Ciudadanos propone un Pacto de Estado por la vivienda para afrontar la emergencia habitacional en la Comunitat Valenciana
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La coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Araceli De Moya Sancho, ha presentado un conjunto de propuestas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa la región. Según ha señalado, los precios han aumentado más de un 17% interanual y a finales de 2025 apenas había 137 viviendas nuevas disponibles en la ciudad de Valencia.
De Moya ha reclamado al Gobierno central y al Partido Socialista del País Valenciano que “abandonen el bloqueo” y se sumen a soluciones que, según ha defendido, ya funcionan en otros países europeos.
Una emergencia social
El Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València ha calificado la situación actual como una “emergencia habitacional convertida en emergencia social”. Entre los factores que explican esta situación destaca el desplome del 82% en la oferta de vivienda nueva desde 2019 y el aumento del alquiler de temporada, que ya representa el 37% de los contratos en Valencia.
A ello se suma, según Ciudadanos, una de las tasas más altas de ocupación ilegal de viviendas en España y el impacto de la reciente DANA en la Comunidad Valenciana, que agravó una situación ya de por sí complicada.
“El acceso a la vivienda ha pasado de ser la preocupación número 14 entre los españoles a convertirse en la primera en apenas cuatro años. Y seguimos sin respuestas a la altura. El dato mata el relato”, ha subrayado De Moya.
Propuestas para aumentar la oferta y reducir la burocracia
El paquete de medidas presentado por Ciudadanos se centra en aumentar la oferta de vivienda, reforzar la seguridad jurídica y reducir la burocracia administrativa.
Entre las propuestas destaca la agilización urbanística, con el objetivo de reducir los plazos de habilitación de suelo de los actuales 10-20 años a un máximo de entre 3 y 5 años, equiparándolos a la media europea.
La formación también propone un procedimiento de desalojo exprés para recuperar viviendas en casos de ocupación ilegal e inquiokupación, con plazos máximos garantizados, así como un sistema de arbitraje rápido y gratuito que permita resolver conflictos entre propietarios e inquilinos sin saturar los juzgados.
Además, plantea incentivos fiscales para los propietarios que alquilen a precios asequibles y una reducción de las cargas impositivas sobre la primera vivienda, especialmente para jóvenes y familias.
Otra de las líneas clave es reforzar la colaboración público-privada, mediante la cesión de suelo público con licencias ágiles y avales que faciliten el acceso a la primera vivienda, con el objetivo de incrementar el parque de alquiler asequible.
Críticas al Gobierno central y al PSPV
De Moya ha responsabilizado a los ejecutivos socialistas del agravamiento de la crisis de vivienda. En su opinión, la Ley de Vivienda de España de 2023, criticada por organismos como el Banco de España y la Comisión Europea, no ha reducido los precios del alquiler y ha provocado la retirada de viviendas del mercado por la inseguridad jurídica que, según sostiene, genera entre los propietarios.
Respecto a la ocupación ilegal, ha recordado que la reforma que introdujo juicios rápidos para desalojos salió adelante gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco, mientras que el Partido Socialista Obrero Español y Sumar votaron en contra.
En el ámbito autonómico, la coordinadora de Ciudadanos ha afirmado que el PSPV “no tiene autoridad moral para hablar de vivienda asequible cuando, durante el Botànic, no construyeron lo que prometieron y, en Les Corts, votaron contra medidas que habrían protegido a los propietarios frente a la ocupación ilegal”.
“La generación que quiere emanciparse no puede seguir esperando. Pedimos un Pacto de Estado por la vivienda que libere suelo, proteja a propietarios e inquilinos con seguridad jurídica y ponga el interés de los ciudadanos por delante de los acuerdos de partido”, ha concluido De Moya.
La coordinadora autonómica de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Araceli De Moya Sancho, ha presentado un conjunto de propuestas para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa la región. Según ha señalado, los precios han aumentado más de un 17% interanual y a finales de 2025 apenas había 137 viviendas nuevas disponibles en la ciudad de Valencia.
De Moya ha reclamado al Gobierno central y al Partido Socialista del País Valenciano que “abandonen el bloqueo” y se sumen a soluciones que, según ha defendido, ya funcionan en otros países europeos.
Una emergencia social
El Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València ha calificado la situación actual como una “emergencia habitacional convertida en emergencia social”. Entre los factores que explican esta situación destaca el desplome del 82% en la oferta de vivienda nueva desde 2019 y el aumento del alquiler de temporada, que ya representa el 37% de los contratos en Valencia.
A ello se suma, según Ciudadanos, una de las tasas más altas de ocupación ilegal de viviendas en España y el impacto de la reciente DANA en la Comunidad Valenciana, que agravó una situación ya de por sí complicada.
“El acceso a la vivienda ha pasado de ser la preocupación número 14 entre los españoles a convertirse en la primera en apenas cuatro años. Y seguimos sin respuestas a la altura. El dato mata el relato”, ha subrayado De Moya.
Propuestas para aumentar la oferta y reducir la burocracia
El paquete de medidas presentado por Ciudadanos se centra en aumentar la oferta de vivienda, reforzar la seguridad jurídica y reducir la burocracia administrativa.
Entre las propuestas destaca la agilización urbanística, con el objetivo de reducir los plazos de habilitación de suelo de los actuales 10-20 años a un máximo de entre 3 y 5 años, equiparándolos a la media europea.
La formación también propone un procedimiento de desalojo exprés para recuperar viviendas en casos de ocupación ilegal e inquiokupación, con plazos máximos garantizados, así como un sistema de arbitraje rápido y gratuito que permita resolver conflictos entre propietarios e inquilinos sin saturar los juzgados.
Además, plantea incentivos fiscales para los propietarios que alquilen a precios asequibles y una reducción de las cargas impositivas sobre la primera vivienda, especialmente para jóvenes y familias.
Otra de las líneas clave es reforzar la colaboración público-privada, mediante la cesión de suelo público con licencias ágiles y avales que faciliten el acceso a la primera vivienda, con el objetivo de incrementar el parque de alquiler asequible.
Críticas al Gobierno central y al PSPV
De Moya ha responsabilizado a los ejecutivos socialistas del agravamiento de la crisis de vivienda. En su opinión, la Ley de Vivienda de España de 2023, criticada por organismos como el Banco de España y la Comisión Europea, no ha reducido los precios del alquiler y ha provocado la retirada de viviendas del mercado por la inseguridad jurídica que, según sostiene, genera entre los propietarios.
Respecto a la ocupación ilegal, ha recordado que la reforma que introdujo juicios rápidos para desalojos salió adelante gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco, mientras que el Partido Socialista Obrero Español y Sumar votaron en contra.
En el ámbito autonómico, la coordinadora de Ciudadanos ha afirmado que el PSPV “no tiene autoridad moral para hablar de vivienda asequible cuando, durante el Botànic, no construyeron lo que prometieron y, en Les Corts, votaron contra medidas que habrían protegido a los propietarios frente a la ocupación ilegal”.
“La generación que quiere emanciparse no puede seguir esperando. Pedimos un Pacto de Estado por la vivienda que libere suelo, proteja a propietarios e inquilinos con seguridad jurídica y ponga el interés de los ciudadanos por delante de los acuerdos de partido”, ha concluido De Moya.
