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Viernes, 10 de noviembre de 2017 | Leída 23 veces
Tecnología

Descubre cómo te puede afectar la entrada en vigor del nuevo canon digital

[Img #60270]El conocido popularmente como “canon digital”, en el que el gobierno de España establece la obligación del pago de una tasa a los equipos, aparatos y soportes de reproducción que recaerá sobre los fabricantes, importadores y distribuidores, iniciaba una nueva andadura en el largo periplo que esta legislación para la protección de los derechos de autor ha realizado desde la aprobación en 2006 de la primera versión, con sucesivas derogaciones por mandato judicial cuando esta cuestión llegó a los tribunales de justicia europeos.

 

Con la aprobación del Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se establecían los nuevos parámetros de la compensación equitativa por copia privada de obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, el Gobierno de España establece otro marco normativo, mediante el cual se carga una tasa en elementos de uso cotidiano como memorias USB, discos duros, entre otros productos tecnológicos, que de ese modo, verán incrementado el precio de venta.

 

Sin embargo, los tentáculos de la nueva normativa alcanzan a sectores comerciales insospechados, ya que, además de afectar directamente a las empresas que fabrican, importan o distribuyen productos tecnológicos, este cambio en la legislación afectará indirectamente a otros sectores, como es el caso de las empresas de venta de productos promocionales, en cuyos catálogos podemos encontrar, cada vez más, un gran número de productos que están directamente vinculados con la tecnología.

 

Esto incidiría en empresas como Giftcampaign, que ya cobra el canon digital en las memorias usb personalizadas, por la obligación que existe de cargar la tasa extra en el precio del producto, ya que en el caso de que un cliente compre estos dispositivos electrónicos a un proveedor que no cobre la tasa del “canon digital”, será el propio cliente final el responsable de satisfacer el canon, sin diferenciar en que sea empresa o un cliente particular quien adquiera estos bienes.

 

[Img #60271]El nuevo canon digital se aprobó después de que el Tribunal Supremo anulase el Real Decreto previo, con el que el Gobierno de España trató de resolver la problemática, que se viene arrastrando desde 2006. Distintos gobiernos de todo signo político se han visto en la obligación de enfrentar un tema cargado de polémica que tiene de un lado a los autores y creadores, las sociedades de derechos de autor y diferentes colectivos, mientras que del otro se sitúan los usuarios y asociaciones de consumidores, que consideran que el pago indiscriminado vulnera sus derechos.

 

Esto ha supuesto a la larga que la problemática del canon digital haya terminado irreversiblemente ante los tribunales de todo ámbito, tanto nacionales como comunitarios.

 

El caso Padawan

El litigio que llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que después se conocería como el Caso Padawan, supuso un duro revés al “canon digital” por parte de las autoridades judiciales europeas, cuando en el año 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecía que no se podía incrementar el precio de los equipos tecnológicos sin demostrar antes de manera inequívoca que estos serían empleados para realizar copias ilegales, que vulnerasen el derecho a la copia privada, por lo que no resultaba posible calcular el importe de la compensación justa por las copias ilegales.

 

Después de la sentencia del Caso Padawan, el Gobierno de España aprobó en diciembre de 2011 un Decreto-ley que regulaba la compensación equitativa por copia privada, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, este modelo legislativo también se vio sacudido por otra sentencia, en esta ocasión del Tribunal Supremo, por lo que fue considerado ilegal realizarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Para la nueva norma, el Gobierno justificó el cambio de modelo en base a una “cuestión prejudicial”, fundamentada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, obligando así al Gobierno de España a desarrollar el presente reglamento, que ha entrado este 2017 en vigor.

 

La aplicación del nuevo “canon digital”, se llevará a cabo de manera escalonada, aplicándose durante el primer año provisionalmente las compensaciones contempladas en la Disposición Transitoria del Real Decreto-ley, en la que se relacionan las cuantías a abonar en función del dispositivo. A partir del primer año de implantación de las nuevas tasas sobre los productos tecnológicos, las tarifas quedarán en vigor definitivamente, adaptándose a la realidad de la copia privada de ese momento y a las novedades tecnológicas, como nuevos sistemas de soporte o dispositivos que pudieran surgir en un futuro inmediato, ya expensas de otra acción judicial que pudiera dar al traste con la nueva norma legislativa.

 

Para poder hacernos una idea, el abanico de los importes de estas compensaciones va desde los 0,08 euros por un MiniDisc, los 0,24 euros por una memory card de 8Gb, los 0,28 euros por un DVD-RW 4,7GB, los 3,15 euros por un Reproductor MP4 -64GB, los 1’10 euros por un Smartphone o los 5’45 euros que se le cargarán a un ordenador portátil. Esto incluye también discos duros, discos extraíbles, ordenadores de sobremesa y llaves usb, además de dispositivos de reprografía, como impresoras, escáneres, copiadoras o multifunción.

 

Para los temas relacionados con la aplicación y la gestión centralizada de la compensación equitativa por copia privada, se puede consultar la página ventanillaunica.digital, en la que se puede obtener toda la información respecto a la copia privada, legislación, exceptuaciones, tarifas, reembolsos y todas las cuestiones derivadas de la aplicación de este canon.

 

El reto, sin embargo, no está solo en el lado de los consumidores finales a los que se les repercutirá el canon, sino también a las empresas que deberán realizar las correspondientes liquidaciones para abonar la parte correspondiente al canon del precio del producto, lo que ha traído no pocos quebraderos de cabeza a las pequeñas empresas.

 

A la hora de afrontar las nuevas responsabilidades derivadas de la legislación, las sociedades de gestión son obligadas por el Decreto-ley a crear una persona jurídica que sea la responsable de gestionar tanto la facturación del canon como las exenciones y los reembolsos, cuando así se requiera.

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