El COTS Castelló reclama más puntos de cita previa ante la regularización extraordinaria de inmigrantes
![[Img #109143]](http://el7set.es/upload/images/04_2026/2266_maria-jose-perez-presidenta-del-cots-castello.jpg)
El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló ha exigido al Gobierno de España el refuerzo urgente de los puntos de cita previa para poder atender el previsible aumento de solicitudes derivadas del proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
La entidad profesional advierte de que los Servicios Sociales de la provincia se enfrentarán en las próximas semanas a una elevada demanda para la emisión de informes de vulnerabilidad, un requisito incorporado en la nueva normativa aprobada en Consejo de Ministros mediante el Real Decreto que regula este procedimiento.
Según el COTS Castelló, el proceso se iniciará el próximo 16 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, un plazo que consideran insuficiente y que podría “colapsar la puerta de entrada al sistema de Servicios Sociales”, especialmente en un contexto en el que la atención recae directamente en las trabajadoras sociales como profesionales de referencia.
La presidenta del colegio, María José Pérez, ha señalado que la combinación de la limitación de puntos de atención, la brevedad del plazo y la alta demanda prevista puede generar una situación de saturación en la provincia, donde únicamente dos municipios superan los 50.000 habitantes.
En este sentido, la entidad recuerda que el sistema de cita previa se articula a través de oficinas de la Seguridad Social, oficinas de Correos en grandes municipios y algunas oficinas de Extranjería, lo que consideran claramente insuficiente para la realidad territorial de la provincia de Castellón.
El COTS Castelló subraya además la dificultad añadida que supone el uso del certificado digital, del que carece una parte importante de las personas solicitantes, lo que incrementará la presión sobre la atención presencial en los Servicios Sociales.
A esta situación se suma la implantación del Sistema Informático de la Historia Social Única (SIHSU), que, aunque permitirá una mayor interoperabilidad en el futuro, implica actualmente un cambio complejo en la gestión de citas y agendas.
El colegio profesional también alerta de otras dificultades asociadas al proceso, como la obtención de certificados de antecedentes penales en los países de origen, lo que podría derivar en una sobrecarga adicional de las oficinas consulares.
Desde la entidad insisten en la necesidad de habilitar más recursos, ampliar los plazos de tramitación y garantizar una atención de proximidad que evite la exclusión de personas en situación de vulnerabilidad.
“La mayoría de las personas afectadas no dispone de medios digitales ni recursos suficientes, por lo que es imprescindible habilitar más puntos de atención de proximidad y revisar el plazo para evitar el colapso del sistema”, ha señalado María José Pérez.
El COTS Castelló concluye reclamando al Gobierno “coherencia y un despliegue de medios suficiente” para garantizar el éxito del proceso y evitar que las dificultades administrativas frustren las expectativas de regularización.
El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló ha exigido al Gobierno de España el refuerzo urgente de los puntos de cita previa para poder atender el previsible aumento de solicitudes derivadas del proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
La entidad profesional advierte de que los Servicios Sociales de la provincia se enfrentarán en las próximas semanas a una elevada demanda para la emisión de informes de vulnerabilidad, un requisito incorporado en la nueva normativa aprobada en Consejo de Ministros mediante el Real Decreto que regula este procedimiento.
Según el COTS Castelló, el proceso se iniciará el próximo 16 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio, un plazo que consideran insuficiente y que podría “colapsar la puerta de entrada al sistema de Servicios Sociales”, especialmente en un contexto en el que la atención recae directamente en las trabajadoras sociales como profesionales de referencia.
La presidenta del colegio, María José Pérez, ha señalado que la combinación de la limitación de puntos de atención, la brevedad del plazo y la alta demanda prevista puede generar una situación de saturación en la provincia, donde únicamente dos municipios superan los 50.000 habitantes.
En este sentido, la entidad recuerda que el sistema de cita previa se articula a través de oficinas de la Seguridad Social, oficinas de Correos en grandes municipios y algunas oficinas de Extranjería, lo que consideran claramente insuficiente para la realidad territorial de la provincia de Castellón.
El COTS Castelló subraya además la dificultad añadida que supone el uso del certificado digital, del que carece una parte importante de las personas solicitantes, lo que incrementará la presión sobre la atención presencial en los Servicios Sociales.
A esta situación se suma la implantación del Sistema Informático de la Historia Social Única (SIHSU), que, aunque permitirá una mayor interoperabilidad en el futuro, implica actualmente un cambio complejo en la gestión de citas y agendas.
El colegio profesional también alerta de otras dificultades asociadas al proceso, como la obtención de certificados de antecedentes penales en los países de origen, lo que podría derivar en una sobrecarga adicional de las oficinas consulares.
Desde la entidad insisten en la necesidad de habilitar más recursos, ampliar los plazos de tramitación y garantizar una atención de proximidad que evite la exclusión de personas en situación de vulnerabilidad.
“La mayoría de las personas afectadas no dispone de medios digitales ni recursos suficientes, por lo que es imprescindible habilitar más puntos de atención de proximidad y revisar el plazo para evitar el colapso del sistema”, ha señalado María José Pérez.
El COTS Castelló concluye reclamando al Gobierno “coherencia y un despliegue de medios suficiente” para garantizar el éxito del proceso y evitar que las dificultades administrativas frustren las expectativas de regularización.
