Los cazadores exigen al Gobierno que frene una prohibición del plomo que pone en riesgo el futuro de la caza
Lorena Martínez, presidenta de la FCCV: “Desde la Comunitat Valenciana reclamamos una transición responsable que permita la continuidad de una actividad que aporta importantes beneficios sociales, económicos y ambientales”
![[Img #109689]](http://el7set.es/upload/images/06_2026/2683_cazador.jpg)
La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana exigen al Gobierno Central que se oponga a la prohibición de la munición de plomo en la caza y defienda ante las instituciones europeas una posición basada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos que evite poner en riesgo el futuro de la caza en España.
La próxima semana, el Parlamento Europeo y los Estados miembros abordarán la propuesta impulsada en el marco del Reglamento REACH para limitar el uso del plomo en la actividad cinegética. Ante esta situación, los cazadores españoles denuncian que el proceso avanza sin que se hayan presentado estudios técnicos concluyentes que acrediten que las alternativas disponibles ofrecen una reducción efectiva del riesgo toxicológico y, al mismo tiempo, garantizan la seguridad del cazador y de sus auxiliares de caza frente a posibles rebotes, la eficacia de la munición y el bienestar animal.
Un 25% de cazadores podría abandonar la actividad
El sector cinegético recuerda que, al debate sobre las restricciones a la munición de plomo que tendrá lugar la próxima semana, se llega sin que Europa haya concretado todavía una alternativa que permita mantener la práctica de la caza desde el punto de vista económico, social y técnico. En este sentido, advierte de que algunos de los materiales planteados como alternativas no son compatibles con todas las armas existentes y que una transición acelerada, sin realizar los pertinentes estudios científicos, generaría un importante impacto negativo para cazadores, fabricantes, armerías y otros sectores vinculados.
No en vano, un estudio de la Federación Europea de Tiro Deportivo (ESSF), basado en más de 18.000 encuestas, señala que un 25% de los cazadores podría abandonar la actividad y un 30% reducir su práctica ante una prohibición generalizada del plomo en la munición.
“La caza es una actividad esencial para la gestión del medio natural y cualquier decisión que afecte a su futuro debe tomarse desde el rigor, el conocimiento técnico y el diálogo con quienes conocen la realidad del territorio. No podemos avanzar hacia restricciones que generen incertidumbre entre los cazadores y el sector sin contar antes con alternativas plenamente evaluadas, seguras y aplicables a la realidad de nuestros campos y montes”, señala Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana. “Desde la Comunitat Valenciana reclamamos una transición responsable que permita la continuidad de una actividad que aporta importantes beneficios sociales, económicos y ambientales”.
Por su parte, Josep Escándelo, presidente de la RFEC destaca que “el objetivo debe ser compatibilizar la protección del medio ambiente con la realidad de una actividad que contribuye a la conservación de los ecosistemas, al control de poblaciones de determinadas especies y a la prevención de problemas como los daños agrícolas o la expansión de enfermedades como la Peste Porcina Africana”.
Sin diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica
Las entidades cinegéticas también critican la posición mantenida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) durante la tramitación europea, al considerar que no se han atendido suficientemente las aportaciones técnicas de los cazadores españoles ni se ha abierto un proceso de diálogo orientado a una transición ordenada.
Para ambas federaciones, cualquier cambio normativo debe contar con la participación de cazadores, industria armera, expertos técnicos y administraciones públicas, además de contemplar medidas que, en todo caso, permitan una adaptación progresiva y una evaluación real de las alternativas disponibles.
“Ante el próximo debate europeo, los cazadores reclaman al Gobierno de España que defienda una posición responsable y que no apoye restricciones que puedan comprometer el futuro de la actividad cinegética sin que existan previamente soluciones técnicamente contrastadas, seguras y viables” concluye Escandell.
La Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana exigen al Gobierno Central que se oponga a la prohibición de la munición de plomo en la caza y defienda ante las instituciones europeas una posición basada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos que evite poner en riesgo el futuro de la caza en España.
La próxima semana, el Parlamento Europeo y los Estados miembros abordarán la propuesta impulsada en el marco del Reglamento REACH para limitar el uso del plomo en la actividad cinegética. Ante esta situación, los cazadores españoles denuncian que el proceso avanza sin que se hayan presentado estudios técnicos concluyentes que acrediten que las alternativas disponibles ofrecen una reducción efectiva del riesgo toxicológico y, al mismo tiempo, garantizan la seguridad del cazador y de sus auxiliares de caza frente a posibles rebotes, la eficacia de la munición y el bienestar animal.
Un 25% de cazadores podría abandonar la actividad
El sector cinegético recuerda que, al debate sobre las restricciones a la munición de plomo que tendrá lugar la próxima semana, se llega sin que Europa haya concretado todavía una alternativa que permita mantener la práctica de la caza desde el punto de vista económico, social y técnico. En este sentido, advierte de que algunos de los materiales planteados como alternativas no son compatibles con todas las armas existentes y que una transición acelerada, sin realizar los pertinentes estudios científicos, generaría un importante impacto negativo para cazadores, fabricantes, armerías y otros sectores vinculados.
No en vano, un estudio de la Federación Europea de Tiro Deportivo (ESSF), basado en más de 18.000 encuestas, señala que un 25% de los cazadores podría abandonar la actividad y un 30% reducir su práctica ante una prohibición generalizada del plomo en la munición.
“La caza es una actividad esencial para la gestión del medio natural y cualquier decisión que afecte a su futuro debe tomarse desde el rigor, el conocimiento técnico y el diálogo con quienes conocen la realidad del territorio. No podemos avanzar hacia restricciones que generen incertidumbre entre los cazadores y el sector sin contar antes con alternativas plenamente evaluadas, seguras y aplicables a la realidad de nuestros campos y montes”, señala Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana. “Desde la Comunitat Valenciana reclamamos una transición responsable que permita la continuidad de una actividad que aporta importantes beneficios sociales, económicos y ambientales”.
Por su parte, Josep Escándelo, presidente de la RFEC destaca que “el objetivo debe ser compatibilizar la protección del medio ambiente con la realidad de una actividad que contribuye a la conservación de los ecosistemas, al control de poblaciones de determinadas especies y a la prevención de problemas como los daños agrícolas o la expansión de enfermedades como la Peste Porcina Africana”.
Sin diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica
Las entidades cinegéticas también critican la posición mantenida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) durante la tramitación europea, al considerar que no se han atendido suficientemente las aportaciones técnicas de los cazadores españoles ni se ha abierto un proceso de diálogo orientado a una transición ordenada.
Para ambas federaciones, cualquier cambio normativo debe contar con la participación de cazadores, industria armera, expertos técnicos y administraciones públicas, además de contemplar medidas que, en todo caso, permitan una adaptación progresiva y una evaluación real de las alternativas disponibles.
“Ante el próximo debate europeo, los cazadores reclaman al Gobierno de España que defienda una posición responsable y que no apoye restricciones que puedan comprometer el futuro de la actividad cinegética sin que existan previamente soluciones técnicamente contrastadas, seguras y viables” concluye Escandell.
