Costas
La nueva Ley de Costas empeorará el litoral castellonense
Disfrazada de verde por el gobierno, lleva el gris del hormigón en su adn.
Indultar al infractor y seguir especulando y privatizando la costa son los fines últimos que persigue la nueva Ley. A los ayuntamientos les va a faltar el tiempo para solicitar, como prevé la nueva Ley, una reducción de la Zona de Servidumbre de Protección de 100 a 20 metros, y todos sabemos para qué.
Lejos de atacar a las causas que provocan la pérdida de las playas y empezar a gestionar el litoral de forma sostenible y eficaz, nos encontramos con una ley continuista de la política fracasada de la especulación. Con una Ley que aumenta las presiones urbanísticas, turísticas e industriales, que privatiza el litoral y consolida ilegalidades que quedan impunes.
Por cierto, la garantía de los derechos de los propietarios de los antiguos poblados marítimos está por ver y más cuando las olas entran en sus casas; en algunos puntos del litoral se ha retrocedido 200 metros en los últimos 50 años. Lo que sí garantiza la Ley es la posibilidad de vender y especular con las propiedades.
Las causas: sedimentos que quedan atrapados en los embalses y no llegan al mar; eliminación por el urbanismo salvaje, esencia de la crisis actual, de los escudos naturales que protegen el litoral de la erosión como las praderas de posidonia, los sistemas dunares, marjales, zonas húmedas, etc; infraestructuras diversas propias de una ordenación territorial equivocada que, ahora, la nueva Ley quiere no solo indultar sino promover; y un largo etcétera.
Con el cambio climático que ya está aquí, se hace más necesario que nunca regenerar en lo posible el funcionamiento natural de nuestra costa y nuestros ríos. No habrá partida presupuestaria alguna que pueda poner parches, como trasvases de arena o espigones, que garantice la continuidad de determinadas urbanizaciones a medio o largo plazo. Es hora de planificar y gestionar el futuro de nuestro litoral y para ello la política de la especulación es un estorbo de graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales.
El recurso ante el Constitucional por parte de la oposición abre la posibilidad de bloquear una Ley que considera el litoral como un recurso mercantil y no como un bien público.
Indultar al infractor y seguir especulando y privatizando la costa son los fines últimos que persigue la nueva Ley. A los ayuntamientos les va a faltar el tiempo para solicitar, como prevé la nueva Ley, una reducción de la Zona de Servidumbre de Protección de 100 a 20 metros, y todos sabemos para qué.
Lejos de atacar a las causas que provocan la pérdida de las playas y empezar a gestionar el litoral de forma sostenible y eficaz, nos encontramos con una ley continuista de la política fracasada de la especulación. Con una Ley que aumenta las presiones urbanísticas, turísticas e industriales, que privatiza el litoral y consolida ilegalidades que quedan impunes.
Por cierto, la garantía de los derechos de los propietarios de los antiguos poblados marítimos está por ver y más cuando las olas entran en sus casas; en algunos puntos del litoral se ha retrocedido 200 metros en los últimos 50 años. Lo que sí garantiza la Ley es la posibilidad de vender y especular con las propiedades.
Las causas: sedimentos que quedan atrapados en los embalses y no llegan al mar; eliminación por el urbanismo salvaje, esencia de la crisis actual, de los escudos naturales que protegen el litoral de la erosión como las praderas de posidonia, los sistemas dunares, marjales, zonas húmedas, etc; infraestructuras diversas propias de una ordenación territorial equivocada que, ahora, la nueva Ley quiere no solo indultar sino promover; y un largo etcétera.
Con el cambio climático que ya está aquí, se hace más necesario que nunca regenerar en lo posible el funcionamiento natural de nuestra costa y nuestros ríos. No habrá partida presupuestaria alguna que pueda poner parches, como trasvases de arena o espigones, que garantice la continuidad de determinadas urbanizaciones a medio o largo plazo. Es hora de planificar y gestionar el futuro de nuestro litoral y para ello la política de la especulación es un estorbo de graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales.
El recurso ante el Constitucional por parte de la oposición abre la posibilidad de bloquear una Ley que considera el litoral como un recurso mercantil y no como un bien público.
