el7set
Jueves, 24 de agosto de 2017 | Leída 279 veces
Urbanismo

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar asumirá las obras de urbanización pendientes en el sector R5A sin poder ejecutar el aval depositado por la empresa

Romero (Compromis) considera que “la mala gestión del PP de Orpesa del sector R5A de Amplàries deja un aval inejecutable de 1.219.241 euros y 4.036.983 euros en obras pendientes”

[Img #58981]El Ayuntamiento de Oropesa del Mar iniciará los trámites para retirar la condición de agente urbanizador del Sector R5A de Amplaries a la mercantil Comervi y asumir la gestión directa del PAI por parte del consistorio. Ahora quedará por dirimir el coste de las obras necesarias para finalizar las infraestructuras del sector, subsanar irregularidades detectadas, responder al recurso que con toda seguridad presentará la empresa y resolver el problema principal, como cobrar un aval inejecutable y, quizá la más importante de todas, quien pagará las obras para terminar el PAI si el aval no se puede hacer efectivo.

 

El Partido Popular sacó adelante en solitario esta propuesta, en contra de la cual ha votado el PSOE, absteniéndose Compromís, Ciudadanos y Si se puede Oropesa.

 

La intención del ejecutivo local oropesino, que preside Rafael Albert, es la de proceder a la resolución del PAI para después finalizar las infraestructuras pendientes de ejecución mediante gestión directa, concluyendo el proceso que se vio paralizado después de que la mercantil Comervi, se viera inmersa en un proceso de concurso de acreedores.

 

Compromís protagoniza la intervención más crítica

El concejal de Compromís, Josep Lluís Romero, fue con diferencia, el más crítico y estricto en sus intervenciones, llegando a proponerle al equipo de gobierno una salida consensuada a la situación, condicionada a la determinación de las responsabilidades que se pudieran derivar de la gestión de este expediente urbanístico “no una venganza ni ir contra nadie, es que se han hecho muy mal las cosas”, señalaba el edil.

 

Romero señalaba la necesidad de conocer los antecedentes del caso “es necesario ver de dónde venimos y donde estamos”, instando al PP a “no esconderse en que lo aprobó el PSOE y el GIO”.

 

El primero de los escollos es el aval depositado, como en todos los programas urbanísticos, que en este caso ascendía a la cantidad de 1.219.241 euros, que tal como explicaba el edil de Compromís y como se reconoció durante la sesión “se cambió un aval del Banco Popular por uno que ahora no se puede ejecutar”, asegurando que “nos encontramos ante una prevaricación”, en una situación en la que Romero advierte “una dejación de funciones clara”.

 

Según el informe aludido por Romero “…el agente urbanizador no ha realizado la obra de urbanización pendiente en el proyecto, ni tampoco ha presentado la documentación requerida para poder tramitar el proyecto modificado, por lo que se considera que el proyecto modificado no está aprobado y sigue en vigor el proyecto original de urbanización; por tanto, según los precios unitarios de las unidades de obra del proyecto aprobado, la valoración económica solicitada de las obras pendientes por ejecutar o que no cumplen las características y calidades especificas del proyecto aprobado ascienden aproximadamente a 4.036.983 euros IVA incluido”.

 

Por esos motivos, el concejal considera que, pese a que a día de hoy no existe daño patrimonial para las arcas municipales, se deben pedir responsabilidades “sea quien sea”. En ese sentido, Romero adelantó que su grupo municipal no permanecerá quieto ante la situación “no es una amenaza, es una promesa”.

 

Para Compromís, el Ayuntamiento de Oropesa del Mar concedió una licencia condicionada a no dar cédula de habitabilidad a las viviendas que se construyeran en el PAI hasta que estuvieran finalizadas la totalidad de las obras de urbanización, sin embargo si se concedieron cédulas y en la actualidad hay apartamentos ocupados en el sector “se da condicionado y vosotros os lo saltáis”, reprochaba Romero al PP, acusando a los populares de haber creado el problema, “por hacer ilegalidades”.

 

El concejal denunció que existe una modificación del proyecto propuesta por la empresa, que se vierten aguas fecales en la red de agua pluviales –que deben ir separadas-, y que el importe de las obras necesarias para finalizar el sector, según informes técnicos, podría alcanzar los 4 millones de euros, mientras que el aval es de poco más de un millón y no se puede ejecutar, de modo que queda en duda, según Romero “si se repercutirá a los vecinos o lo pagará todo el pueblo”.

 

Los socialistas consideran que la empresa debe terminar las obras

Desde el PSOE, Tomas Martín defendió que lo más lógico ante los incumplimientos de la empresa es que se tomen medidas para acabar las obras. El edil señaló que “hay cinco millones –los cuatro de obras pendientes y el del aval inejecutable- que se tendrán que pagar de alguna forma”, por lo que, a su criterio, el consistorio “debería forzar a la empresa a que termine las obras.

 

El PP considera que el coste de las obras será inferior a los 4 millones

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo, Tomas Fabregat, explicó que los cuatro millones de euros de los que se habla en los informes técnicos se calcularon respecto al proyecto inicial, no sobre el modificado que proponía la empresa “no sabemos la cuantía, la cifra aproximada ni se acerca a eso. Cuando lo gestione el ayuntamiento los técnicos valorarán las obras pendientes y la cuantía”.

 

Sobre la modificación del proyecto inicial, quiso señalar que “ese proyecto modificado no está aprobado”, algo que posteriormente, en rueda de prensa reiteró y amplió a preguntas de este redactor que no necesariamente se asumirá el proyecto inicial ni la propuesta de modificado de la empresa, ya que serán los técnicos municipales los que verán las infraestructuras pendientes y la mejor forma de ejecutarlas, así como su coste económico.

 

En la cuestión del aval, Fabregat reconoció que se solicitó el cambio por parte de la empresa y se concedió “el cambio de avales es algo que se hace habitualmente en muchos ayuntamientos”, aclarando que “en ese momento no se sabía que el aval era inejecutable, ni se sabía que la empresa entraría en concurso de acreedores”, ya que, la cuestión del aval se supo pasados tres años. Redundando sobre el tema de los avales, Rafael Albert apuntaba en rueda de prensa que “todos los avales se aceptan o se devuelven por criterios técnicos, no por capricho de los políticos”.

 

Del mismo modo, el concejal de Urbanismo incidió en que no se ha producido quebranto en las arcas municipales y en que las licencias de obras y cédulas de habitabilidad concedidas contaban con los correspondientes informes favorables de los técnicos municipales.

 

Para Fabregat, Josep Lluís Romero menciona interesada y parcialmente el informe del técnico municipal, además de que las valoraciones son de un proyecto técnico de 2002 y que el modificado no ha sido aprobado.

 

Respecto a las irregularidades como la conexión de redes de aguas fecales con la red de pluviales en el sector, Tomas Fabregat y el alcalde, Rafael Albert, explicaron a este medio que se están haciendo ahora los trabajos necesarios para identificar cuáles son las conexiones que se han hecho incorrectamente y cuando se tengan identificadas todas, se les pondrá en conocimiento a los propietarios para que realicen la conexión correctamente.

EL7SET • Términos de usoPolítica de PrivacidadMapa del sitio
© 2017 • Todos los derechos reservados
Powered by FolioePress