, los obreros del piso de arriba bajaron a proponer “enlucir” la galería que se está cayendo sin repararla realmente, y levantar la pared de dicha galería hasta el tejado, con la intención de ampliar la vivienda superior y construir una nueva terraza en la parte delantera del edificio. Esta propuesta fue rechazada por Gauchía y su madre, al considerar que no se trataba de una reparación, sino de una ampliación ilegal aprovechando la excusa de cambiar las pendientes del tejado y desviar las aguas.

“El Ayuntamiento dice que no puede hacer nada y sigue concediendo licencias de obras a los propietarios de arriba”, lamenta Gauchía. Mientras tanto, su madre sufre las consecuencias del deterioro estructural, con derrumbes, golpes, inundaciones, filtraciones de agua y destrozos continuos dentro de su vivienda.

“No hay derecho”, concluye el vecino.