El Consell Valencià de Treball Social alerta: “La nueva Ley de Renta Valenciana de Inclusión desvirtúa el modelo inicial y recorta derechos”

El Consell Valencià de Treball Social (CVTS), que agrupa a los tres colegios profesionales de Trabajo Social de Castelló, València y Alicante, manifiesta su rotundo desacuerdo tras la aprobación este miércoles en Les Corts del Proyecto de Ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). A pesar de que el Consell ha mantenido una “actitud proactiva” durante todo el proceso de diseño y tramitación, asistiendo a todas las reuniones de trabajo convocadas por la Dirección General de Inclusión y Cooperación al Desarrollo y manteniendo encuentros con los grupos parlamentarios para trasladar aportaciones técnicas, la entidad considera que el texto final ha sufrido una deriva que, en lugar de avanzar en justicia social, levanta nuevas barreras para las personas en situación de exclusión.

El pasado 23 de octubre de 2025, el organismo compareció en la Comisión de Política Social y Empleo para proponer mejoras. Sin embargo, el dictamen final ha ignorado las advertencias de las profesionales, denuncian.

“No podemos mantener el respaldo a una ley que ha sido desvirtuada en su trámite parlamentario”, ha declarado María José Pérez, presidenta del Consell Valencià de Treball Social y del Col·legi de Castelló. “Lo que nació como un proyecto para ampliar derechos se ha convertido en una norma que impone límites temporales injustificados. La RVI, que inicialmente se concedería mientras persistiera la necesidad, se limitará ahora a seis años, renovables por tres más. Obligar a las personas a demostrar cíclicamente su vulnerabilidad extrema no solo es burocráticamente ineficiente, sino que atenta contra su dignidad”, añade Pérez.

Uno de los puntos más críticos para el colectivo es la eliminación de la cláusula de excepcionalidad. Hasta ahora, el sistema permitía atender casos de especial vulnerabilidad que no cumplían estrictamente todos los requisitos, siempre bajo el diagnóstico de las y los profesionales de atención primaria básica. “Al eliminar la excepcionalidad, se anula la mirada social sobre la realidad y se deja desamparadas a personas en situaciones sobrevenidas que no pueden esperar a acreditar requisitos de residencia o antigüedad”, advierte la presidenta.

Nuevas barreras y estigmatización de la pobreza
El Consell denuncia la introducción de nuevos motivos de exclusión que consideran "ajenos a la lógica de la protección social". Entre ellos, destaca la prohibición de acceso a la renta para quienes, a pesar de su situación de precariedad extrema, hayan sido sancionados administrativamente, mediante resolución judicial firme y en los doce meses anteriores a la solicitud, por determinados delitos, entre ellos los relacionados con la libertad sexual, la inviolabilidad del domicilio, la integridad física o el patrimonio, “un elemento que resulta profundamente excluyente y va en contra de la propia finalidad de la renta, que es la inclusión social”. También se limita este derecho a quienes se encuentren en situación de ocupación ilegal de vivienda, “poniendo de manifiesto la nula sensibilidad del legislativo autonómico con la problemática que azota a todo el país: la carencia de vivienda y el elevado precio de los alquileres”, matiza María José Pérez.
A juicio del CVTS, “vincular el derecho a una renta mínima de supervivencia con antecedentes administrativos o judiciales contradice el principio de inclusión y segundas oportunidades”. “La evidencia demuestra que la falta de oportunidades y los contextos de precariedad extrema son, a menudo, el caldo de cultivo de estas situaciones. Excluir a estas personas del sistema no soluciona el problema, sino que perpetúa el ciclo de pobreza y las condena a la marginalidad perpetua”, señalan las mismas fuentes.

Asimismo, la entidad lamenta la falta de sensibilidad del legislativo al incluir el concepto de “violencia intrafamiliar”, lo que consideran un claro desprecio por la especificidad de la violencia de género y machista, una de las mayores lacras que azota el país y a las que se enfrentan las trabajadoras sociales en su intervención diaria.

Un pacto político que excluye a los más vulnerables
Para el Consell Valencià de Treball Social, el texto definitivo responde a un pacto político que prioriza el control sobre la protección. Alertan de que, con la nueva normativa, la Renta Valenciana podría llegar a personas que no la necesitan de forma tan acuciante (el trabajo no es compatible con la renta), mientras se reduce la cobertura para quienes se encuentran en la exclusión más severa.

“El Trabajo Social se fundamenta en principios éticos que promueven una sociedad más justa y la defensa de los derechos fundamentales”, explican desde el organismo. “Hablamos de situaciones límite, de mera supervivencia. No podemos callar ante una ley que, bajo el nombre de inclusión, acaba excluyendo a quienes más necesitan el amparo de la administración. Es, en definitiva, una ley de 'exclusión' social”, sostiene Pérez.

Sobre el Consell Valencià de Treball Social
El CVTS es una corporación de derecho público y el órgano de representación y coordinación de los tres colegios de Trabajo Social de la Comunitat Valenciana (Castelló, Valencia y Alicante). Su principal misión es representar al conjunto de la profesión en el territorio ante la Generalitat Valenciana y otros organismos autonómicos, defender los intereses de las y los trabajadores sociales, así como coordinar la actuación de los tres colegios y apoyar iniciativas conjuntas.