Ecologistes en Acció denuncia ante la Comisión Europea presuntas infracciones en la gestión del Prat de Cabanes-Torreblanca
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Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea al considerar que se está aplicando de forma reiterada e incorrecta la normativa relativa a los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
La denuncia se centra en el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, un espacio protegido que cuenta con diversas figuras de protección: es Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), está inventariado en los catálogos nacional y autonómico de zonas húmedas y forma parte del tratado internacional Ramsar. Se trata, además, de la zona húmeda más importante de la provincia de Castellón.
Según la organización ecologista, en los últimos años el parque natural estaría siendo objeto de numerosas agresiones medioambientales derivadas de actuaciones promovidas por diferentes administraciones y entidades implicadas en el espacio protegido, entre ellas la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Torreblanca, el Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la Diputación de Castellón o entidades privadas como la Fundación Global Nature.
Ecologistes en Acció señala que, pese a la implicación de varios organismos, es la Generalitat Valenciana la administración con competencias en la gestión medioambiental del parque, por lo que considera que debería aplicar los mecanismos necesarios para evitar estas situaciones, ejercer controles y promover la correcta aplicación de la normativa destinada a proteger los valores ambientales del espacio Natura 2000.
Entre las actuaciones señaladas en la denuncia figuran varios proyectos promovidos desde el Ayuntamiento de Torreblanca, como la propuesta de abrir una nueva conexión al mar —que podría poner en riesgo el equilibrio hídrico del humedal—, la realización de quemas de vegetación para obtener pastos, la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales anexa al parque o el pastoreo de vacas en zonas donde crían especies protegidas.
La organización también critica lo que considera una estrategia de “greenwashing” vinculada a actuaciones desarrolladas a través de la Fundación Global Nature. Según la denuncia, mientras se llevan a cabo acciones que podrían afectar al parque natural, se estarían obteniendo fondos europeos para iniciativas que, a juicio de la entidad ecologista, no estarían directamente relacionadas con la protección de especies y hábitats prioritarios del espacio Natura 2000, sin que se detallen de forma clara las actuaciones realizadas ni sus resultados.
Asimismo, Ecologistes en Acció denuncia una posible incompatibilidad al señalar que un concejal que forma parte del gobierno municipal de Torreblanca habría sido contratado por la propia Fundación Global Nature.
Respecto al Servicio Provincial de Costas del MITECO, la organización afirma que se estaría impidiendo la limitación temporal del acceso de personas a zonas con nidos de aves protegidas, además de denunciar la falta de actuaciones en la recogida de residuos marinos o en el control del paseo de perros en áreas especialmente sensibles.
En cuanto a la Diputación de Castellón, la denuncia hace referencia a las fumigaciones contra los mosquitos realizadas con helicóptero y a muy baja altura —a tan solo dos metros sobre los nidos de especies protegidas—, mientras que en otras zonas húmedas protegidas de la Comunitat Valenciana, como en la provincia de Alicante, estas actuaciones se realizarían mediante drones.
Por último, Ecologistes en Acció señala que la Generalitat Valenciana autoriza la caza de aves acuáticas sin establecer zonas útiles de reserva para estas especies y cuestiona la gestión que se realiza sobre determinadas especies protegidas.
Ante esta situación, Ecologistes en Acció del País Valencià considera que las irregularidades medioambientales que, según denuncian, se estarían produciendo de manera continuada en el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca son inadmisibles. Por este motivo, la organización ha solicitado que se investigue la gestión del espacio protegido mediante la denuncia presentada ante la Comisión Europea.
Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea al considerar que se está aplicando de forma reiterada e incorrecta la normativa relativa a los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
La denuncia se centra en el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, un espacio protegido que cuenta con diversas figuras de protección: es Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), está inventariado en los catálogos nacional y autonómico de zonas húmedas y forma parte del tratado internacional Ramsar. Se trata, además, de la zona húmeda más importante de la provincia de Castellón.
Según la organización ecologista, en los últimos años el parque natural estaría siendo objeto de numerosas agresiones medioambientales derivadas de actuaciones promovidas por diferentes administraciones y entidades implicadas en el espacio protegido, entre ellas la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Torreblanca, el Servicio Provincial de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la Diputación de Castellón o entidades privadas como la Fundación Global Nature.
Ecologistes en Acció señala que, pese a la implicación de varios organismos, es la Generalitat Valenciana la administración con competencias en la gestión medioambiental del parque, por lo que considera que debería aplicar los mecanismos necesarios para evitar estas situaciones, ejercer controles y promover la correcta aplicación de la normativa destinada a proteger los valores ambientales del espacio Natura 2000.
Entre las actuaciones señaladas en la denuncia figuran varios proyectos promovidos desde el Ayuntamiento de Torreblanca, como la propuesta de abrir una nueva conexión al mar —que podría poner en riesgo el equilibrio hídrico del humedal—, la realización de quemas de vegetación para obtener pastos, la ampliación de la estación depuradora de aguas residuales anexa al parque o el pastoreo de vacas en zonas donde crían especies protegidas.
La organización también critica lo que considera una estrategia de “greenwashing” vinculada a actuaciones desarrolladas a través de la Fundación Global Nature. Según la denuncia, mientras se llevan a cabo acciones que podrían afectar al parque natural, se estarían obteniendo fondos europeos para iniciativas que, a juicio de la entidad ecologista, no estarían directamente relacionadas con la protección de especies y hábitats prioritarios del espacio Natura 2000, sin que se detallen de forma clara las actuaciones realizadas ni sus resultados.
Asimismo, Ecologistes en Acció denuncia una posible incompatibilidad al señalar que un concejal que forma parte del gobierno municipal de Torreblanca habría sido contratado por la propia Fundación Global Nature.
Respecto al Servicio Provincial de Costas del MITECO, la organización afirma que se estaría impidiendo la limitación temporal del acceso de personas a zonas con nidos de aves protegidas, además de denunciar la falta de actuaciones en la recogida de residuos marinos o en el control del paseo de perros en áreas especialmente sensibles.
En cuanto a la Diputación de Castellón, la denuncia hace referencia a las fumigaciones contra los mosquitos realizadas con helicóptero y a muy baja altura —a tan solo dos metros sobre los nidos de especies protegidas—, mientras que en otras zonas húmedas protegidas de la Comunitat Valenciana, como en la provincia de Alicante, estas actuaciones se realizarían mediante drones.
Por último, Ecologistes en Acció señala que la Generalitat Valenciana autoriza la caza de aves acuáticas sin establecer zonas útiles de reserva para estas especies y cuestiona la gestión que se realiza sobre determinadas especies protegidas.
Ante esta situación, Ecologistes en Acció del País Valencià considera que las irregularidades medioambientales que, según denuncian, se estarían produciendo de manera continuada en el Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca son inadmisibles. Por este motivo, la organización ha solicitado que se investigue la gestión del espacio protegido mediante la denuncia presentada ante la Comisión Europea.
