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Viernes, 30 de junio de 2017 | Leída 602 veces

Orpesa paraliza la licitación de la nueva Biblioteca y reserva 190.000 euros más para el proyecto al detectar errores graves en la valoración de materiales

PP y Si se puede Oropesa aprueban una modificación de crédito con cargo al PMS para financiar el incremento en el coste del edificio

[Img #57503]El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha aprobado, con los votos de PP y Si se puede Oropesa, la modificación de créditos 6-2017 para financiar los cambios introducidos en el proyecto de la nueva Biblioteca Municipal, al haberse detectado importantes errores en las valoraciones que el técnico redactor hizo de algunos de los materiales que se emplearían en la construcción del edificio, como el hormigón y la varilla de hierro, además de que se elimina una planta.

 

Inicialmente, el proyecto de la Biblioteca Municipal se diseñó con una planta baja y tres plantas en altura, pero se modificó a criterio del Equipo de gobierno para añadir una altura más, en la que se querían ubicar aulas. Sin embargo, al plantearse la construcción del Edificio Social, se pensó en ubicar en ese inmueble las aulas, por lo que la cuarta planta se hacía innecesaria, motivo por el que ahora se vuelve a reducir el número de pisos. Sin embargo, el principal problema surgía justo antes de la apertura de los sobres con las propuestas jurídico-económicas de las tres empresas que se presentaron a la licitación para la ejecución del proyecto. Las valoraciones del técnico redactor respecto a algunos de los materiales de construcción a emplear eran erróneas, al punto de estimar en 33 euros el metro cúbico de hormigón, cuando el precio de mercado es de 79 euros el metro cúbico, lo que ahora hace que un presupuesto inicial de 650.000 euros se dispare hasta los 840.000 euros, unos 190.000 euros más de lo previsto. El pleno, con la modificación de crédito, debía aprobar la creación de una reserva suficiente para afrontar el sobrecoste, con cargo al Patrimonio Municipal del Suelo.

 

La portavoz de Ciudadanos, Araceli de Moya, afirmó en su intervención que la propuesta de acuerdo era para ampliar una retención del PMS ya aprobada anteriormente, señalando que la construcción de una planta menos va a costar al municipio 200.000 euros más, al considerar que “si mantenemos la cuarta planta sube el precio”, en una interpretación particular de lo sucedido con el proyecto. No obstante, criticó que en tres años han existido varios cambios de criterios relacionados con este expediente y que no ha sido hasta ahora, cuando el ejecutivo local ha puesto más vigilancia en el proceso “ahora somos más rigurosos”. De Moya consideró irónicamente muy conveniente para el PP echarle la culpa a los técnicos en este problema.

 

El concejal de Compromís, Josep Lluís Romero, ha sido el más crítico con la gestión de esta obra por parte del Equipo de Gobierno, manifestándose en contra del procedimiento y de apoyar esta modificación, al considerar que “nos tomáis el pelo y nos tratáis como idiotas. No sé ni cómo calificar el expediente”. Romero señaló que, cuando se añadió una planta al proyecto, el precio se mantuvo igual, por lo que preguntó al ejecutivo local “¿En serio vale lo mismo?” y “¿En Junta de Gobierno no preguntasteis nada?”.

 

El edil valencianista afirmó que el proyecto no se encuentra en el ayuntamiento, por lo que no puede ser consultado, y consideró que se deberían pedir responsabilidades por estos errores, calificando la gestión como “una chapuza”, añadiendo que Compromís, “somos leales, pero debemos fiscalizar”, por lo que solicitó al gobierno municipal “sentido común”.

 

Desde el PSOE, su portavoz, Fernando Domínguez, criticó la construcción de este edificio, por considerar que atenta contra la imagen del Casco Antiguo, al ser el acceso principal al mismo, por lo que celebró el hecho de que se elimine una planta, añadiendo que según su criterio se deberían eliminar dos para que el inmueble no tapase el Casco Antiguo y no tuviera un impacto visual tan grande.

 

Echó en falta el edil socialista la convocatoria de un concurso de ideas para el diseño de la Biblioteca y argumentó su postura señalando que “si quitamos una planta parece que no apoyemos la cultura, pero existen más espacios donde crear infraestructuras culturales”. Para el PSOE el edificio es “una salvajada” y un “monstruo construido con dinero público”, que cuando esté construido “se va a cargar la imagen del Casco Antiguo”.

 

El concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, señaló que lo importante es la construcción del edificio, que contará con una Oficina de Información Turística en la planta baja, así como con una sala de conferencias y aseos, un Aula Infantil, Aula Juvenil y un Aula de Informática en la primera planta, Zona Wifi y de prensa en la segunda planta y Sala de Consulta y Estudio en la tercera planta. Se elimina por tanto una planta diáfana que pasa al Edificio Social.

 

El alcalde, Rafael Albert, señaló sobre la polémica modificación que el informe al que hizo alusión el concejal de Compromís en su intervención no aparece en el expediente de la modificación que se trajo a pleno, sino a uno anterior, por lo que le dijo al edil que “quien te informa, que te informe bien”. Ya en rueda de prensa el alcalde declaró “El expediente del que habla Romero pertenece al desestimiento de la licitación, pero no menciona un segundo informe sobre los errores detectados en los cálculos”, acusando al concejal de Compromís de hacer una lectura parcial e interesada de los informes para criticar al Equipo de Gobierno.

 

Albert reconoció sentirse culpable por el error técnico cometido, pero recordó que en el punto del orden del día solo se estaba aprobando la reserva del dinero necesario, no el proyecto. El alcalde señaló “finalmente sabemos que el presupuesto irá a la baja, pero hay que hacer la provisión del dinero”.

 

El concejal de Urbanismo defendió la transparencia del proceso seguido en este expediente en todo momento, manifestando que se convocó una reunión con los portavoces municipales para informarles de la situación y darles las explicaciones pertinentes. No obstante, calificó la polémica como un intento de desgaste político, “cuando en realidad son cuestiones técnicas, es público y notorio que la gestión que hemos hecho y la información que hemos dado ha sido transparente”.

 

Tras subsanar los errores detectados, se espera sacar a licitación de nuevo el proyecto a mediados del mes de julio, por lo que se espera que la adjudicación de la obra se realice antes de final de año, para que comiencen los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 9 meses.

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